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6 julio, 2020

Ley sobre el piedemonte: ¿límite a todos o negocio inmobiliario para algunos?

  •   Por Franco D´Amelio

           

Así se refirió el director de Asuntos Estratégicos de la comuna, sobre la iniciativa del Ejecutivo provincial que pretende legislar la construcción en el Área Metropolitana de la precordillera. Surgen dudas sobre la pérdida de agua para los regantes del Departamento.

Para entender el tema siempre es bueno hacer un raconto: en 2019, Alfredo Cornejo estableció un decreto por el cual se prohibían las autorizaciones de construcción en la zona por un año (el cual se venció en febrero).

Suárez envió en mayo dos proyectos referidos al piedemonte y la precordillera, uno para crear un área natural protegida, y otro denominado «Ley de pautas de manejo y disposiciones específicas para la planificación integrada y sostenible de la Precordillera y Pedemonte del Área Metropolitana de Mendoza»; este último es el que genera mayor debate.

Tal como lo expresó este medio en notas anteriores, existe una fuerte preocupación tanto de las autoridades lavallinas como de los presidentes de las inspecciones de riego de la 4ta y 5ta zona de riego del Río Mendoza que atraviesan Lavalle.

Esto llevó a que el martes 30 de junio, el propio intendente lavallino Roberto Righi acompañado de los inspectores de cauce André Demetrio y Ricardo Giménez presentaran una nota al vicegobernador Mario Abed como presidente del Senado solicitándole poner freno a los emprendimientos en el piedemonte hasta que no se resuelvan las inquietudes de fondo.

Dichas inquietudes giran entorno al agua. Por un lado, el texto expone la “inexistencia de información relativa al agua que demandará el cumplimiento de la ley”, esto es clave y más teniendo en cuenta que “no se cuenta con el balance hídrico del Río Mendoza”.
Básicamente, lo que preocupa es que no se haya tenido en cuenta que, si se autoriza la factibilidad de provisión hídrica para nuevos emprendimientos, puede mermar la ya limitada agua que llega al agro, y en especial al lavallino que está al final de la cuenca del cauce. Dicho sea de paso, Lavalle, Guaymallén, Maipú y San Martín, beneficiarios de la cuenca, no fueron convocados para elaborar este proyecto.

Teniendo en cuenta esto se dialogó con Nadia Rapali, vocal de la Agencia de Ordenamiento Territorial de la Provincia, que sería el órgano de aplicación de la ley impulsada por el gobierno.

“No hay ninguna habilitación de emprendimientos inmobiliarios, eso es un error conceptual…lo que la ley hace es restringir aun más cosas que no estaban claras en la legislación vigente…hay zonas que directamente no se pueden ocupar, (con este proyecto) hay una zona mucho más restringida de la que antes había…no hay ningún permiso para expandirse”.

ED: ¿Entonces esta legislación no facilitaría, sino que limitaría más la construcción en el piedemonte?

NR: “Totalmente, inclusive deja en claro una serie de criterios mínimos para todos los departamentos por igual, que eso no existía…se dejan claras cosas que antes no podían prohibirse y ahora sí…entonces no va a haber mayor consumo de agua…yo entiendo la preocupación…pero en el piedemonte no hay infraestructura de agua potable… tampoco está planteado un proyecto para dar más agua…El que quisiera a futuro urbanizar tendría que ver si hay factibilidad de agua, que de hecho no hay por una cuestión de alturas de Mendoza…”

Sin embargo, en Lavalle miran con recelo el proyecto, no sólo porque no fueron consultados previamente, sino también por no se los consideró ni a los representantes municipales ni a los inspectores de cauces del Río Mendoza en la Unidad Interjurisdiccional del Piedemonte, que sería el órgano consultivo para aceptar o no nuevos emprendimientos en el área.

Gerardo Vaquer explica:
“nosotros tenemos una base humanista y social, no nos oponemos a que se les dé agua a las familias que por necesidad se instalaron en esa zona por inacción estatal…pero hay intereses urbanísticos mayores…”

“El problema es que la nueva ley da lugar a que se tramite la factibilidad”, afirma el funcionario lavallino y su planteo es simple: si un particular solicita la factibilidad de agua potable en el piedemonte, le será denegada con seguridad. Pero probablemente Aguas Mendocinas ceda a la presión de grandes consorcios inmobiliarios. Ahora bien, para que efectivamente sea factible la provisión hídrica serían necesarias grandes obras de infraestructuras complementarias.

“Te dicen que las pagará el emprendedor, pero la realidad es que, como lo demuestra la historia -y llevo 30 años en esto- siempre lo termina pagando el Estado… Un terreno que hoy vale poco sin agua, con la factibilidad aprobada vale 10, 15, 20 veces más, el negocio inmobiliario detrás de esto es tremendo”, dijo Vaquer.

Considerando que el proyecto de Suárez pone más restricciones que las leyes provinciales hasta ahora vigentes, algunos podrían suponer que lo dicho por el ex Secretario de Obras Públicas de Mendoza parece paranoico. Pero cuando uno analiza los datos expuestos por la colega Antonella Mattioli en una nota reciente en El Despertador, las cosas cambian.

Allí nuestra compañera cita datos publicados por la revista digital Área Tres donde se mencionan a los “dueños” del piedemonte mendocino.

Si tenemos en cuenta que entre Presidente Park S.A., Dalvian S.A., Dalvian House S.A., Palmares Valley S.A. y Fiduciaria Palmares Valley S.A. (todas empresas vinculadas al desarrollo urbanístico de lujo) son dueñas de más de 200 hectáreas en el piedemonte; las cosas se miran con más detenimiento.

Más considerando que dos de esas organizaciones están de algún modo vinculadas al empresario Daniel Vila, quien está acusado de haber hecho una represa ilegal para llevar agua de un cauce en el piedemonte para una propiedad suya.

Además, Dalvian S.A., fundada por su familia, tiene el antecedente de haber usurpado 12 hectáreas de la Universidad Nacional de Cuyo desde 1986, lo que llevó a un litigio judicial que finalmente en 2012 impulsó a la Corte Suprema de Justicia a fallar a favor de la casa de altos estudios; pero la restitución aún está demorada.

Por lo pronto, habrá que esperar para ver la reacción del radical Mario Abed a los reclamos lavallinos. Seguiremos informando.


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