Desde hace años y sin importar el signo político, la situación carcelaria es similar: falta de gestión, de políticas públicas serias y carencia de programas orientados a dar una solución completa y a real a un problema complejo. Esta es la conclusión a la que arribaron los profesionales de la Asociación Xumek sobre el sistema penitenciario provincial, una visión incluida en el informe 2014 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Mendoza.
Por: Verónica Gordillo para EDICIÓN UNCUYO
El trabajo de la asociación que se formó en 2007 fue presentado en la Legislatura e incluye seis capítulos, en los que abarcan temas tan diversos como los juicios de lesa humanidad; la salud mental; el medio ambiente; los medios masivos de comunicación; el acceso a la Justicia por parte de niños, niñas y adolescentes; el crimen impune de José Luis Bolognezi y las desapariciones en democracia de Soledad Olivera y Johana Chacón. El segundo capítulo del informe, denominado “Violencia del Estado”, incluye un análisis sobre el sistema penitenciario mendocino y plantea que en esta materia existe una ausencia de políticas públicas efectivas.
Los profesionales de la asociación concluyen que ninguna administración –sin importar el signo político– adoptó programas orientados a dar una solución a este tema complejo. Plantean que, aunque son conocidas las condiciones en las que viven los internos, el mundo de la política no reacciona, y se preguntan por qué. La respuesta que brinda el informe es simple: es evidente que las penitenciarías son un mal tema electoral y que las decisiones se toman en base a la idea de que lo mejor que se puede hacer con las cárceles y su población es no hacer nada. El trabajo detalla que el hacinamiento, la corrupción y la muerte –un escenario repetido en todos los centros de detención– se nutren de la falta de importancia política que tiene el tema, de la escasez de recursos y de la incapacidad de quienes tienen a su cargo las penitenciarías de la provincia.
El informe advierte que el argumento que defienden algunos integrantes de la sociedad, de que la cárcel debe ser un lugar de encierro destinado a sufrir, esconde un riesgo enorme para quienes hablan de inseguridad. Esa misma población, condenada al olvido, al hacinamiento y a la violencia, sólo aprenderá mejores formas de delinquir, acumulará más resentimiento y se agrandará el abismo con una sociedad que los expulsa.
El informe es crítico respecto de la actuación del Ejecutivo, cuya cabeza es el gobernador Francisco Pérez. Asegura que su gestión es parte del “histórico fracaso” en el que todos los gobiernos han participado y que no existen políticas claras que sigan los lineamientos plasmados en la solución amistosa a la que se llegó con los peticionarios del caso Cárceles de Mendoza, que investiga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El trabajo destaca que nunca se implementó el Plan de Acción que formó parte del acuerdo amistoso, que preveía medidas a corto, mediano y largo plazo y que fue ratificado por la Legislatura provincial mediante la ley 7007.
Los profesionales de Xumek destacan que una política pública para las penitenciarías no sólo consiste en la designación de algunas personas y la puesta en marcha de distintas áreas. Se trata también de una política de Estado, que traspase cualquier gestión y que incluya medidas respecto del tema edilicio, buenas prácticas de actuación y protocolos, interrelación entre instituciones, profesionalización, capacitación y mejoras en las condiciones laborales del personal y lucha contra la tortura y la corrupción, entre otros aspectos. El trabajo señala la necesidad de que ese plan de acción cuente con el acuerdo y la participación del Poder Judicial y del Procurador ante la Suprema Corte, sobre todo respecto de las medidas alternativas a la prisión.
Sin recursos
Los profesionales de la asociación recuerdan en su trabajo que la ONG Premio Nobel por la Paz remitió en octubre un duro comunicado a distintas autoridades provinciales, donde manifestó su preocupación por las denuncias de torturas, malos tratos y hacinamiento en las cárceles de Mendoza y le solicitó al gobernador que cumpliera con lo establecido en los tratados internacionales que firmó Argentina y que forman parte del bloque constitucional. Otro aspecto sobre el que advierte el informe es la imposibilidad del Procurador de las personas privadas de la libertad, Fabricio Imparado, de realizar un trabajo efectivo, ya que no cuenta con recursos para cumplir sus funciones en forma adecuada, ni con presupuesto, oficina, personal a su cargo ni teléfono. Esta situación, destaca el trabajo, restringe en gran medida la capacidad para seguir e investigar denuncias de tortura u otras violaciones a los derechos de los internos en los sitios de detención.
Medidas regresivas
El trabajo enumera algunas medidas que se tomaron en la Provincia con repercusión en el ámbito carcelario, a las que describieron como regresivas. Entre ellas, la promulgación de la ley 8465 (conocida como Ley Petri), que determina un aumento de los requisitos para el acceso a instancias de libertad anticipada, la instalación de la discusión sobre las llamadas “pulseras para presos”, la construcción una enorme cárcel para unos 900 detenidos con la particularidad de que sea gestionada por privados, impunidad en casos de tortura, posible declaración de la Emergencia en Seguridad (a la que catalogaron como solución mágica y efectista), entre otros puntos.
