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30 diciembre, 2017

Los Derechos humanos en Lavalle

  •   Por Juan Burba

           

La Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos Xumek, en el marco de su décimo aniversario, presentó, a mediados de este mes, su “Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Mendoza”. En esta nota intentaremos rescatar lo que tiene que ver específicamente con nuestro departamento.

Cinco años sin Johana

Uno de los casos lavallinos que aborda el informe de Xumek, en su capítulo sobre Género, es la desaparición de Johana Chacón que “conmovió a toda la sociedad mendocina, en especial a la comunidad de Lavalle”. El texto rescata algunas palabras de la ex directora de la escuela “Virgen del Rosario” de Tres de Mayo, Silvia Minoli, que se pregunta, refiriéndose también al caso de Soledad Olivera: “¿pueden desaparecer dos mujeres sin dejar rastro alguno?, lamentablemente, la respuesta es ‘sí’ y esto sucede por dos simples razones: ser mujeres y ser pobres. Sin lugar a dudas, ambas condiciones agravaron la situación de vulnerabilidad en la que vivían” y remata: “esto, sumado a un Estado ausente y a una Justicia burocrática, puede arrojar como resultado, entre otras cosas, la revictimización constante y la muerte de dos chicas indefensas”. Además el informe asegura, con respecto a Johana, que “por tratarse de una desaparición prolongada en el tiempo, estamos frente a un caso grave que genera la conmoción de toda la comunidad, sobre todo de Lavalle” y que este tiempo “sin que se haya dictado sentencia condenatoria, puede acarrear responsabilidad al Estado Nacional”.

Las Comunidades Huarpes

En su capítulo sobre Pueblos Indígenas, Xumek destaca que “mediante Ley Provincial del año 2001, se reconoció la preexistencia étnica y cultural del pueblo Huarpe Milcallac y se sujetaron a expropiación 700.000 hectáreas al norte de Mendoza” pero en virtud de “el planteo de inconstitucionalidad que recibió dicha ley se frenó su ejecución durante varios años” hasta que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza se pronunció a su favor pero “a pesar del pronunciamiento favorable, a la fecha aún no se ha logrado la efectivización de lo establecido por la ley, es decir, las comunidades aún siguen a la espera del reconocimiento al derecho a sus territorios”. El informe también plantea, en este tema, que a fines de 2016, se denunció a un fiscal incumplimiento de los deberes de funcionario público y “también a funcionarios del Ejecutivo, de la Fiscalía de Estado y del municipio de Lavalle” y que los fiscales intervinientes “siempre han protegido a intereses económicos de conocidos empresarios, políticos y sus familiares”.

El caso Tupac Amaru

Otro de los casos que se informan en el marco del capítulo dedicado a Violencia Institucional, es el caso de la organización barrial Tupac Amaru. Sobre el mismo, el informe afirma que “se trata de un caso de vibrante actualidad y demuestra que la criminalización de una organización social puede ser inusitadamente grave”. Con respecto a las repercusiones mediáticas sobre el caso, dice que “con el objetivo de impresionar y alarmar a la población, se usaron algunos medios de comunicación para estigmatizar a las personas imputadas y a su organización social”, y afirma que las acusaciones que aparecían en los medios “no estaban siendo imputadas” en el expediente y que se estaba “imposibilitando el derecho a la defensa, tanto en los expedientes como ante la ‘opinión pública'”. Asevera, además, “el manifiesto deseo de estigmatizar a las más de cuarenta personas imputadas como ‘delincuentes’ o ‘clan Rojas’, en particular con especial ensañamiento contra la señora Nélida Rojas y su familia más directa”. En referencia a la actuación de la fiscal Gabriela Cháves en el caso, el informe la califica de “una verdadera obsesión personal y política” y que “ha quedado a la vista la persecución política” y que se orquestó una “campaña de desprestigio personal a través de los medios de comunicación” cuando “todas las imputaciones con las que se logró la detención de los integrantes de la familia Rojas, fueron desestimadas por una Cámara del Crimen”.

La basura

Otro de los temas desarrollados en el informe, en su apartado sobre Medio Ambiente, y que toca tangencialmente a Lavalle, es el tema de la basura y los recuperadores urbanos. Aclara que “en la Provincia de Mendoza no existe una gestión unificada de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), sino que la misma es competencia municipal”, y aporta que se han formado consorcios según zonas, que en el caso de Lavalle y el Área Metropolitana (Gran Mendoza) se denomina Unicipio. “El objetivo de estos consorcios es gestionar de manera integral los RSU” y para ello se plantea “cerrar los basurales a cielo abierto, construir plantas de separación, promover la separación en origen e incluir a los recuperadores urbanos formalizando su actividad”. Para esto último se realizó un relevamiento de quienes se dedican a esta actividad, dando como resultado para nuestro departamento que existen tan sólo 4 recuperadores urbanos, que es un número para nada significativo si lo comparamos con los 508 de Las Heras, o los 259 de Guaymallén. Lavalle está en un muy buen momento para debatir y definir, con mayor claridad, que tipo de política tiene que implementar para la basura del departamento, lo plasmado en el informe Xumek es claro en este sentido.

Otros temas…
Dos temas que figuran en el informe, también en su capítulo sobre Medio Ambiente y que, si bien no referencian a Lavalle de manera directa, han sido materia de debate en nuestro departamento. Uno de ellos tiene que ver con el juicio a la multinacional de agrotóxicos Monsanto y el otro, muy vinculado al primero, al combate de la polilla de la vid a través de las aplicaciones aéreas.
En abril de presente año tuvo lugar el Tribunal Internacional Monsanto, donde una de las cinco juezas que lo conformaron fue la jurista mendocina Eleonora Lamm. Este Tribunal tuvo como objetivo juzgar a la multinacional sobre algunos delitos ambientales. Sobre este particular “el Tribunal concluyó que Monsanto se ha involucrado en prácticas con un impacto negativo en el derecho a la alimentación” y que “sus actividades y productos causan daño al suelo, agua y al ambiente en general, por lo que la soberanía alimentaria también se ve afectada”. Recordemos que uno de los productos más vendido de esta empresa es el herbicida Glifosato (de marca comercial Round Up) que ha sido declarado como potencialmente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud, y que su uso produjo debates públicos e institucionales en nuestro departamento. El Tribunal Internacional condenó a Monsanto por “Ecocidio”.

En cuanto al tema de las aerofumigaciones para el control de la polilla de la vid, tema por demás polémico en toda la provincia, y con debates, también arduos, en nuestro departamento, el informe plantea que “resulta inadmisible sostener el derecho en la fuerza de los hechos consumados y no se puede dejar pasar por alto tal expresión de avasallamiento del derecho humano a un ambiente sano” y refuerza: “el hecho de que hayan comenzado las fumigaciones no sustenta el derecho a realizarlas si no se han cumplido los requisitos legales” en referencia a la falta de estudio de impacto ambiental por parte del ISCAMEN y SENASA. Lavalle se vuelve protagonista en los debates cuando “se conoció una nota del INTA dirigida al Director de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lavalle, Lic. Juan Jaime, desaconsejando continuar con las fumigaciones”.


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