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6 diciembre, 2018

Vecinos y vecinas de La Asunción cuestionan el manejo del “Acueducto del Secano”

  •   Por Juan Burba

           

Una vez más el mentado “Acueducto del Secano” está siendo cuestionado por las comunidades a las que deber abastecer del imprescindible líquido elemento.

El manejo de la Asociación de Agua Potable Zona Oeste de Gustavo André, las tarifas, la calidad del agua y la colocación compulsiva de medidores son los principales hechos que han generado malestar entre vecinos y vecinas de La Asunción. El Despertador estuvo en la comunidad conversando con Deolinda Pérez, Laura Guardia y Diego Barros, este último presidente de la Comunidad Huarpe “Paula Guaquinchay”.

Uno de las principales quejas tiene que ver con la poca claridad sobre el manejo que se realiza desde la Asociación: “no nos dejan participar en nada, no sabemos nada de la Asociación, lo único que sabemos es que está compuesta casi en su totalidad por empleados municipales” expresó Guardia. Desde que existe el acueducto la Asociación estuvo presidida por Julián Gallardo, quien es Director de Obras y Servicios Públicos de la comuna, y en la actualidad lo hace Domingo Villegas, trabajador municipal de la Delegación de Gustavo André, siendo Gallardo Revisor de Cuentas. “Hemos planteado varias veces, desde las comunidades del secano, tener más participación en el manejo, la forma de distribución y los diferentes proyectos de ampliación que se han ido haciendo” informó el Presidente de la comunidad, “pero sin tener ningún tipo de respuestas”. Según los y las entrevistadas el 75% del sostenimiento económico de la Asociación se realiza desde la Municipalidad, pero no hay claridad del estado contable porque no se convoca a las comunidades para rendir cuentas.

Vinieron sin avisarnos, nos colocaban el medidor y nos obligaban a firmar un papel” manifestó Deolinda Pérez, y continuó: “yo no permití que lo colocaran en mi casa”. En otros hogares ni se enteraron, las familias volvían a sus casas y se encontraban con los medidores instalados. Luego de esto eran informados que se permitía una utilización máxima de 800 litros diarios y que tenían que pagar $ 1500 por los medidores . Quien se pase de los 24 mil litros mensuales será víctima de altas multas “sacan multas de 3, 4 y hasta 6 mil pesos” expresó Pérez. Por el pago del agua “nos están dando recibos que no son válidos como factura” aclaró Laura Guardia, en referencia a la falta de claridad sobre el manejo del dinero recaudado. Todos coincidieron en que no hay transparencia en el manejo de los fondos, en cómo se toman las decisiones y cómo se eligen las autoridades de la Asociación.

Diego Barros explicó que “acá hay un incumplimiento con las comunidades originarias” en referencia a la propiedad comunitaria y la argumentación de que para colocar los medidores no es necesaria la autorización de los vecinos y vecinas “nos decían que no avisaban por que (la colocación del medidor) es fuera de la propiedad, pero nuestro territorio es todo el que habitamos, una acción como la de los medidores debería ser informado a la comunidad previamente”.

El acueducto, que brinda el servicio a las más de 700 familias del secano lavallino, se abastece de 2 perforaciones, una ubicada en Gustavo André y la otra en San Pedro. Un dictamen técnico del EPAS (Ente Provincial del Agua y Saneamiento) del año 2016 indicó que el agua es “no apta para consumo humano por su alta concentración de arsénico”. Otra de las preocupaciones de la comunidad.

El Despertador consultó a los y las entrevistadas sobre cómo entienden que debería ser el manejo del agua en la zona: tenemos que tener agua todos, para que no sea una lucha entre nosotros mismos por el agua” expresó Deolinda Pérez. Barros, el presidente de la comunidad mostró el interés en ser parte: “es fundamental podernos juntar, es una problemática de todos y un derecho humano, acá debemos sentarnos todos y empezar a acordar con seriedad, compromiso y mucha voluntad”. Laura Guardia, en el mismo sentido manifestó: “lo más importante es que nos dejen participar, estamos cansados de que nos usen para hacer proyectos que dicen que van a involucrar nuestras comunidades”, y sentenció enojada: “nos usan como pantallas pero no nos piden opinión de lo que sería mejor para nuestras comunidades”.

A continuación parte de la entrevista realizada:

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