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25 marzo, 2019

Multitudinaria marcha por el “Día de la Memoria”

  •   Por El Despertador

           

Foto: Coco Yáñez. El Otro Diario

Miles de mendocinas y mendocinos marcharon ayer por las calles céntricas de la ciudad capital en el marco del “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, en el 43° aniversario del Golpe Cívico Militar de 1976. La multitudinaria marcha, que partió desde el kilómetro 0 y concluyó con un acto en la explanada de la Casa de Gobierno fue encabezada por los Organismos de Derechos Humanos de la provincia, donde las expresiones artísticas tuvieron un espacio especial, tanto durante la marcha como en el acto, luego de la lectura del documento.

Hoy en Lavalle, a las 19:30, en la esquina de Sarmiento y Beltrán, organizaciones sociales y políticas, convocan a un acto por el mismo motivo.

A continuación el documento completo leído ayer en la explanada de la Casa de Gobierno:

 

Memoria, Verdad y Justicia, por trabajo y soberanía

Nuestra Argentina vive momentos amargos. La pobreza crece día a día y la nación esta de rodillas. El ajuste arrasa a la población más vulnerable y desmejora la vida de trabajadores y trabajadoras.

En nuestra lucha por Memoria, Verdad y Justicia, a 43 años del golpe militar que consumó el genocidio, no podemos ignorar este contexto. Están amenazados los derechos elementales y se percibe el malestar social. La baja, en términos reales de la inversión en educación y en salud está cantada en el presupuesto para el 2019. El famoso déficit cero, ordenado por el FMI significa que habrá plata para la deuda externa a costa de las políticas sociales, de las y los asalariados y jubilados.

Corresponde advertir que cuando se somete al pueblo a tantas penurias esta en riego la paz social. De hecho, se acrecienta la resistencia a las tarifas e impuestos impagables, al cierre de pequeñas empresas, a los progresivos despidos y la precarización laboral. Los sectores laborales y las organizaciones sociales que enfrentan las medidas gubernamentales son ignorados, acorralados, reprimidos. La respuesta oficial es la indiferencia o los palos.

Con la complicidad de los medios de comunicación, formadores de opinión, el gobierno instaló un discurso de gravísimas consecuencias: fomenta la intolerancia entre la ciudadanía, pretende enfrentar a pobres contra pobres.

Particularmente, los jóvenes de los barrios y suburbios están en la mira, siempre sospechados y controlados. Las reformas pendientes a la cuestión penal juvenil pretenden saldarlo de la peor manera. Como parte de la campaña, Bullrich y Garavano presentaron un proyecto que baja de la punibilidad a la edad de 15 años, a contrapelo de las recomendaciones de la UNICEF y demás organismos especializados. La norma baja la edad y en paralelo, las autoridades quitan recursos a los programas dedicados a garantizar el Sistema de Protección y Promoción de Niños, Niñas y Adolescentes. Está demostrado que las medidas punitivas no bajan el delito.

El avasallamiento a las instituciones es cuestión de cada día. A través de decretos de necesidad y urgencia el gobierno viola los derechos y garantías constitucionales o recurre a jueces cómplices que, entre otras anomalías, crean causas contra la oposición y no cumplen con su misión. Para más, si un magistrado se anima a investigar o descubre sus chanchullos, como el juez Alejo Ramos Padilla –a quien respaldamos por su valentía- son hostigados y amenazados.

Este panorama es compartido por varios países de nuestro continente. Una ola de conservadurismo asola nuestras naciones tras el triunfo de las derechas en Latinoamérica. EEUU puso la mira en nuestro continente y avanza amenazante hacia la injerencia directa en los asuntos internos. La república de Venezuela dio la alerta sobre una posible intervención militar a su territorio, así como las advertencias a Bolivia y otros los países hermanos.

Reafirmamos que la intromisión norteamericana en la política interna siempre tuvo nefastas consecuencias. Ayer como hoy, sostenemos la libre autodeterminación de los pueblos para trazar su destino.

Por otro lado, como Organismos derechos humanos ponemos especial atención al eje de Memoria, Verdad y Justicia establecido como política de estado.

Ha ganado espacio la onda negacionista y, como viene aconteciendo en la gestión de Macri, se ha profundizado el desfinanciamiento y reducción de dependencias destinadas a abordar las secuelas del terrorismo de estado.

En materia de Justicia, según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) -que se ocupa de llevar adelante lo juicios a los represores en todo el país-, se ha desacelerado el ritmo de los debates, las audiencias son más espaciadas, aquí en Mendoza, y en todo el país. De hecho, las sentencias dictadas durante el 2018 fueron 17 a nivel nacional, cuando desde 2010 no se registraba una cantidad menor a 20 sentencias por año.

También se redujo el número de detenidos en el proceso de juzgamiento a lo que se suma que el 65% cumple prisión domiciliaria. Los represores, de a poco, ganan terreno.

Otra muestra de actualidad, es el avasallamiento de los Sitios de Memoria. A Campo de Mayo y a la Cárcel de Devoto, señalizados como Sitios años atrás, pretenden desaparecerlos y borrar los rastros del terrorismo de estado. El ministro Garavano y los gobiernos locales firmaron acuerdos para desmantelarlos y en su predio levantar complejos inmobiliarios y urbanísticos diseñados por sus amigos.

