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La Región

7 de enero de 2015

Caso Bolognezi: la Corte decidió no decidir

  •   Por El Despertador
           

Los abogados de la familia del adolescente asesinado en 2002 presentaron un recurso de casación, que fue aceptado y elevado a la Suprema Corte de Justicia. Ahora el máximo tribunal envió el escrito a la Cámara del Crimen para que esta dictara la prescripción de la causa. El crimen queda impune. Harán una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Por: Verónica Gordillo para EDICIÓN UNCUYO

 Fotos: Archivo/Axel Lloret

El crimen de José Luis Bolognezi, asesinado en septiembre del 2002 y cuyo cuerpo apareció en un baldío en pleno centro de San Martín, quedará impune. Esta vez la Suprema Corte de Justicia de Mendoza decidió no decidir: no contestó un recurso de casación presentado por los abogados de la familia del adolescente y envió el escrito a la Cámara del Crimen del departamento del Este, para que resolviera la prescripción de la causa, que se efectivizó a fines de octubre. Ahora, la única posibilidad de Justicia que le queda a la familia del adolescente asesinado es la presentación que harán los abogados Lucas Lecour y Sergio Salinas, de la Asociación Civil para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos (Xumek) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que no es contra una persona, sino contra el Estado argentino por haber permitido que el crimen quedara impune.
Sin Justicia
José Luis Bolognezi, a quien su familia y amigos llamaban “Kote”, fue asesinado la madrugada del 14 de septiembre del 2002 y su cuerpo fue encontrado en un baldío ubicado frente a la estación de servicio La Jirafa, en San Martín.La investigación fue liderada por el juez Ricardo Shultz e intervino como subrogante Carlos Dalton Martínez. La Justicia señaló como primeros sospechosos al hijo de un conocido empresario de la zona, Abdo Girala; al cobrador de la firma, el exboxeador Carlos «Metralleta» Pérez; a Sebastián Martínez (hijo del juez) y Claudio Bonivardo. Los dos últimos fueron exculpados sin llegar al juicio oral y sólo quedaron imputados Girala y «Metralleta» por homicidio en agresión, que es cuando varias personas agreden a un sujeto pero no se sabe quién lo mató.

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Por el crimen se sustanciaron dos juicios. El primero concluyó en 2009 y los jueces Carmen Alicia Coronel, José Balliro y Pedro Bernardo Carrizo absolvieron a los dos imputados por falta de pruebas. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia anuló la sentencia y ordenó realizar un nuevo juicio. Esa nueva instancia comenzó en noviembre del 2013 y  concluyó el 8 de julio de 2014. Los magistrados Ariel Spektor, Viviana Morici y el presidente del tribunal, Eduardo Orozco, absolvieron al exboxeador «Metralleta» Pérez. En cuando a Girala, también fue absuelto, aunque en este caso Orozco votó en disidencia y se pronunció por su condena.

Unos días después de conocida la sentencia, el hermano de José Luis, Dante Bolognezi, dijo a Edición UNCUYO que llegaría hasta las últimas consecuencias para que el crimen no quedara impune. Ese fue el mandato que les dio a los abogados representantes de la familia. Por eso, los letrados de Xumek presentaron ante la Cámara del Crimen de San Martín un recurso de casación, es decir que apelaron la sentencia a un tribunal superior. El mismo fue aceptado y elevado a la Suprema Corte de Justicia.

Las razones en las que fundaron la presentación fueron las irregularidades en la investigación del crimen, que fueron probadas en el segundo juicio. Entre ellas: la desaparición de casetes de las escuchas telefónicas; la incineración y adulteración de los libros de la Comisaría 12 –que fue la primera que investigó la causa–; el encubrimiento policial; las contradicciones respecto de la hora en que llegaron los efectivos al baldío; la contaminación de la escena del crimen, que impidió trabajar correctamente a Policía Científica; la falta de comunicación y colaboración entre las comisiones de investigación, y la relación entre Orlando Funes (policía que investigaba el caso) y el padre de Girala, comprobadas a través de las escuchas telefónicas.
Frente a la nueva presentación, el máximo tribunal podía confirmar la sentencia, cambiarla (es decir, condenar a quienes fueron absueltos –Girala y Metralleta Pérez–) y en ese caso pedir a otra Cámara que fijara la pena. Otra de las opciones era que dejaran que la causa prescribiera sin tomar una decisión, lo que ocurrió efectivamente los últimos días de octubre.
Sergio Salinas explicó a Edición UNCUYO que, cuando hicieron la presentación, dejaron explicitada la necesidad de que el máximo tribunal tomara una decisión, teniendo en cuenta la cercanía de la prescripción de la causa.  Pese a la advertencia de los letrados, la Corte tomó una decisión que Salinas describió como “confusa y poco usual”. Envió el escrito nuevamente a la cámara de origen, es decir, la Cámara del Crimen de San Martín, para que ese fuera el organismo que determinara la prescripción de la causa y no la Corte. Frente a esta determinación y siguiendo el pedido de la familia del adolescente asesinado, Salinas explicó que en los próximos meses realizarían una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no contra una persona, sino contra el Estado argentino por permitir que el crimen del adolescente de 19 años quedara impune después de trece años.

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