Los hechos entorno a la agresión hacia los campesinos de Jocolí deja entrever aparentes
desigualdades en el tratamiento policial y judicial según los actores con lo que se intervengan.
Silencio institucional en Lavalle.

Como nuestro medio publicó en la edición pasada, el 19 de febrero Pablo Sarmiento (hijo) fue baleado por el oficial Damián DiMarco cuando éste junto a otros uniformados dependientes de la Subcomisaría de Jocolí los desalojaron de la propiedad que judicialmente les ha sido reconocida como propia por estar aparentemente usurpándola.

Sarmiento recibió 10 perdigonazos en la pierna derecha estando desarmado y fue mantenido durante dos horas privado de su libertad por DiMarco antes de recibir atención médica.

Dos días antes del hecho, Sarmiento denunció en la Oficina Fiscal 7-Seccional 17 de Lavalle, a cargo del ayudante de fiscal Humberto Panelli, que la empresa Argenceres – Elaia S.A. estaba incumpliendo la medida precautelar n°257299 que marca la prohibición de innovar al amenazar e intentar desalojar al denunciante y sus familiares. El expediente de la denuncia es P17804/16 y fue caratulado como «AVERIGUACIÓN DE HECHO».

Lena Mozas de la UST comentó «Lo llamativo, no sólo con esta fiscalía sino en general, es que cuando nosotros denunciamos se lo caratula como ‘AVERIGUACIÓN DE HECHO’ pero cuando el empresariado denuncia asientan en la denuncia ‘USURPACIÓN’…No sólo acá en Lavalle sino también nos pasó en Santa Rosa, hay una cuestión de inequidad en el trato judicial».

Cuando se le consultó al ayudante de fiscal Panelli sobre el hecho se limitó a responder: «no puedo dar información porque está bajo secreto de sumario» y que la causa ya había sido derivada a una fiscalía de delitos complejos.

Sin embargo, en una comunicación posterior, Panelli afirmó que “hemos cumplido como corresponde con el procedimiento” y adujo que la “carátula inicial es sólo eso, en este caso Averiguación de hecho, no era me2nor que la carátula de Usurpación, (luego vendrá la calificación definitiva) y negó enfáticamente intentar inclinar la balanza para alguno de los dos lados. “Yo sólo me remití a cumplir con las medidas preprocesales de rigor, y luego la causa pasó a la fiscalía N° 16, que subrogaba la fiscal de instrucción Claudia Ríos, para luego pasar a la fiscalía de Delitos Complejos”.

En tanto en la Fiscalía de Instrucción n°16 donde también se había asentado la desobediencia a la precautelar n° 257299 fue imposible comunicarnos pese a los reiterados intentos para obtener sus declaraciones al respecto.

Independientemente del excusable silencio judicial bajo la cláusula del secreto de sumario lo que resultaría llamativo es el silencio policial de la Jefatura lavallina dada la gravedad de los hechos. El oficial Darío DiMarco no sólo habría incurrido en el delito de violación de propiedad de privada (dado que desarrolló un desalojo sin una orden judicial que lo avalara) sino que le disparó a un civil desarmado sin brindarle la asistencia médica inmediata. Desde la UST informaron que no ha habido ningún acercamiento de representantes de la fuerza para conocer el estado de salud del herido ni se ha hecho público un comunicado de prensa oficial sobre la postura a adoptar por la institución ante los hechos.

Según comentó Mozas, la UST Ha denunciado al uniformado las acciones de Damián DiMarco ante citadas y también por el daño a caballos de la familia Sarmiento y la desaparición de sus perros, ya que al momento del desalojo los propietarios de los animales le habrían preguntado al oficial quién se haría cargo de los mismos y DiMarco habría respondido que él mismo lo haría.