Esta semana los mendocinos nos desayunamos con que el precio del boleto de colectivo urbano subió de $8,50 a $11, lo que representa un aumento del 29%, y acumula un 175% desde que el gobierno de Cambiemos asumió en la provincia hace dos años, cuando el boleto costaba $4.

Pero no es el único golpe al bolsillo recibido en los últimos días por los mendocinos. Recordemos que, desde el primero de febrero, la tarifa de la luz también se incrementó un 10%, que se suma al 20% que se había efectuado en diciembre.

También se avecina un aumento en la tarifa del gas. En ese sentido, esta semana, Ecogas solicitó en la audiencia pública que el mismo sea del 48%, a partir del primero de abril, lo que pronostica un crudo invierno para los mendocinos.

También la nafta aumentó este mes en el orden nacional, luego de que el primero de enero entrara en vigencia la desregulación plena del mercado de combustibles. Es el segundo aumento del año y ya se están anunciando nuevos incrementos para marzo. En los últimos 12 meses los combustibles acumularon un alza del 43%, unos 18 puntos más que la inflación.

Y es en este contexto en el que el gobierno provincial se para en contra de los trabajadores y trabajadoras y ofrece magros aumentos que hasta al más desprevenido le resultan irrisorios.

Muestra de ello es el 15,7% de aumento en tramos ofrecido a los docentes, que fue rechazado en el plenario del SUTE, que llamó a movilizarse este lunes 26. Movilización a la que concurrirán, además, movimientos sociales, políticos y estudiantiles.

Pero ello tampoco parece importar al gobierno provincial que, en una clara maniobra extorsiva, anunció que el aumento ofrecido saldría por decreto si los docentes no lo aceptan, y que en ese caso perderían además la cláusula gatillo.

Sería interesante que el gobernador tratara con la misma dureza a los empresarios que exigen aumentos y beneficios. Pero nada está más lejos de la realidad. Basta con analizar el nuevo plan de Transporte Público presentado por el gobierno, que reduce el máximo de multa por incumplimiento de 1.300.000 unidades fijas a 130.000 unidades fijas. La UF de 2018 es $9,5, es decir que las multas máximas a aplicar a las empresas de transporte, pasan de 12 millones a 1,2 millones aproximadamente.

Esta actitud de Cornejo (que se condice a la perfección con la del gobierno nacional) nos está llevando necesariamente a un escenario de crisis, donde a los trabajadores les cuesta cada vez más llegar a fin de mes mientras los ricos se enriquecen a cuesta de estos.

En este contexto, el desafío es que como pueblo despertemos, salgamos a la calle, nos movilicemos y pongamos un límite a este robo y saqueo que estamos sufriendo.

Especial de la 5tapata.net