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4 julio, 2018

La dominación de EE.UU. en la política energética de Argentina

  •   Por El Despertador

           

El sociólogo Juan Pablo Olsson sostiene que Donald Trump promociona el ‘fracking’, “la actividad más contaminante del planeta”, en aquel país sudamericano.

RT

 

 

 

Actualmente Argentina desarrolla el ‘fracking’ en su territorio mediante corporaciones extranjeras. Se trata de una técnica para extraer gas y petróleo de yacimientos no convencionales, pero muchos ambientalistas locales denuncian que la actividad es altamente contaminante. En efecto, según explicó a RT el científico Esteban Servat, este mecanismo consiste en perforar la roca que contiene la materia prima en su estado natural a miles de metros de profundidad, inyectando unos 30 millones de litros de agua y más de 600 químicos. “El problema más importante es la contaminación de las napas de agua”, alertó el experto.

Para entender por qué se altera la vida de las comunidades locales, la geopolítica no es un detalle menor: “El desarrollo del ‘fracking’ en Argentina es una política desde EE.UU.”, considera el sociólogo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Juan Pablo Olsson, sin vacilaciones. Al respecto, repasa que ese país norteamericano “tiene la política de garantizar el acceso a la explotación de petróleo en Medio Oriente y América Latina”, pero al tratarse de una situación muy conflictiva dentro del territorio oriental, “se está dando una promoción del ‘fracking’ en distintos países de Latinoamérica”. A su vez, el entendido destaca que ello “tiene por detrás el interés especial de las corporaciones que están relacionadas a EE.UU”.

Por otro lado, suma características sobre “la actividad más contaminante del planeta”, según su criterio: “Tiene la capacidad de ensuciar las napas, el aire, el suelo, los ríos, los lagos y arroyos, en dos aspectos. Uno es la liberación del gas metano, el otro es la utilización de arenas silicias, que provoca una enfermedad que se llama silicosis y puede derivar en cáncer de los pulmones”. Además, subraya: “No se puede extraer petróleo de yacimientos no convencionales sin contaminar, es imposible“.

El aval del norte

Olsson asegura que las políticas energéticas de Argentina van en consonancia con las directrices del Gobierno de Donald Trump, que bajo su mandato fomenta la explotación del ‘fracking’ a nivel internacional, pero también puertas adentro. Según el coordinador de campañas climáticas en 350.org, las señales norteamericanas son muy claras: “Desde que asumió Trump no se hizo otra cosa que ir profundizando hacia adentro de EE.UU. la matriz de la explotación fósil sobre petróleo, gas y carbón”. Y suma: “En la disposición internacional del cuidado al medio ambiente, lamentablemente EE.UU. está retrocediendo en los avances que se han logrado; salió del Acuerdo de París y negó el cambio climático”.

El especialista destaca que al día de hoy la actividad extractiva se está desarrollando en los estados de Texas, Ohio y Pensilvania. “EE.UU. tiene antecedentes de unos diez años de explotación de ‘fracking’, con muchísimas consecuencias sociales y ambientales“, subraya el entrevistado. En efecto, promover una actividad que es cuestionada por científicos, sociólogos, abogados y vecinos de las comunidades de distintas partes del mundo no es tarea sencilla, habiendo tantas voces en contra. Sin embargo, bajo la Administración republicana, la primera solución es acallarlas, según el relato de Olsson.

El ecologista recuerda que el principal organismo de control de EE.UU., la Agencia de Control Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), publicó un informe en diciembre del 2016 donde detalla que el ‘fracking’ puede contaminar el agua potable. No había tiempo que perder: “Lo primero que hizo Trump cuando asumió fue remover las principales autoridades de la EPA, las mismas que habían sostenido el informe de que el ‘fracking’ contamina”, resalta. Para el académico, silenciar las voces de los expertos se convirtió en una política de Estado al norte del continente americano: “La NASA determinó que el gas metano liberado por el ‘fracking’ tiene mucha incidencia en el calentamiento global y el Gobierno también está intentando remover esas autoridades”.

