La semana que se fue, el Senado nacional aprobó la ley de «Reparación histórica para jubilados», como la denominó el oficialismo, y que prevé por un lado una reforma del sistema previsional y por el otro un blanqueo de capitales no declarados. Cuáles son los cambios más significativos, las opiniones a favor y en contra de la nueva legislación.
Por un lado lo que se prevé es que los capitales, propiedades y cargas sociales no blanqueadas puedan ser declaradas ante el fisco con un interés de entre el 5 y el 15% según el monto. También se afirma habrán descuentos impositivos para las PyMEs y «premios» para los aportantes «cumplidores».

Por otro lado, y utilizando en parte los ingresos del blanqueo, se pretende reformar el sistema previsional. Entre los principales cambios está la creación de la «pensión para la vejez», la cual sería inferior a la jubilación mínima actual y reemplazaría a las moratorias. Sobre este punto existen dos críticas: que la edad para que las mujeres la cobren se eleva a los 65 años y que una vez que fallece el pensionado, ese haber no puede ser cobrado ni por el cónyuge ni por otros familiares.

Otro cambio es sobre la forma de calcular el monto a cobrar inicial. El gobierno busca hacer modificaciones que le permitan a los futuros jubilados percibir más ingresos.

Por último, uno de los puntos más complejos, el pago de la totalidad de juicios con sentencia favorable al demandante por jubilaciones mal calculadas. En realidad no sólo se les pagará lo correspondiente y sus retroactivos a quienes ya tengan un fallo determinado sino también a quienes tengan un juicio en trámite e incluso a quienes no hayan iniciado juicio pero tengan pruebas de que sus haberes han sido mal calculados.
Esta reestructuración demandaría al Estado cerca de 300 mil millones de pesos, para cubrir ese monto. El tema que para algunos es conflictivo es cómo será pagado, ya que la Nación ratificó que devolverá a las provincias el 15% que les retiene de coparticipación para abastecer a la ANSES. Es aquí donde entra en juego el blanqueo de capitales, que se estima será suficiente para cubrir la deuda de los juicios, pero si así no fuese, la nueva ley autoriza a que dicho organismo venda las acciones que tiene en empresas privadas para completar los pagos.

Una visión lavallina

Antonio Carbone, jefe de la agencia de PAMI en Lavalle, estima que son cerca de 5 mil los afiliados del Departamento y que la mayoría de ellos cobra la pensión mínima ya que no tuvieron aportes, o no los suficientes.

Sobre la nueva ley opina que si bien no cuenta con mucha información al respecto: «…creemos que está bien para que se sigan jubilando…lo bueno es que no se corte la jubilación y más en Lavalle que mucha gente no tiene aportes. Lo único en lo que no estoy de acuerdo es que la pensión (a la vejez) no va a ser heredable al cónyuge, porque si en una casa es la única jubilación, se quedan sin nada».

Opiniones legislativas

La senadora nacional por Mendoza de Libres del Sur, Graciela Cousinet, comentó a este medio: «…votamos positivamente el pago a los jubilados pero con dudas… acerca del financiamiento de ANSES…Nosotros pensamos que todo lo que significa redistribución está bien, pero hay que ver de dónde sale ese dinero…hay que hacer una profunda reforma tributaria para que aquellos que más tienen, paguen…»
Sobre las múltiples críticas acerca de la financiación, la senadora nacional Pamela Verasay (UCR – Cambiemos) dijo: «…lo que nosotros planteamos es la forma de administrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES…el objeto primero del fondo es financiar jubilaciones…las críticas que estamos recibiendo son de la misma gente que defaulteó el Fondo después de las AFJP…Lo que se está haciendo es una reparación histórica a los más vulnerables».