La semana pasada, en sólo tres días de paro, se perdieron casi 3 millones de pesos destinados a sectores carenciados. Este miércoles los piquetes vuelven a impedir el ingreso de la gente.

Un hombre encadenado en la puerta del casino del Mendoza bloqueó este miércoles la entrada al público, como parte de un conflicto sindical que ya la semana pasada provocó pérdidas millonarias en dinero de las apuestas que se destina a planes sociales.

El conflicto, desatado por el despido de 84 trabajadores, volvió a agudizarse en la mañana de este miércoles cuando un grupo de empleados, ex exempleados y gremialistas hizo un piquete bloqueando la entrada a la casa del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, en la calle Brasil, en el límite entre Godoy Cruz y la Capital mendocina.

La intervención de un fiscal disolvió el piquete pero más tarde un encadenado volvió a bloquear la entrada.

En su momento, el ministro de Gobierno Dalmiro Garay explicó que las cesantías obedecían a la necesidad de devolverle al Instituto su misión original (la asistencia social) y, al mismo tiempo, desmontar lo que consideró «una inmensa estructura administrativa» para racionalizar los recursos del Estado.

En 2009 el casino estatal tenía 477 empleados y a diciembre de 2015, según un informe del Departamento de Recursos Humanos al que tuvo acceso UNO, la cifra se disparó a 753.

Hay más: en 2009 el gasto de personal fue de $35.336.314 y en 2015 el montó trepó a $233.731.058.

Las nuevas autoridades de esta institución entienden que al aumentar progresivamente la planta de personal, un inmenso porcentaje de esos recursos se termina utilizando para pagar sueldos, y así se pierde de vista la meta principal.

«El objetivo de que el Gobierno de Mendoza esté involucrado en el sistema de juegos es que pueda transferirle fondos a la Provincia para Desarrollo Social y Salud. Si esta misión no se cumple, no tiene razón de ser que el Gobierno esté en el juego. Alcanzaría con la sola fiscalización de Administración Tributaria Mendoza en los casinos privados para ver cuánto pagan de Ingresos Brutos», dijo Andrés Lombardi, gerente General del IPJYC.

¿Se cumple hoy con la misión de asistencia social? De vuelta a los números: en 2009 se destinaron a estos fines $72.820.290 y en 2015 esos aportes cayeron hasta los $66.752.501.

La actual administración tiene proyectado elevar esa suma a $250.000.000 en 2016, que serán destinados a asistencia social y salud.

¿Otro conflicto en puerta?

Más allá de la fuerte pérdida de ingresos que soportó el IPJYC a raíz de la medida de fuerza, ahora podría afrontar el inicio de acciones judiciales por parte de las empresas concesionarias de los anexos. Estas estarían en condiciones de exigir un resarcimiento económico por lucro cesante.

Hasta ahora, ninguno de los operadores lo ha hecho. Sí se estarían manteniendo negociaciones informales entre las partes para intentar llegar a un acuerdo y evitar terminar en la Justicia.

Quienes transitan los pasillos del IPJYC están convencidos de algo: el desorden en los números obedece en buena parte a que existía una especie de cogobierno entre las autoridades anteriores y los sindicatos.

Mientras, continúan las asambleas y el acampe en la puerta de la sala central del Casino de Mendoza. En los anexos, los trabajadores ya les habrían comunicado a sus representantes gremiales que quieren trabajar con normalidad y terminar con las medidas de protesta.