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Todos los caminos conducen a Valerio

Por El Despertador

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22 octubre, 2015

Por José Luis Faillace

Mdz – diario digital de Mendoza – construye una de sus habituales encuestas (?) entre lectores, a efectos de proponerle al futuro gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, del frente Cambiemos y específicamente de la UCR, la conformación de su gabinete.

Más allá de la vidriosa validez de estas consultas que, como todos sabemos, operan a favor del medio y los intereses a los que responde, a fin de instalar concepciones, miradas, y, como en este caso, personas, nos interesa resaltar el dato del posible candidato a Ministro de Justicia de Mendoza: Dr. José Virgilio Valerio.

Simultáneamente se filtra otra especulación: José Valerio sería el candidato de Cornejo para ocupar un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, en reemplazo de un juez próximo a jubilarse.

Actual profesor adjunto de Derecho Constitucional en la UNC y Juez de la Segunda Cámara del Crimen, Valerio posee una vasta trayectoria en la actividad tanto judicial como política (en su biografía de facebook hay una foto donde se lo ve hablando en un acto de 1983 – junto a Alfonsín, Llaver y otros dirigentes – en representación de la Juventud Radical). En otra foto más actual, esta vez del diario Uno, se lo ve a Valerio junto a Alfredo Cornejo plantando un árbol en homenaje al fiscal Nisman, a un mes de producida su muerte.

No vamos a aburrir con la carrera de Valerio, pero sí nos interesa referirnos a hechos que, con mayor o menor resonancia, lo han tenido como protagonista. Veamos:

1.- marzo de 2006: la Segunda Cámara del Crimen, integrada por Valerio, Roberto Arlington Uliarte y Roberto Yanzón, falla en el sonado caso del asesinato de Alejo Hunau. La Cámara decide dictar la falta de mérito del imputado, que en consecuencia queda libre, entre otros motivos porque Hunau “practicaba una desviada sexualidad”, su conducta era “licenciosa” y por ello fue asesinado. Una apelación, y la lucha de su madre – Silvia Ontiveros – logró, tiempo después, que la Tercera Cámara revoque esa vergonzosa sentencia y la Cuarta Cámara detuviera al imputado nuevamente y lo condenara a 16 años de prisión por asesino.

2.- febrero de 2011: como resultado de un juicio abreviado, en el cual acusación y defensa se ponen de acuerdo, el asesino de Fernanda Toledo es condenado a sólo diez años de prisión, con el aval de los jueces Yanzón, Valerio y Uliarte. La Segunda Cámara desconoció absolutamente la Convención de Belem do Pará, incorporada a la Constitución Nacional, que condena la violencia contra la mujer, ya que se negó el acceso a la parte querellante. La familia de Fernanda se enteró cuando el acuerdo estaba cerrado y convalidado.

3.- setiembre de 2015: la misma Segunda Cámara, ahora integrada por Valerio, Uliarte y Matías Bermejo como conjuez, falla en el juicio oral por la desaparición de Soledad Olivera, ocurrido en noviembre de 2011. El único imputado por privación ilegítima de la libertad, Mariano Luque, fue absuelto por el beneficio de la duda. Asimismo la Cámara desestimó la recalificación del juicio pedida por el representante de la Secretaría de DDHH de la Nación, quien solicitó se impute a Luque por homicidio simple. El caso se halla ahora en manos de la Suprema Corte, ya que fue aceptada la apelación de la fiscalía y del abogado querellante por la Secretaría mencionada. Luque está libre.

Como les gusta decir a los juristas: hasta aquí los hechos (algunos, pocos), ahora las conclusiones.

El último de los fallos mencionados ha generado un repudio generalizado “destapando la olla” sobre la actuación de estos jueces. Tanto es así que ha movilizado a miles de personas, en especial a estudiantes de la Universidad quienes denuncian a Valerio y a Uliarte – profesores de la misma – por trasladar su visión homofóbica y misógina, su desconocimiento absoluto de las nuevas concepciones jurídicas en materia de género y su autoritarismo, al seno de las facultades donde tienen la obligación de impartir educación a nuevas generaciones de profesionales, exigiendo el juicio académico y la inmediata remoción en sus cargos. Uliarte, además, enfrenta alguna que otra denuncia por acoso y abuso de su poder como profesor, que hoy por hoy estudia el Consejo Académico de la UNCuyo.

De paso mencionemos que, tanto Valerio como Uriarte, son socios fundadores del “Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Comparado, un espacio latinoamericano, amplio y plural de debate, estudio, investigación, intercambio, reflexión y trabajo…”, según su propia página web. Desde allí, entre otras actividades, operan en un doble sentido: a partir de sus miembros que también lo son del Consejo de la Magistratura, “colocan” a colegas amigos en cargos del Poder Judicial, y, a la vez, reproducen y elaboran notas de opinión que trasuntan de manera transparente la concepción ideológico-jurídica de la que venimos hablando. Sin embargo se quejan porque Justicia Legítima hace política…

Más allá de cómo se resuelvan las situaciones planteadas en el ámbito universitario (y aprovechamos aquí para destacar la lucha tenaz de esas y esos estudiantes que, dejando a un lado los temores y los riesgos, han decidido enfrentar a ese enquistado y temible poder) me interesa particularmente alertar sobre la posibilidad de que uno de estos personajes, el Dr. José Valerio, asuma prontamente un cargo de tamaña responsabilidad, ya sea en el Poder Judicial o en el Ejecutivo de la Provincia.

Mis inquietudes son: ¿qué mujer mendocina con derechos vulnerados se sentirá tranquila teniendo que recurrir a la justicia cuando sabe que el ministro del área, o uno de los jueces del máximo tribunal provincial, desconoce la perspectiva de género en su visión jurídica? ¿Qué integrante de cualquier colectivo históricamente postergado o discriminado se sentirá confiado si debe ventilar en la justicia un hecho que lo violenta en sus derechos, cuándo un Ministro de Justicia o un Juez de la Suprema Corte desconoce olímpicamente convenios internacionales en materia de DDHH incorporados a la Constitución Nacional, tal como ocurrió en el caso de Soledad Olivera? ¿Qué ciudadana o ciudadano mendocina/o, en fin, se sentirá respaldado por las instituciones del Estado si un juez de estas características ejerce una influencia tan poderosa desde el cargo que ostenta?

Futuro gobernador Cornejo: la mayoría del pueblo lo eligió democráticamente para que desde su alta investidura defienda los derechos de mendocinas y mendocinos. No se equivoque desde el inicio eligiendo para que lo acompañe en la tarea a quien no está en condiciones de hacerlo, por ideología y por historia.

Si lo hace, el mismo pueblo que lo eligió lo repudiará.


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