Fuentes de la fiscalía a cargo de Germán Moldes, confirmaron a Télam, que se presentó un escrito ante la sala II de la Cámara Federal apelando los sobreseimientos a los imputados por el megacanje de 2001.  Ahora deberá resolverse si se  concede la apelación y si el tema es revisado por la Cámara Federal de Casación.

Para el fiscal general, el megacanje durante el gobierno de la Alianza fue «una colosal estafa a las finanzas públicas» y remarcó que  «lo único importante es que todos y cada uno de ellos respondan penalmente por sus ilícitas acciones».

«Lo contrario implicaría consagrar que ninguna consecuencia se avizora para la sumatoria de décadas de desaciertos, imprevisiones y despropósitos que nos trajeron a estos puertos y han provocado una fractura entre la confianza pública» y «las garantías del Estado de derecho», argumentó Moldes.

Moldes aludió al «maridaje» entre «funcionarios públicos y asociaciones de privados», para «la celebración de convenios ruinosos» que comprometieron y siguen comprometiendo la economía argentina.  Además, aludió a «conductas claramente violatorias del catálogo represivo» cometidas por «irresponsabilidad, impericia, desidia, pusilanimidad o vaya uno a saber qué oscuras connivencias. Otros por avidez, codicia, desprejuicio e indecencia».

¿El megacanje sería el remedio para todos los males económicos argentinos?Claramente no.  Se suponía que aliviaría  los pagos de intereses y capital de la deuda externa, canjeando la deuda existente por otra que permitiera pagar en un plazo mayor. La propuesta provino de David Mulford,  ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que por ese entonces trabajaba para el banco Credit Suisse First Boston. El ministro Domingo Felipe Cavallo y su secretario de Política Económica Federico Sturzenegger fueron el apoyo local para llevar a cabo el «cambio de una deuda por otra (mayor)».

La deuda creció de manera exorbitante, y se terminó abriendo una causa judicial por el Mega- Canje donde siete bancos (Banco Francés, Santander Central Hispano, Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan y Credit Suisse First Boston) pasaron a estar implicados en esta estafa que representó un perjuicio de 55 mil millones de dólares para el país.

Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah fueron los camaristas que sobreseyeron por prescrición del delito a David Mulford (ex secretario del Tesoro de Estados Unidos que nunca en doce años se presentó a declaración indagatoria)  a Horacio Liendo y a Federico Sturzenegger, entre otros imputados en la causa. Otros de los beneficiados fueron ex secretario de Hacienda Jorge Baldrich, al ex subdirector de Financiamiento Jacobo Dreizzen procesados por «negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública».

El único enviado a juicio oral aun sin fecha de inicio es el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.