¿Vía libre en el sur?
El entrevistado forma parte de la Coalición Latinoamericana Contra el Fracking, una organización que emprende campañas contra la actividad contaminante en toda la región. También integró los movimientos de las provincias argentinas de Entre Ríos y Santa Fe que lograron sancionar legislaciones que prohíben la actividad en sus distritos. Al día de hoy se están desarrollando movilizaciones y acciones de protestas en la provincia de Mendoza, donde el negocio intenta instalarse a pesar de la reacción popular y las normas locales que priorizan al medio ambiente sobre cualquier actividad lucrativa.

“Generalmente los gobernadores avanzan con estos procesos con mucha desinformación de la gente, que no conoce lo que es el ‘fracking’. Al principio se lo presenta como si fuera positivo, como si realmente no contaminara, como si fuese una fuente de empleo y progreso para la región. La lucha se trata de ir desmitificando y desenmascarando sus proyectos que tienen que ver con intereses propios”, comenta durante el reportaje. Pero mientras las políticas energéticas estadounidenses son replicadas por la clase dirigente argentina, en los ecologistas repercuten las batallas académicas por contrarrestar la información gubernamental sobre una actividad que, según los ambientalistas, viola el derecho a un ambiente sano, consagrado en la Constitución Nacional.

“Cuando comenzó la explotación en EE.UU., realmente no informaban cuáles eran los químicos que usaban en la explotación”, señala Olsson. Además, suma: “La Comisión de Energía del Congreso de EE.UU. pidió a las 14 compañías principales que informaran cuáles eran los químicos utilizados para el ‘fracking’ entre 2005 y 2009”. A pesar de que al comienzo se negaron, amparándose en el secreto comercial, luego hicieron público que “introdujeron entre 650 y 750 químicos que, según los organismos de control, muchos de ellos son radioactivos y cancerígenos”. Esta información es utilizada por los ambientalistas del Cono Sur para enfrentarse a las corporaciones extractivistas.

Pero este método no arribó a la Argentina durante el macrismo, sino que lo hizo durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En el 2013 la compañía estatizada Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y la estadounidense Chevron firmaron un acuerdo para explotar Vaca Muerta, un inmenso yacimiento de gas y petróleo que abarca las provincias de Neuquén, Mendoza, La Pampa y Río Negro, y puede brindarle un gran potencial energético al país sudamericano. En este último distrito, dentro de la localidad de Allen, “se está explotando el ‘fracking’  y las napas de agua ya están contaminadas por hidrocarburos y químicos”, alerta Olsson. Aquella ciudad sureña es conocida por su producción de peras y manzanas, pero hoy convive con esta cuestionada actividad extractiva.

 

Ese acuerdo tiene estipulado que los países desarrollados generen un fondo económico solidario para los países en desarrollo, llamado Fondo Verde, que puede ser adquirido si las naciones destinatarias cumplen con los objetivos ambientales. “La posibilidad de Argentina de acceder a esos fondos no tiene que ver con algo discursivo, sino con el cumplimiento de metas establecidas en el acuerdo”, expresa el entrevistado. Así las cosas, se explaya: “El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, viajó a la última cumbre de Alemania, y entre sus discursos dijo que ‘las leyes de protección ambiental de Argentina son demasiado idealistas y habría que modificarlas’. Se refería a la ley de glaciares y protección de bosques”.

Y continúa: “Hay un doble discurso y cierta hipocresía, porque el Gobierno por un lado dice que va a promover energías renovables y tener una política verde, pero te das cuenta que ante una crisis financiera se generan condiciones para actividades extractivas, altamente contaminantes”. Sobre ello, reflexiona que “se profundiza el negocio extractivista, a través del ‘fracking’, la megaminería y el modelo de agrotóxicos, que se mantiene en base a intereses de grandes corporaciones, como Bayer –ex Monsanto–”. Para cerrar, concluye: “Debería haber una transición acelerada hacia las energías renovables”.

Leandro Lutzky

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