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Ley de tránsito en Lavalle: una norma imposible de poner en práctica

Por Franco D´Amelio

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enero 29, 2018

Como en las viejas épocas menemistas, el Estado provincial comenzó a descentralizar los problemas, pero no los recursos. De esta manera se desentiende de la problemática vial. Una cosa es armar una pequeña estructura departamental, que eduque y que acompañe una adecuada norma provincial, y otra muy distinta hacerse cargo de toda la responsabilidad, como si la provincia no tuviese nada que ver.

En noviembre pasado Mendoza aprobó una nueva legislación en esta materia que empezará a regir plenamente en marzo. Entre los cambios que trae esta nueva normativa se encuentran dos que han llevado malestar a los municipios: deberán contar con juzgados administrativos municipales de Tránsito y los Cuerpos municipales de Tránsito en un plazo de 12 meses.

Estos dos puntos, que implican una descentralización de los oficios provinciales, han traído controversia por los grandes costos que implicarían a los departamentos. Extraoficialmente, se habla de que Lavalle debería invertir cerca de $15 millones de pesos para la puesta en marcha de dichos requerimientos y aproximadamente unos $2 millones por mes en gastos operativos. Eso con fondos exclusivamente locales, sin aportes extra de Provincia o Nación.

Teniendo en cuenta lo anterior, el secretario de Gobierno lavallino, Gerardo Vaquer, declaró: “Nos complica sobre manera…estamos preparando un estudio legal para que, en virtud de lo que no dé ese estudio, hacer una presentación en la Justicia…tenemos la firme intención de hacer una presentación”.

“Esto nos complicaría en el costo económico que tiene y la no sustentabilidad esta norma, en la medida de que tengamos que sacar fondos que tenemos para obras para cumplir con eso (ley), nos complica”.

ED: ¿Puede que además, todos los municipios tengan que afrontar un costo político al tener que ser ellos quienes multen?

GV: “Eso en realidad en los departamentos grandes se da una diferencia abismal…donde nadie se encuentra con el intendente o los concejales…Acá nosotros todos vivimos al lado de nuestros vecinos, nos vemos en el supermercado…más allá de que obviamente la ley avale a los funcionarios, los reclamos de la gente pueden llevar a una cuestión de incobrabilidad, no sé si tiene que ver con lo político sino más con una cuestión social”.

No es sólo el único municipio que cuestionó la norma. El municipio de General Alvear, también mostraron su inviabilidad a la hora de ponerlo en práctica.


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