En un año electoral, la seguridad y el combate al narcotráfico deberán pujar para instalarse en la agenda pública. El juez Gutiérrez de la Cárcova advierte sobre la infiltración del narco en el Estado

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Por: Sabrina Santopinto para Infobae

Se acercan los últimos días del año y dentro del balance político judicial son innumerables los temas en puja por ocupar el top ten de los más preocupantes. En este plano, la Iglesia aprovechó las épocas festivas para difundir un contundente mensaje apuntado a alertar sobre el avance del narcotráfico, la violencia y la inseguridad. Problemáticas que no pueden apartarse de la vista de los políticos -claro está-, dado que serán ejes determinantes de las campañas de quienes busquen disputar un lugar en el podio.

El narcotráfico no sólo ocupa los primeros puestos entre los temas más preocupantes de cara a 2015, sino que se ubica como uno de los más resonantes en el área judicial de los últimos tiempos, dado que a partir de las redes narcos se abre un paraguas de delitos que encierra a la trata de personas, el lavado de dinero o la corrupción de funcionarios, por mencionar algunos. Está claro que no se trata de un problema aislado y más aún que debe ser combatido mediante el trabajo conjunto de los distintos poderes y fuerzas policiales.

Sin ir más lejos, las últimas cifras marcan un importante aumento de secuestros de sustancias en diferentes allanamientos: en lo que refiere a trabajo de los últimos dos meses de Gendarmería se capturaron 12 toneladas de marihuana; hace dos fines de semana se descubrieron en Merlo más de tres hectáreas de cultivo de marihuana disimuladas en plantaciones de morrones y tomates; asimismo, en el mismo operativo se detectaron 13 personas traídas de Corrientes en estado de esclavitud, por mencionar algunos de los últimos casos evidenciados. Siguiendo esta línea de acción, según pudo conocer este medio, se preparan para inicios de 2015 varios operativos antidrogas y la Justicia tendrá en sus manos una nueva megacausa por este delito.

Lo cierto es que el mito instalado que define a la Argentina sólo como un lugar de paso de la droga comenzó a perder credibilidad cuando empezaron a detectarse en el país cocinas o importantes plantaciones de marihuana. En este contexto, la Justicia corre con un serio déficit detrás de organizaciones delictivas que cuentan con dinero y contactos suficientes para hacer que el negocio prospere y se reinvente, ganándole así por varios cuerpos de ventaja a quienes buscan seguir la ruta del delito.

Sumado a esto, en el país hay claras señales de alerta que no pueden ser pasadas por alto: la proliferación de los casos de sicariato, la gravedad que atraviesan puntos neurálgicos como Córdoba o Santa Fe, evidenciaron que el narcotráfico es un problema en ascenso que se instaló fuertemente en 2014 y que buscará, con dificultades, ser combatido en un año donde el foco pasará por la política partidaria. De la mano de esto, según explica el juez en lo penal económicoClaudio Gutiérrez de la Cárcova, la situación de los jueces que buscan investigar estas redes delictivas se torna más compleja: «Creció la magnitud de las redes narcos, y el ataque a los jueces se hizo más feroz«.

Así las cosas, la proliferación de la droga en la Argentina conlleva una señal para estar con la guardia en alto. En este contexto, este medio contó con el análisis del magistrado Gutiérrez de la Cárcova, quien interviene en la megacausa «Manzanas Blancas» (donde se descubrieron 3.500 kilos de cocaína), a la que hiciera referencia la presidenta de la Nación días atrás en uno de sus discursos. El juez destacó que la Argentina dejó de ser un país confiable dado que hubo causas como «Merluza Blanca«, «Carbón Blanco» o el escandaloso caso de «El rey de la efedrina» donde se desbarataron enormes redes delictivas.

«El narcotráfico está instalado hace muchísimo tiempo en la Argentina, afincado con injerencia mexicana en 2003 y con sicariato en los últimos tiempos. La contaminación que hay en las fuerzas policiales, donde encontramos el mayor exponente en el descabezamiento de toda la cúpula de la policía de Córdoba, nos lleva a pensar que si tenemos filtración en las fuerzas, en los poderes del Estado, no descarto también la filtración en el Poder Judicial«, sostiene el magistrado y va más allá en su testimonio al sostener que «frente a este negocio es imposible mantener la impermeabilidad: penetra en el sistema corrompiendo a las fuerzas policiales, al sistema judicial, a la política y esto pone en jaque al sistema democrático».

Si bien hay signos positivos del trabajo entre las fuerzas, esto no parece ser suficiente cuando se enfrentan cifras que dejan al desnudo a la Argentina como uno de los primeros países consumidores de cocaína de Latinoamérica.

Los magistrados sin rostro en Colombia

Estableciendo un comparativo con Colombia, el magistrado da cuenta de una justicia maniatada, que vive bajo constante amenaza y donde los magistrados deben ocultar sus identidades: los llaman «los jueces sin rostro«.

En el país caribeño el tráfico de drogas recrudece día a día: se estima que este comercio mueve cerca de 18.000 millones de dólares. Las organizaciones narcos se fortalecen y expanden sus fronteras a otros países. La realidad de la Justicia colombiana frente al juzgamiento de los casos de drogas difiere a grandes rasgos del escenario en la Argentina.

Los magistrados en Colombia están ocultos y viven bajo la amenaza constante de narcotraficantes que transitan con un poderoso manto de impunidad y que atentan contra sus vidas. «Usted en mi país no estaría hablando acá. Porque en mi país los jueces están sin rostro, detrás de un vidrio blindado, con una capucha y un número para identificarlos. Son jueces sin rostro, justamente porque en mi país a los jueces los matamos». Gutiérrez de la Cárcova reproduce uno de los relatos que le tocó vivir como protagonista.

La historia de estas redes delictivas lleva a que en el año 2000 Estados Unidos pusiera más de u$s2.000 millones en Colombia para combatir el narcotráfico, lo que logra finalmente resultados inversos: lejos de ser exterminadas, las organizaciones se desplazaron y buscaron refugio en lugares más permeables, con legislaciones más laxas, como fue el caso de la Argentina.

Lo cierto es que en Colombia -contrario a lo que se intenta reflejar- los carteles se expanden y los jueces se ven obligados a esconderse para defender su vida. Lejos de esto, en la Argentina, si bien se comenzó a hablar de la instalación de grupos colombianos que podrían ingresar al país buscando vías alternativas para el paso de la droga, la realidad es otra y la justicia local aún busca vías para fortalecer las investigaciones de contrabando de estupefacientes. Habrá que esperar para ver si en el año electoral que se avecina la seguridad y el combate al narcotráfico logran -como se viene anunciando en las campañas- instalarse como temas prioritarios en la agenda de trabajo. La necesidad está a la vista.