Asimismo, sentimos una profunda preocupación por denominada: Nueva Política de Defensa. A fines de julio, mediante dos decretazos el gobierno estableció la alternativa de militarización de la seguridad, función inherente a las policías. A falta de hipótesis de conflictos bélicos, Macri decidió que las FFAA intervengan debido a amenazas de un impreciso enemigo interno. La medida desconoce la misión de los militares en la defensa nacional, como se desentendieron del ARA San Juan, y pretende se dediquen a los problemas de la seguridad ciudadana. La presunción de un enemigo interno nos recuerda la peor época de nuestra historia. Reafirmamos lo avanzado en más de 30 años de democracia, las FFAA jamás tienen que volver a las calles para reprimir.

En Mendoza, el gobierno provincial se ha alineado con Cambiemos. La política de Derechos Humanos en materia de Memoria Verdad y Justicia brilla por su ausencia. Ni siquiera ha dado sustento legal al único Espacio de Memoria con el que contamos, el EPM ex D2.

El gobernador Cornejo, autoritario sin filtro, sinónimo del poder soy yo, hace aprobar leyes que resultan inconstitucionales. La prueba más contundente es el cuestionado Código Contravencional. El mismo reduce los requisitos para detener sin orden escrita de autoridad competente. Además, es gravísima la creación de la figura de “conducta sospechosa” que otorga poder a la policía para la aprehensión de personas al arbitrio de los uniformados. Peor aún cuando la punitividad está dirigida a los más vulnerables. El nuevo código permite aplicar, desde multas hasta la cárcel, a limpiavidrios, cuidacoches y a quienes recurren a la mendicidad. Para rematar, como si estuviéramos en una monarquía penaliza el desacato – la ofensa a un funcionario público en razón de su cargo, derogada de la mayoría de los Códigos Penales Modernos porque desalienta la crítica de los actos de gobierno. Es decir, atenta contra la libertad de expresión.

Sin lugar a dudas, este gobierno castiga la pobreza. Da rienda suelta a las policías para acosar a las barriadas más vulnerables, con espectaculares procedimientos que tranquilizan las demandas de seguridad clasemedieras, pero, no resuelven la situación de fondo. Mientras crezca la brecha entre ricos y pobres, crecerá la violencia y la inseguridad. Está estudiado.

Ni que hablar de las libertades consagradas en la Constitución. En Mendoza, en el último año, las manifestaciones de docentes nucleadas en el SUTE y SADOP, la Bancaria, las y los empleados estatales de ATE, la CTA, la organización social Túpac Amaru, así como el FIT fueron presionados y sancionados en aplicación del código de convivencia de Capital. En algunos casos bajo la ridícula calificación de “contaminación sonora”. Según los observatorios de DDHH, la calidad de la democracia se mide, entre otros aspectos, por el grado de respeto a las manifestaciones pacíficas en el espacio público porque constituyen la forma de evitar los abusos de poder. Sin embargo, aquí, se levantan vallas para no escuchar los reclamos, se aplican multas altísimas para disciplinar cuando no para reprimir el descontento. Sin embargo, siguen también presentes las expresiones por el cuidado del agua y en contra del fracking, las denuncias por la minería contaminante y los desalojos de tierras. Es evidente la connivencia del gobierno con los empresarios y los poderosos. Sordo a las voces de los despojados.

En materia de demandas, miles en las calles clamaron por políticas públicas que hagan realidad los derechos conquistados por las mujeres y de las disidencias sexuales. Entre los que se encuentran el aborto legal seguro y gratuito, y la ILE, interrupción del embarazo legalmente establecido. Al igual que en todo el país se alzó el clamor por medidas urgentes que aborden el crecimiento de los femicidios y travesticidos, así como todas las formas de violencias.

Apoyamos todas y cada una de estas luchas porque nos comprenden y comprometen ya que son parte de la vigencia plena de los Derechos Humanos

En síntesis, la impronta del gobierno provincial está en línea y hace de soporte a la gestión de Mauricio Macri que hipoteca la nación siguiendo las órdenes del FMI y solo favorece al grupo de empresarios amigos.

Aquí y allá, por la vía de los empréstitos, se ve mucho cemento y mucha policía. Tratan de hermosear con la obra pública porque ayuda a disimular la debacle del país y de nuestra Mendoza. Paralelamente, crece la pobreza y cae la calidad de vida del pueblo, mientras el Ejecutivo afila a las fuerzas armadas y de seguridad para meter palos y cárcel por si alguien se rebela. El ajuste brutal exigido por los centros financieros foráneos solo cierra con represión. Ya lo vivimos, ya lo conocimos y siempre fue trágico

A 43 años del golpe militar:

-Reclamamos la no intervención extranjera en nuestro continente y nuestro país.
-Por una Patria libre de los mandatos del FMI. Sin pobreza.
-Por la restitución de los derechos y garantías y el respeto a la Constitución.
-Por la plena vigencia de los Derechos Humanos.
-Por Memoria, Verdad y Justicia. Ni un genocida suelto.

La lucha continúa…

¡30.000 compañeres desaparecides presentes, ahora y siempre!

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