El trabajo incluye una descripción de las condiciones de los centros de detención de la Provincial, cuyas características que se repiten: hacinamiento, falta de higiene, de agua caliente, limpieza, infraestructura inadecuada y sin mantenimiento, todo sumado a un clima de violencia. Destaca la situación extrema de los sitios destinados a las personas que tienen medidas de resguardo o simplemente aislamiento: los módulos 4-A y 5-B de San Felipe, Admisión II de Almafuerte, el pabellón 18-B de Boulogne Sur Mer, donde se asegura que la población permanece encerrada entre 20 y 22 horas al día por cuestiones de seguridad.
El trabajo detalla que, a noviembre del 2014, la población carcelaria era de 3944 personas, lo que representa un aumento del 10 por ciento respecto del mismo mes del año anterior. Por su parte, las autoridades del Servicio Penitenciario reconocen que la capacidad de alojamiento del total de los complejos es de 3200 personas, es decir que tienen un excedente de 744 internos.
El informe también da cuenta de que la reacción oficial frente a este crecimiento sostenido de la población carcelaria fue la presentación de un proyecto para construir un nuevo penal con base en una iniciativa privada, que presentó la firma Obras Andinas, liderada por el empresario sanrafaelino de medios Omar Álvarez. La iniciativa, que prevé levantar un complejo para 900 internos, con una inversión que rondaría los 900 millones de pesos, despertó críticas de ONG y especialistas que consideraron que un privado no podía planificar ni gestionar un centro de detención.
El trabajo da cuenta de que el complejo Almafuerte, inaugurado en 2006, tiene 40 por ciento de sobrepoblación, ya que cuenta con capacidad para 700 internos y hoy alberga a unos 1100. En cuanto a la situación de San Felipe, el informe detalla que tiene una sobrepoblación del 50 por ciento; Boulogne Sur Mer, del 90 por ciento; la penitenciaría de Mujeres en El Borbollón, del 40 por ciento, y el establecimiento de San Rafael, al 35 por ciento.
Los profesionales de Xumek también analizan la problemática de la violencia carcelaria. Detallan que, según las estadísticas del Ministerio de Justicia de la Nación, en el relevamiento de las cárceles de Argentina de 2001 se situó a Mendoza en la décima posición, con el siguiente detalle de agresiones: 22 agentes penitenciarios heridos, 17 internos heridos y 3 muertos. El informe destaca que la situación de violencia que se vive en las cárceles de Mendoza va en aumento y que una muestra de ello es que el Procurador de las personas privadas de libertad, Fabricio Imparado, entre el 8 de junio y el 9 de julio recibió 31 reportes de hechos de violencia en todo el sistema penitenciario de Mendoza.
El trabajo de Xumek también analiza dos aspectos fundamentales para la vida de los internos y su reinserción: la sanidad y la educación en contexto de encierro. Respecto del primer tema, el informe detalla que la atención es a requerimiento, dejando nulo o poco margen para la prevención, con escasos profesionales, al igual que la medicación y los tratamientos complejos. En cuanto al segundo punto, se detalla que del total de la población penal (3944 personas a noviembre de 2014), 1365 estudian en los distintos niveles educativos con los que cuenta el Servicio Penitenciario en conjunto con la Dirección General de Escuelas (DGE) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO).
Los profesionales de Xumek denuncian que existen todo tipo de dificultades e impedimentos para acceder a ese derecho, como los lugares donde se dictan clases y los inconvenientes para trasladar a los internos. Destacan la importancia de garantizar este derecho esencial, ya que su finalidad principal es orientar la educación hacia un cambio positivo de las personas.
Otro aspecto analizado fue el acceso a la Justicia de los internos. En este sentido, en el informe se destaca que la vulneración de este derecho obedece a varios factores, especialmente a que los escritos que quieren presentar los internos ante órganos judiciales son filtrados por el personal penitenciario. Los que finalmente llegan a los juzgados suelen ser rechazados, aduciendo que no cumplen con las debidas formalidades (forma del escrito, errores ortográficos, tachones, manchas).
En cuanto a la respuesta de los funcionarios judiciales en relación con casos de tortura y tratos crueles denunciados, el informe detalla que en general la misma es inadecuada y que los Habeas corpus que se presentan no causan efecto. Uno de los aspectos que los profesionales de Xumek consideraron clave para no lograr respuesta es que, por ejemplo, la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura no cuenta con presupuesto, lo que dificulta el desarrollo de sus funciones.
