El 25 de marzo el Presidente publicó el 311/20 que impedía los cortes de suministro eléctrico, agua, gas, telefonía celular e internet, entre otros, por cese de pago para los sectores más vulnerables y también para todo aquel cuyos ingresos se hubiesen visto ostensiblemente reducidos durante el periodo extraordinario que vivimos. Las empresas y el rol del Estado.
Ante tanta desinformación -en algunos casos seguramente aprovechada maliciosamente- cabe aclarar algo: los servicios sí deben pagarse, el tema es cuándo y las consecuencias de las demoras.

En teoría, el común de los usuarios debería abonar en tiempo y forma, pero debido a los drásticos cambios económicos que ha provocado la pandemia, el gobierno nacional estableció que por el lapso de 180 días corridos no podrían efectuarse cortes en los servicios antes mencionados a la siguiente población: beneficiarios de AUH, de asignación por embarazo, jubilados y pensionados que cobren menos de dos SMVM, monotributistas sociales, monotributistas cuyos ingresos sean menores a dos SMVM, electrodependientes, empleados domésticos, usuarios exentos de tasas municipales básicas, PyMEs, cooperativas inscriptas en INAES, instituciones de salud públicas y privadas y entidades de bien público que distribuyan alimentos.

Pero el artículo 4 es el punto clave: «la autoridad de aplicación podrá incorporar otros beneficiarios…de las medidas dispuestas…siempre que su capacidad de pago resulte sensiblemente afectada por la situación de emergencia sanitaria y las consecuencias que de ella se deriven. La merma en la capacidad de pago deberá ser definida y acreditada de acuerdo con lo que establezca la reglamentación».
Es decir que, si un usuario no pertenece a los grupos mencionados anteriormente pero su situación económica haya cambiado drásticamente con la cuarentena y pueda verificarlo, podrá exigir que no se le corten los servicios alcanzados por el decreto, incluyendo telefonía móvil e internet.

Algo más: a quienes no puedan pagar sus servicios durante la cuarentena y por ende acumulen deuda, podrán cancelarla hasta en seis cuotas mensuales y con un interés máximo del 24% sin ningún otro tipo de recargo.

¿Qué hacer para evitar cortes en celular, teléfono fíjo y/o internet domiciliario?

Primeramente, se aconseja hacer una exposición en la/s empresa/s prestadoras de servicio por los medios de contacto virtual con los que cuente o bien por línea telefónica pero siempre solicitando un número de operación, el cual el usuario deberá anotar.

Luego de esto, se recomienda también notificar al ENACOM, entidad que regula los sistemas de comunicación, por vía telefónica al 423-4287/2144; 424-2733 o al correo electrónico: [email protected].

¿Qué pasa con los otros servicios?

La electricidad, agua y saneamiento y gas son regulados por EPRE, EPAS y ENARGAS respectivamente, es decir, organizaciones estatales que supervisan a las empresas proveedoras. El Despertador dialogó con responsables del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), quienes manifestaron que «las distribuidoras eléctricas locales están cumpliendo completamente el decreto».

Así mismo, declararon que en la Provincia hay cerca de «140 mil beneficiarios de la tarifa social», que igual que todos los demás beneficiarios del decreto 311/20 «no deben realizar ningún trámite».

Pero este organismo añadió dos grupos más a quienes no se les podrá efectuar cortes: «usuarios residenciales de Malargüe y de zonas rurales». Con esto último se alcanzaría a una importante población del territorio lavallino.

Además, desde el ente regulador explicaron: «si hay casos excepcionales, que no hayan entrado en los grupos decretados, tienen que hacer el reclamo a la empresa, pedir el número de reclamo y después informarlo al EPRE llamando al 148 opción 9 o por medio de nuestro sitio (www.epremendoza.gov.ar) para exponer su situación».

Si bien al cierre de esta edición no se tuvo conocimiento de lavallinos que hayan sido víctimas de suspensiones indebidas de algún servicio, sí lo hemos recibido de otros departamentos especialmente de internet domiciliario. Por lo que, ante casos similares se recomienda a los usuarios que antes de hacer sacrificios económicos perjudiciales para el grupo familiar, se contacten con algunos de los entes reguladores para ser aconsejados.