La ministra Patricia Bullrich y los secretarios Gerardo Milman y Gonzalo Cané junto al gobernador y el ministro de Seguridad de Mendoza, definieron las líneas de acción para evaluar la inconveniencia y la imposibilidad de la puesta en marcha del fallo de la Corte provincial.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza hizo lugar a un Hábeas Corpus colectivo, que permitirá la inmediata liberación de más de 800 personas procesadas sin sentencia. Asimismo, le ordenó a los órganos jurisdiccionales y al Ministerio Público la “regularización” de las persones con órdenes de detención fiscal sin control jurisdiccional.

A partir de este hecho, en una teleconferencia, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el ministro de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier; el secretario del Consejo de Seguridad Interior, Gerardo Milman; y el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios, Públicos y Legislaturas, Gonzalo Cané; evaluaron la imprudencia y el peligro que significaría el fallo del máximo tribunal y determinaron los pasos a seguir, tanto a nivel operativo como a nivel judicial, que serán definido a lo largo del fin de semana.

El objetivo planteado es que la Corte Suprema no implemente y no ejecute en forma material este fallo y buscarán que ésta dicte una acordada de suspensión o prórroga hasta tanto se convoque a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia. A la vez se evalúa convocar, en el marco de la Ley de Seguridad interior a la mesa de crisis en conjunto  con el Ministerio de Seguridad ya que al ser Mendoza una provincia de frontera esta decisión podría alterar la política de seguridad dictada a nivel nacional y disponer de una cantidad de recursos que deberían ir a la lucha contra el narcotráfico a la ejecución del mencionado fallo.

Según los funcionarios, la decisión posee diversos efectos, entre los cuales destacaron: “crear un ambiente de indefensión en la población de la provincia, poner en peligro la integridad de quienes colaboraron como testigos con el sistema judicial y, fundamentalmente, generar un claro estado de gravedad institucional al provocar una situación de emergencia de seguridad”.

“Esta decisión judicial es contraria al diagnóstico efectuado por las autoridades locales en la última reunión del Consejo Federal de Seguridad, donde se votó unánimemente por la necesidad de declarar la emergencia en seguridad pública”, agregaron.

“Fue una decisión de la Corte para adentro del Poder Judicial”, lamentaron los funcionarios, quienes al mismo tiempo, pusieron en duda que las disposiciones del máximo tribunal sean factibles de ser aplicadas: “Mendoza está lejos del esquema ideal en procesos penales, por lo que es una incógnita saber si el Poder Judicial estará a la altura de aplicar estas nuevas disposiciones”, concluyeron.