Despertador Online

de

del

Elevan a juicio oral venta ilegal de tierras

Por El Despertador

Compartir

marzo 10, 2015

Una denuncia del intendente Miranda dio cuenta de la maniobra que involucra a un ex funcionario de la Fiscalía de Estado.

giancarlo spinetta

Por: Daniel Peralta para Los Andes

Todo empezó con una denuncia de Rubén Miranda en la Legislatura y en la Justicia en abril de 2013. La presentación del intendente de Las Heras era un caso de estafas por la venta de terrenos en avenida Champagnat y Regalado Olguín.

El dato llamativo de esa denuncia estaba en que uno de los señalados como autores de la estafa era Giancarlo Spinetta, un abogado que se desempeñaba en la Fiscalía de Estado, quien además era ahijado del entonces suspendido titular de ese organismo, Joaquín de Rosas.

El 2 de marzo pasado, el fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay, pidió la elevación a juicio oral en contra de Spinetta acusándolo del delito de estafas en carácter de partícipe necesario. El otro acusado es quien decía ser el dueño de los terrenos, Rumualdo Isaac Oviedo.

Los terrenos vendidos son parte de un enorme predio lindero al vivero que está en la intersección de Champagnat y Regalado Olguín. Los propietarios reales de esas tierras son los herederos de la familia March, la familia Palmero y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

La situación explotó con la denuncia que hiciera el intendente de Las Heras en la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados.

Según se contaba por aquellos días, funcionarios municipales detectaron un loteo clandestino en el predio de 7,5 hectáreas. En ese predio fueron vendidas más de 20 fracciones de 200 metros cuadrados a 80 mil pesos cada una. Todas eran comercializadas en cuotas de $ 1.500.

Según trascendió, Spinetta habría participado en las operaciones como “garante” de la legalidad de la venta. Como letrado de la Fiscalía de Estado, habría indicado a los compradores más dubitativos que compraran sin miedo y de alguna manera el cargo parecía ser suficiente para que los interesados invirtieran sus ahorros en terrenos que nunca fueron escriturados y tampoco tenían habilitación municipal.

La mayoría de los lotes vendidos eran propiedad de la familia Palmero; en segundo lugar vendrían los que eran de Vialidad y unos pocos de la familia March.

Para agregar más datos a la historia, el letrado se desempeñaba en el órgano de control que debe velar por el erario público y esos terrenos de Vialidad (en última instancia de la Provincia de Mendoza) habían sido expropiados para hacer dos obras que nunca se realizaron: la circunvalación de la Ciudad de Mendoza y el camino a Uspallata.

 

Antecedentes
Giancarlo Spinetta había ingresado a la Fiscalía de Estado a fines de 2010 de la mano del entonces fiscal de Estado, Joaquín de Rosas. Curiosamente las historias empezaron a desbarrancarse dos años después.

En 2012, De Rosas fue acusado ante el Jury de Enjuiciamiento y suspendido de su cargo por haber beneficiado a la familia de Daniel Vila en la expropiación de tierras que luego fueron parte de la Reserva Divisadero Largo; para esa época Oviedo y Spinetta empezaban con el negocio de la venta de lotes en la zona de El Challao.

En abril de 2013 llegó la denuncia de Miranda y Spinetta terminó con un sumario administrativo en su contra. A principios de setiembre de 2013, Garay decidió imputar a Spinetta. Un tiempo anduvo desaparecido y luego pidió una licencia sin goce de haberes.

Algunos indican que el ahijado consiguió un cargo a instancias de su padrino en un organismo nacional; el rumor indica que estaría en la Procuración del Tesoro nacional.

En abril de 2014 De Rosas fue destituido por el Jury de Enjuiciamiento. Casi un año después, el 2 de marzo pasado, Santiago Garay decidió dar el paso y firmar el pedido de juicio oral y el embargo de los bienes del ahijado y el otro imputado en la estafa. Ambas solicitudes deben ser analizadas por la Justicia de Garantías.

Garay acusa a Spinetta y Oviedo del delito de estafa previsto en el artículo 172 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”.


Comentarios

Mas Noticias