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8 marzo, 2018

Logran detener el desalojo a una familia de La Pega

  •   Por Jorge Abalo

           

En el día de ayer El Despertador informó sobre un desalojo que se estaba realizando en La Pega a una familia que vive en una finca de ese distrito hace casi 25 años. El mismo se logró frenar gracias al accionar de vecinos, organizaciones e instituciones que apoyan a la familia de Beatriz Flores.

Vecinos ingresan a la finca para colaborar con el orden los muebles de la familia, luego que el desalojo fuera suspendido

La presión de vecinos y vecinas que cortaron, de manera intermitente, la Ruta 24, además de un escrito presentado con rapidez por parte de Martín Sánchez, abogado de la Unión de Trabajadores y Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), logró frenar el desalojo de la familia de Beatriz Flores en La Pega.

El mismo había sido ordenado por la jueza Patricia Alonso Valot quien subroga en Segundo Juzgado de Garantías, a raíz de las denuncias que le realizara el abogado Sebastián Nebot, que viene, desde hace algunos años, hostigando a la familia para que se vaya de la propiedad, que poseen desde hace casi 25 años, y quedarse con la misma.

Casi 30 efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar a la media mañana de ayer, miércoles, para efectuar el desalojo. Rápidamente vecinos y vecinas se concentraron en la puerta de la propiedad, sobre ruta 24, y comenzaron a interpelar a la policía, ya que Beatriz es una vecina muy querida y respetada en la zona. “No se puede entender lo que está ocurriendo” afirmó Verónica Bajach, vecina de La Pega y maestra, “es un ataque a una familia que vive en esta finca desde hace más de 20 años, todos los vecinos lo sabemos y por eso estamos acá apoyando” afirmó la docente en una entrevista radial.

Fuentes vinculadas al expediente revelaron a El Despertador que se llega a esta situación porque el abogado defensor, Gustavo Díaz Roggero, no actuó como debía en la defensa de los intereses de la familia. En ese sentido, el abogado de la UST, Martín Sánchez, fue quien, ayer mismo, mientras el hecho estaba ocurriendo, presentó un escrito solicitando se suspenda el desalojo por improcedente, argumentando que por negligencia de Díaz Roggero la familia no había tenido derecho a defensa y la fiscalía correccional debe trasladar la discusión sobre derechos de propiedad a un juzgado civil y no resolver el tema en los fueros penales.

Según las fuentes, la presión de Nebot en la justicia debe haber sido fuerte para que se resuelva en el ámbito penal, porque en lo civil los juicios duran años. Otro dato al que pudimos acceder es que el desproporcionado despliegue policial se debió a que avisaron al oficial de justicia que conducía el operativo “que se iba a encontrar con 14 malvivientes” y lo que encontraron fue a una madre joven cuidado de sus hijos y a otra joven embarazada.

Una de las irregularidades que más llamó la atención es que, según atestiguan algunos vecinos y confirma la propia Beatriz Flores, en el operativo de desalojo participaron 3 obreros de Nebot para sacar los muebles de la casa. A esta situación, de absoluta irregularidad legal, se suma que a la familia le faltan 5000 pesos, un televisor y una filmadora. La familia realizará en las primeras horas del jueves una denuncia al respecto.

La Directora de Educación, Familia, Género, Diversidad y Derechos Humanos de la comuna, Ana Menconi, se hizo presente en el lugar. “Mantener la perspectiva de los derechos humanos que venimos trabajando desde hace años con la familia fue nuestra prioridad hoy” afirmó la funcionaria, y continuó: “entendemos que desde hace más de 20 años que viven ahí y entendemos que tienen que defender los derechos de posesión y que no es una usurpación, y además son vecinos queridos en el lugar”.

Sobre el accionar de Nebot dijo que “se vale (para denunciar) de una supuesta vulneración de los adultos sobre los niños, vulneración que desde la Dirección no vemos”. Sobre los pasos siguientes aseguró que “la causa de la tierra tiene que ir por los caminos formales y en las instancias que corresponden, pero no se puede utilizar la supuesta vulneración de derechos como un artilugio legal”, también en referencia a la estrategia del abogado/empresario.

La familia Flores se comprometió formalmente ante el Municipio a construir una casa en condiciones, ya que una de las casas de la finca está clausurada por inhabitabilidad y otra no cumple con las condiciones antisísmicas reglamentarias. En ese aspecto, el de la vivienda, Menconi afirmó que “como Municipio vamos a acompañar en ese sentido”.

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