Había un debate en educación que parecía superado. La dicotomía entre servicio y derecho educativo parecía ganada definitivamente por ésta última. Sin embargo, el viejo discurso de la década del 90 quiere volver a instalarse. ¿Podrá?

Desde el último plenario del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación se decidió hacer una caravana por todas las escuelas de la Provincia para informar a celadores y docentes sobre las problemáticas educativas. Estos recorridos confluyeron el pasado viernes en la Legislatura dando inicio a una vigilia que cierra este domingo ante el discurso que deberá brindar el gobernador Alfredo Cornejo. El objetivo, en palabras de Aguilar es: «visibilizar que hay un conflicto que se está agravando, que estas políticas neoliberales de ajuste están perjudicando al sistema educativo en lugar de ayudarlo».

El docente sindicalizado explicó a este medio que por un lado se exige la reapertura de paritarias pero que no se trata tan sólo de una cuestión de dinero sino que: «el ítem aula es aberrante, porque permite hasta tres días de licencia por mes. Entonces una educadora con un embarazo de alto riesgo, que debe hacer reposo absoluto, no puede cobrarlo. Yo no entiendo al gobernador Cornejo y a Correa cuando dicen que van a premiar al que haga las cosas bien, entiendo que una madre que hace reposo para proteger la vida de su hijo está haciendo las cosas bien…También están los cierres de grados y además de esto hay actualmente docentes en todas las escuelas que están yendo a clases enfermos porque no pueden tomarse más de tres días aunque la ley de licencias (5811) lo permita, entonces debe ir enfermo a trabajar a riesgo de contagiar a los chicos porque si se le descuenta el ítem aula se le hace difícil mantener a su familia. Entonces ¿cómo se puede hablar de mejorar la calidad educativa si obligan a los trabajadores a ir enfermos a trabajar? Es cierto lo que dice Correa que se baja el ausentismo pero ¿a qué precio?

ED: ¿Qué cree que busca entonces el ítem aula?

GA:»Es claro que no es la calidad ni el derecho a la educación, con estas medidas que hacen que un docente aunque deba cuidar a un familiar o tenga un embarazo riesgoso, o esté enfermo, no pueda faltar más de tres días, lo que en realidad se intenta encubrir es un ajuste, no quieren pagar suplentes».

Volver al pasado: el caso lavallino

El delegado del SUTE en el Departamento comentó que el gobierno ha dejado de garantizar el transporte escolar para niños de ciertas zonas rurales como por ejemplo Jocolí. Sobre esto dijo: «en la escuela Tito Francia hay 50 niños que están cerca de quedar libres porque el colectivo que antes los llevaba ya no está prestando ese servicio y las pocas frecuencias que hay no coinciden con los horarios de la escuela. También hay horas para programas a trabajar con esos chicos que no se están pudiendo utilizar y también se corre riesgo de perderlas».

Aguilar declaró que si bien estas dificultades existían antes, en este tiempo se han agudizado y esto se debe en su opinión a que: «…este gobierno quiere volver al discurso de los 90′ cuando se hablaba de la educación, con la Ley Federal, como un servicio a prestar; eso lo superamos con la nueva ley educativa que reconoce a la educación pública como un derecho que tiene que garantizar el Estado…Cuando se ve a la educación como servicio el aparato público dice ‘la escuela está ahí prestando el servicio, si los chicos no van es problema de los chicos’. Esto lo podemos ver claramente en la escuela Tito Francia de Jocolí, porque si el gobierno no se hace cargo del transporte para los niños, éstos no pueden asistir, ‘pero la escuela está ahí’.

«El director general de escuelas y otros funcionarios han vuelto a hablar de ‘garantizar el servicio educativo’, nada de esto es casual sino que persigue un objetivo, es encubrir un ajuste, porque ver a la educación pública como un derecho a garantizar implica una mayor inversión, es pagar más transporte para que los niños lleguen, es ir a buscar en una 4×4 a chicos del Secano que no tienen otra forma de ir a la escuela…En cambio con el ítem aula y todas estas otras medidas no se busca la calidad educativa sino ir contra el derecho a la educación que tienen los niños y jóvenes. No se puede comparar la educación a una empresa.

Por eso le pido a los padres y a toda la ciudadanía que nos apoyen en esta lucha que no es salarial sino en defensa del derecho a una educación pública de calidad».