Lucia Núñez, lavallina, es mamá de Julieta. Julieta tiene 17 años y a los 7, cuando repitió primer grado, le detectaron hipoacusia total del oído derecho y tan solo un 60 % de audición en el izquierdo. Desde el 2011 que Julieta era beneficiaria por una pensión por discapacidad. «Este mes, cuando fuimos a cobrar, nos encontramos con la sorpresa, en el cajero, con que no estaba hecho el depósito, no hubo una notificación, una carta, nada» relató Lucía a El Despertador.

Julieta es otra de los 170.000 argentinos y argentinas que perdieron, o vieron suspendidas, su pensión por invalidez en los últimos meses. Y de la misma manera que muchos y muchas: ¿alguien les avisó? ¿les dijo los motivos? No, el cajero automático fue el lugar donde se enteraron que perdían este derecho. «Yo me fui al otro día al ANSES y pregunté, me dijeron que estaba suspendido por un amparo a los padres». Lucía está separada desde hace 16 años y no está divorciada legalmente, es empelada pública y se ganó un auto por un sorteo en el 2010. «Los ingresos míos son escasos, y al no ser divorciada figuran los ingresos del papá, me dijeron que para poder volver a tener la pensión debería divorciarme y tampoco tengo la posibilidad económica para afrontar el gasto de un divorcio».

Consultada sobre los gastos que se generan en torno a la situación de Julieta, Lucía explicó que «en Mendoza no existen escuelas secundarias para sordos, ella va, desde hace unos 5 años, al instituto E.I.N.N.O (Educación Integral del Niño No Oyente) de Godoy Cruz, es un instituto para sordos, ellos nos salvaron la vida», allí Julieta recibe apoyo escolar y contención de psicólogas y fonoaudiólogas. Además, la escolarización formal de Julieta es en el Instituto Dr. Nicolás Avellaneda de Godoy Cruz, donde cursa el 3er año, bajo un régimen integrado, donde reciben adolescentes con estas características. En el 2013 «Julieta recibió un implante que se llama Baha, que amplifica el sonido y la ayuda a tener una mejor audición». Este implante tiene gastos de mantenimiento vinculados al cambio de pilas y otros estudios.

Con respecto a cómo continuar, Lucía afirmó: «vamos a hacer lo posible por recuperar la pensión, ahora he recibido información para presentar una medida judicial colectiva y estoy tratando de contactar a otros con el mismo problema» y con algún desahucio confesó «tendremos que ver de hacer un emprendimiento personal en las tardes para suplir la falta de esos ingresos» y afirmó: «nosotras repensaremos si el año que viene Julieta va al instituto, por los gastos que tenemos, que son todo por privado».

Sobre la decisión del gobierno nacional de recortar este derecho a decenas de mi les de argentinas y argentinos, con la ex cusa de revisar irregularidades, reflexionó «hicieron todo al revés, dieron de baja antes de revisar cada una de las situaciones, y si ellos miraran se darían cuenta de cada una de las situaciones, ¿cómo nos dejan ahora?, si es que las podemos recuperar igual avanzan los deterioros físicos y psicológicos de un montón de gente» y concluyó «espero que esto se solucione pronto, sobre todo para las personas que están mucho peor que nosotras»

Numeritos y pensiones en Lavalle

En Lavalle se otorgaron 2600 pensiones de distinta índole en los últimos 9 años. Eso significó un aumento sustancial en la cobertura social, para un departamento con uno de los menores índices de desarrollo social de la provincia durante décadas. La primarización de la economía y la pauperización laboral fueron el soporte fundamental en los que se asentaba esta cultura. Desde el lado económico, significan alrededor de 12 millones de pesos que ingresan al departamento para financiar el gasto local.

Por la oficina de Desarrollo Humano del municipio lavallino, por donde pasó el armado de las carpetas con la documentación adecuada señalaron, «esto se ha hecho muy mal”, y agregaron que ya pasaron cerca de 30 personas por la oficina para que les ayuden con la situación». «En todos los casos en los que hemos intervenido que son 2600 desde que estoy al frente de la gestión, siempre hemos cumpl ido con todos los requisitos que se pedían desde la Nación. Y los requerimientos no eran pocos», señaló Edgardo Gonzalez, al frente de la Dirección de Desarrollo Humano. «Una pensión podía tardar, de acuerdo a los papeles que se presentaban, entre 6 y 9 meses», agregó.

Es cierto que la ministra ya dio el paso, atrás, pero el daño ya está hecho señalaron desde distintas entidades sociales. Desde el lado del municipio, Gonzalez sostuvo «tenemos gente en 3 de mayo, que tiene diabetes aguda, a la que se le amputaron algunos dedos de una de sus piernas y se quedó sin la pensión, agravado porque al tener la pensión, también adquiría una obra social, en ese caso Profe, que le permitía asistir a diálisis. Ahora no tiene nada».