Por: EDICIÓN UNCUYO

La familia de Leonardo Rodríguez, el joven que murió en un calabozo de la Comisaría 27 y que, según la versión oficial se ahorcó con su remera, pidió a la Justicia que realizara una nueva autopsia al cuerpo del chico. La razón fue que ni su mamá, ni sus hermanos y hermanas, ni los abogados que los representan, obtuvieron con la primera necropsia una explicación sobre los hematomas que presentaba el cuerpo.

El pedido fue confirmado a Edición UNCUYO por uno de los abogados de la Asociación Xumek que representa a la familia, Lautaro Cruciani. El letrado explicó que ahora debían esperar la respuesta del fiscal de Delitos Complejos, Daniel Carniello, quien interviene desde el primer momento en la causa, caratulada como averiguación de muerte.

Leonardo Rodríguez (30) fue detenido el 16 de enero en el Corredor del Oeste y Paraguay, por averiguación de antecedentes y trasladado a la Comisaría 27 de Godoy Cruz. Según la versión oficial, que dio a conocer el  jefe de Policía, Juan Carlos Caleri, alrededor de las dos de la madrugada un uniformado encontró al chico ahorcado con su propia remera en la celda donde fue alojado.

La familia del joven lo vio por última vez la noche anterior, cuando el chico explicó que se iba a jugar al pool pero nunca volvió. A la mañana siguiente, una prima llegó corriendo a la casa del Barrio Parque –donde viven los Rodríguez– y les contó que había escuchado en la televisión que un chico llamado Leonardo se había ahorcado en la Comisaría 27. Su mamá, sus hermanas y hermanos corrieron a la dependencia, donde les informaron que el chico no era otro que su Leonardo.

La familia nunca creyó en la versión oficial; para ellos se trató de otro caso de gatillo fácil, por lo que iniciaron una serie de marchas para pedir Justicia. En esos encuentros participaron las madres de Sebastián Bordón, Jonathan Chandía, Cristian Reyes y Lucas Carrasco, todos jóvenes asesinados por efectivos policiales.

Con la convicción de que su hijo no se ahorcó, Cornelia Marilú Contreras se presentó como querellante particular en la causa, con el patrocinio de tres abogados de la Asociación Xumek: Lucas Lecour, Lautaro Cruciani y Francisco Machuca.  En la causa, también se presentaron, como querellantes por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Mendoza, Emilio Báez y Juan Manuel González.

Es decir que tanto la madre del joven como los abogados que representan al Ejecutivo provincial, al convertirse en querellantes, tienen acceso al expediente, pueden colaborar con la investigación, ofrecer pruebas, aportar testigos, asistir a las audiencias y acompañar y solicitar pericias, entre otras atribuciones.

Cruciani explicó que eran muchos los aspectos que buscaban aclarar con el pedido de realizar una nueva autopsia al cuerpo del joven. Dijo que la primera necropsia fue realizada por los especialistas del Cuerpo Médico Forense, pero que sus informes no contemplaban los hematomas que tenía el chico en el rostro, de los cuales existe un registro fotográfico.

Los abogados de la familia también solicitaron acceder al original del libro de novedades de la Comisaría 27 (donde queda asentado todo lo sucedido), ya que existiría una tachadura en la hora en que se encontró al joven muerto en el calabozo donde fue alojado. Otros de los pedidos de los letrados es acceder a las grabaciones del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), del Ministerio de Seguridad, para aclarar a qué hora y con qué reporte dieron el aviso de la muerte del joven. La duda –comentó Cruciani– es que en una comunicación dijeron que el chico se ahorcó con una frazada y en la siguiente, que utilizó una remera.

Estas medidas se suman a otras que ya solicitaron; entre ellas, tener acceso al GPS de los móviles donde trasladaron al joven y a las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en el Corredor del Oeste y Paraguay, donde fue detenido. También pidieron que se realizara una necropsia psicológica, con el objetivo de determinar si el joven estaba depresivo. Esta pericia reconstruye el estado psicológico de la víctima al momento de la muerte, a través de entrevistas a sus familiares y amigos. El fiscal Carniello deberá decidir si acepta los requerimientos de los abogados de la familia de Leonardo.

Cruciani explicó que también analizaban las razones por las que detuvieron al joven. Según su punto de vista, detener al joven y dejarlo en un calabozo fue una acción absolutamente ilegal, ya que no existían razones fundadas para ello.