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21 febrero, 2017

Preocupación entre los elaboradores de vino casero

  •   Por Juan Burba

           

El pasado martes aparecieron en el Boletín Oficial de la República Argentina dos resoluciones del Ministerio de Agroindustrias de la Nación vinculadas a la reglamentación para la elaboración de vino casero y artesanal, reguladas por el Instituto nacional de Vitivinicultura (INV).

Los antecedentes

Desde el año 2002 rige el régimen de Elaborador de Vino Casero en nuestro país. Una norma flexible y adaptada a la realidad de quien elabora vinos a pequeña escala (hasta 4000 litros al año), donde las exigencias para la elaboración son adecuadas a las condiciones que una pequeña bodega hogareña pueda tener.Esta norma ponía énfasis en la calidad y sanidad del producto, y no en las instalaciones donde se elabora.
A partir de la aparición de estas nuevas resoluciones, es decir, hasta la semana que pasó, bastaba con elaborar en buenas condiciones de higiene y en recipientes aprobados por el INV. Muchos elaboradores caseros de nuestro departamento trabajan en ramadas o pequeños galpones adaptados a la realidad productiva, económica y familiar. Algunos son viticultores y otros simplemente compran la uva para poder hacer el vino.
A partir de esta nueva norma, las condiciones de elaboración se vuelven mucho mas complejas de cumplir y, se teme en el sector, que muchos y muchas dejen de elaborar.

A nivel nacional son 1600 los elaboradores de vino casero, duplicando el número de bodegas industriales. En la provincia suman unos 900 y en nuestro departamento superan el centenar. Viene siendo evidente, a través de la aparición del producto en el mercado, el crecimiento de esta actividad y el reconocimiento y revalorización social de este tipo de vinos.
Las propias resoluciones que aparecieron esta semana dicen que “ha habido una evolución favorable en la calidad de estos vinos”, refiriéndose a los vinos caseros. No se explica entonces porque hay que endurecer las exigencias, si el vino era bueno y venía mejorando.

Los puntos álgidos

Son varios los puntos donde la reglamentación se vuelve estricta. Por un lado obligan a tener una boleta de compra de la uva de un viñedo inscripto en el INV. Inhibiendo a quienes, hasta ahora, elaboraban con uvas de parrales hogareños de escasa superficie, o hileras que suelen estar en las acequias de gran cantidad de fincas de nuestra provincia. Muchos de los elaboradores que no son viticultores tendrán un inconveniente con este punto.
Por otro lado, se les exigirá que tengan la habilitación municipal del lugar donde se elabore la noble bebida. Esto supone planos del lugar y de las instalaciones, algunas condiciones materiales como piso, paredes impermeables y techos especiales. El lugar deberá estar bien delimitado y con accesos diferenciados. Quienes están inscriptos desde años anteriores tienen 180 días para llegar con el cumplimiento de estos requisitos, quienes se quieran inscribir desde ahora deberán cumplir de entrada para cumplimentar la inscripción.


Hasta el momento, por su condición de pequeños productores, el INV realizaba de forma gratuita los análisis obligatorios para la circulación legal de los vinos. En la nueva resolución se plantea que se comenzará a cobrar, con un costo de 25% de lo que se le cobra a las bodegas industriales. Se exigirá también que los elaboradores estén inscriptos en AFIP y cuenten con CUIT.

Las voces vineras

El Despertador consultó a algunos actores del sector sobre este cambio de escenario. Por su parte Celia Mayorga, elaboradora casera de Jocolí, que tiene una mención por su vino tinto en el Concurso de Vinos Caseros 2016, comentaba: “la elaboración de vino casero es una parte fundamental en mi economía, lo hago hace 3 años” y nos decía que “la nueva reglamentación nos complicaría muchísimo, porque son un montón de requisitos que muchos no vamos a poder cumplir”. Cuando la consultamos puntualmente sobre lo que le parecía más complicado afirmaba: “hasta ahora no eran tan exigentes con el tema edilicio, venían a sacar la muestra y los análisis eran gratuitos”.

Consultamos también a productores de departamentos vecinos, José Luis Ranea, de Nueva California, San Martín, enojado decía: “es una política restrictiva y excluyente, son demasiadas las exigencias para la habilitación municipal” y afirmaba que “la inscripción en AFIP también es una limitante para muchos de los elaboradores en este momento de crisis Generalizada “.

Cuando consultamos a ambos sobre el rol de las instituciones en este asunto, Mayorga sostuvo que “es fundamental, si nos exigen tanto, que nos puedan dar una mano para poder cumplir”, refiriéndose a la posibilidad de ayuda económica por parte del INV o la Nación. En cambio, Ranea cargó contra las comunas: “hay que ver como reaccionan los municipios con respecto a las exigencias para la habilitación”

Miriam Quiroga, Jefa de Coordinación entre el INV y la comuna, consultada por El Despertador afirmó: “el que no tenga para hacer un lugar especial, y no este inscripto en AFIP, puede llegar a quedar afuera, para los que ya tienen algunas condiciones van a tener que acomodar la carga”

Para este cronista, la nueva reglamentación va en línea con las políticas que el Ministro de Agroindustrias Ricardo Buryaile, viene llevando a cabo en la cartera de dirige con respecto a la pequeña producción en nuestro país. La retracción de la otrora Secretaría de Agricultura Familiar al rango de Subsecretaría, o el desfinanciamiento del INTA, son otras de las muestras de estos lineamientos. En contraposición, con medidas como la suspensión de las retenciones a las exportaciones, se sigue favoreciendo a los grandes empresarios del agro que no paran de beneficiarse con las medidas del Ministro, que supo ser piquetero VIP en épocas donde las patronales pararon el país. Lamentablemente, esta nueva situación es un retroceso en la fiscalización y el control de la calidad de estos vinos y es un llamado a la clandestinidad por parte de muchos de los actuales elaboradores inscriptos (o los que vendrán), con todos los riesgos para la salud de la población que esto acarrea. Mientras tanto, la sociedad en su conjunto, deberá privarse de acceder a estos productos tan nobles, que, arraigados en el acerbo popular, y reglamentados hace 15 años, aún se puede conseguir en una gran cantidad de comercios de nuestros pueblos.

 

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