Despertador Digital

Amenazan con armas de fuego a familias en Jocolí, para quedarse con un campo

7 junio, 2017

Por: Jorge Abalo

El pasado lunes 29, en horas de las tarde, irrumpieron violentamente en el campo comunitario de la Asociación Campesina de Cuyo, integrante de la UST, del distrito de Jocolí, un grupo de unas 10 personas, dos de las cuales estaban armadas. En el grupo se encontraba una señora que se presentó como Rodríguez Peña quien decía ser dueña del campo. Además entre la comitiva una persona dice ser escribano y otra abogado, datos que no pudieron ser luego corroborados.

Abrieron la tranquera por la fuerza y descargaron una casilla, tipo contenedor, que traían en un camión, en la entrada al campo. En ese momento se encontraban trabajado en el interior de la propiedad de la Asociación, dos trabajadores con una máquina cargadora y un camión, que fueron apuntados y amenazados por las personas armadas. Uno de ellos, se supo mas tarde, dijo ser hijo de Rodríguez Peña. Pintaron postes y la tranquera con un aerosol naranja con el que luego escribieron en la casilla “Desde 1973, Establecimiento El Quemado, familia Rodríguez Peña, no pasar”.

Familias de la comunidad que detectaron los movimientos se hicieron presentes para intentar detener el atropello y la policía también, que desde ese momento se encuentra apostada en la puerta, para evitar conflictos y a la espera de órdenes de la fiscalía. En algunos intercambios verbales entre los usurpadores y las familias de la comunidad, los primeros amenazaron de muerte a quienes quisieran oponerles resistencia.

La comunidad, integrada por más de 30 familias campesinas, de las cuales la mayoría viven desde hace más de 50 años en el lugar, en el campo donde pastorean animales y trabajan la tierra, organizaron rápidamente una guardia para seguir de cerca los movimientos de la patota y evitar que siguiesen avanzando sobre el campo y así evitar otros destrozos.

Según pudo averiguar El Despertador la comunidad tiene documentada su posesión, convenios con el Departamento General de Irrigación, además de estar enmarcada en un Programa de Titulación y Arraigo que involucra al Gobierno Nacional y provincial. Por otra parte, la comunidad ha identificado los límites del campo, abriendo las picadas cortafuegos y delimitando claramente su posesión. Uno de los últimos actos en este sentido fue el día 9 de mayo cuando se realizó el edicto de la mensura comunitaria en el cual de manera pública se presentaron todos los colindantes y los titulares involucrados. Rodríguez Peña no se hizo presente en esa oportunidad.

Algunas fuentes consultadas, informaron a El Despertador, que los papeles presentados por la señora Rodríguez Peña son de mucha precariedad. Ella dice ser heredera de una sucesión, con un muy viejo título de una Sociedad de dos familias en la cual ella sería una de las herederas de una de esas partes. A su vez, ese juicio de sucesión tramita en Rosario (Santa Fe), y posee un título desactualizado y sin plano de mensura. Tanto es así que todos los barrios de Jocolí al oeste de la Ruta 40, incluida la Escuela “Tito Francia”, el Jardín Maternal “Garabatos” y la Delegación Municipal estarían dentro de ese título. Y además, el campo El Quemado que pertenece al Departamento General de Irrigación, también. Cabe aclarar que todas estas instituciones que se mencionan tiene sus títulos y escrituras actualizadas.

La causa está a cargo del fiscal Fabricio Sidoti de la Unidad Fiscal Las Heras -Lavalle. En la misma se encuentran denuncias cruzadas entre las partes y se están recopilando las pruebas antes mencionadas. Por otro lado, lo vinculado a las armas está a cargo del fiscal Darío Nora, quien ordenó incautarlas: se encontraron una escopeta y una pistola 9 mm y varias cajas con municiones, que fueron trasladadas desde el lugar hasta la Comisaría 17 de Lavalle. Si bien las personas que amenazaron con las armas han sido notificadas para declarar, todavía siguen en libertad, inclusive en el lugar. Uno de ellos es presuntamente el hijo de Rodríguez Peña, que, además, dice ser abogado. Se está estudiando la legalidad de las armas, ya que los Rodriguez Peña dicen tener los papeles, pero es un dato que la fiscalía debe cotejar en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, eX RENAR)

Hasta el momento del cierre de esta edición la situación era la descripta: la casilla con una guardia de entre 2 y 7 personas de Rodríguez Peña y su patota, la carpa campesina con una rotación de las familias que son parte de la comunidad y otras que se acercan a solidarizarse y una guardia policial de dos oficiales que documentan e informan de los movimientos. El viernes el ayudante del fiscal, Humberto Panelli, realizó una inspección ocular en cual relevó la situación del lugar, pidió los datos de todas las personas que se encontraban presentes y labró un acta con lo observado. Por otro lado, esa misma tarde se hizo presente el Senador Provincial Luis Bohm, quien pertenece a la Comisión de Derechos y Garantías de la cámara alta y que venía en misión oficial ya que la organización campesina ingresó una denuncia a ese cuerpo legislativo. Durante la inspección ocular, dos campesinos bajaban del campo con sus majadas de cabras, y fueron interrogados por los oficiales de justicia que pudieron cotejar el uso productivo por parte de las familias de la zona.

Consultada por El Despertador, Verónica Maturano, integrante de la comunidad y Presidenta de la Asociación Campesina de Cuyo expresó: “es muy extraño que con todas las pruebas a la vista, de que esta señora no tiene nada de posesión en el campo y que además nos manda matones a amenazarnos con armas y la evidencia de nuestro trabajo de cada día en este campo, el fiscal no haya acelerado la toma de decisiones”.

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