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3 noviembre, 2019

Comunidades huarpes reclaman por la usurpación de sus tierras y reclaman al Estado

  •   Por Franco D´Amelio

           

Denuncian un avasallamiento de sus terrenos por terratenientes que cerraron senderos comunales y habrían impedido el acceso a la salud, educación y agua potable a unas 60 familias.

El pasado miércoles se realizó una asamblea en la comunidad de La Josefa donde los representantes del pueblo ancestral acordaron «tomar acciones» contra «usurpadores que han alambrado» sus tierras, según relató Ramón Tello, presidente de la comunidad huarpe de San Miguel.
Concretamente los pobladores originarios abrieron tranqueras que estaban cerradas con candados, las cuales impedían el libre tránsito de caminos comunales y en algunos casos habrían derribado alambrados dejando el material en el sitio.

El conflicto ancestral

Si bien éstos son hechos recientes, el conflicto por estas tierras es de muy larga data. Los pueblos originarios locales históricamente lucharon por recuperar parte del territorio que sus antepasados habitaron desde antes de la época colonial.
Finalmente, con la ley provincial 6.920 sancionada en 2001 se estableció el reconocimiento de la legítima propiedad de unas 700 mil hectáreas del secano lavallino a las 12 comunidades huarpe distribuidas en territorio.

Con esa pieza legal se cedieron 106 mil hectáreas que eran terrenos fiscales, el resto (unas 660 mil hectáreas) estaban a nombre de privados que debían ser expropiados.

Al poco tiempo se interpusieron recursos solicitando la inconstitucionalidad de la norma, se llevó a un juicio de ocho años donde finalmente se ratificó la constitucionalidad.

Sin embargo, siguieron pasando los años y según Tello «nosotros tuvimos que hacer acciones legales, presionar al Gobierno para que se dé comienzo a la expropiación…hacen un decreto por el que nombran a la Fiscalía de Estado como garante de la expropiación, cuando es la que más se había opuesto a la ley…en perjuicio de las comunidades…el Estado generó el problema que hoy tenemos…».
Para graficar lo dudoso de los títulos de propiedad reclamados por los terratenientes, el territorio catastrado es de unas 700 mil hectáreas, pero el total de títulos presentados suman 1.700.000, es decir, que se superponen en 1 millón de hectáreas.

El presidente comunal añadió que de persistir esta situación consideran demandar internacional y económicamente a la Provincia por la dilatación en el cumplimiento de la legislación.

Mi amigo el fiscal

En cuanto a si han tenido algún tipo de contacto con los responsables del cercamiento que desató esta nota, Tello declaró: «…previo a estos hechos nosotros ya los hemos denunciado a la Justicia, pero lamentablemente la Justicia tiene el andar de una tortuga…para nosotros no llega nunca y es ahí donde los terratenientes usurpadores toman ventaja porque tienen dinero, abogados, amigos en la fiscalía…»
Para ilustrar esta aparente connivencia judicial, el entrevistado comentó los privados los denunciaron a ellos en la fiscalía de Santa Rosa y ésta tomó el caso siendo que el hecho ocurrió en Lavalle, «no tienen jurisdicción…la justicia es parcial», explicó.
«Si nuestra familia pone denuncias en la fiscalía de Lavalle, no se las reciben, le tenemos que avisar a nuestro abogado, él llama y recién ahí nos toman la demanda…el Sr. (Alejandro) Gullé, que tiene a cargo todas las fiscalías, tiene que revisar a estas dos (la del departamento y la de Santa Rosa), porque la verdad, están trabajando pésimamente».

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