Despertador Digital

Los jubilados argentinos, cada vez más lejos de Finlandia

6 diciembre, 2017

Por: Franco D´Amelio

En la semana que pasó el Senado nacional aprobó el proyecto oficial de reforma previsional. El documento ha sido ampliamente cuestionado tanto por algunos sectores políticos como organismos de derechos humanos y agrupaciones de jubilados, ¿pero cuáles son los cambios que plantea y qué consecuencias tiene para los jubilados?
Hasta ahora, el sistema previsional planteaba una actualización de la jubilación mínima dos veces por año, una en marzo y otra en septiembre con una fórmula vinculada a los ingresos de ANSES pero que nos está especificada del todo.

El proyecto aprobado por los senadores macristas y un sector del justicialismo vinculado a Miguel Ángel Pichetto plantea cuatro actualizaciones por año (trimestrales). La forma de calcular el porcentaje de aumento sería el siguiente: 70% compuesto por la inflación acumulada (oficial) del semestre anterior y 30% con un promedio de los aumentos salariales tanto del sector público como privado.

Las críticas entorno a esto se relacionan a que en realidad nunca hay una mejora real en las condiciones de vida de los jubilados ya que se produce un estancamiento al atar el 70% del aumento a la inflación.

Vinculado a lo anterior ocurre que, como es de público conocimiento, la inflación medida por el INDEC suele ser menor a la que en verdad afecta a los consumidores en su vida cotidiana. Este punto, motivo de reclamo constante de los gremios en las paritarias, hace que los aumentos salariales (o jubilatorios en este caso) sean inferiores a los precios de mercado; produciendo así una pérdida del poder de compra genuino.

Cabe destacar que con esta nueva fórmula, el Estado nacional utilizaría unos 100 mil millones de pesos anuales menos en los jubilados. Algo semejante (o inferior) a lo que dejó de percibir al levantar las retenciones a la exportación sojera y la minería.

Uno de los puntos que más críticas ha suscitado es que con la ley impulsada por el presidente Macri, se le da la posibilidad al trabajador (sólo del ámbito privado) a postergar la obligatoriedad de iniciar sus trámites jubilatorios hasta los 70 años. Esto sería una opción decidida por el trabajador y no una obligación, pero lo que hace sonar las alertas en las agrupaciones de jubilados es que en esos años posteriores a la edad actual (65 para varones y 60 para mujeres) el empleador no debe aportar cargas sociales más que la ART y obra social.

Una de las fuerzas que forma unánime y contundente ha mostrado su rechazo al proyecto ha sido el FIT. Micaela Blanco, concejal electa de este frente en Lavalle, opinó al respecto: “…si la nueva fórmula para calcular la movilidad jubilatoria se hubiese aplicado desde 2009, el haber mínimo sería hoy de $5.703 en lugar del ya bajo $7.246 actual. Una pérdida neta de 21%…En el caso de los obreros de viña de Mendoza, mientras su necesidad y reclamo es poder acceder al régimen de jubilación a los 57 años, el Macrismo opta por extender la edad jubilatoria. Entonces ahora, los obreros de viña no sólo no tienen el derecho a jubilarse a los 57 años como el resto de los trabajadores rurales, sino que van a tener un régimen de jubilación los 70 años. Algo totalmente inhumano…”

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