El 8 de julio de 1989 Carlos Saúl Menem asumía la presidencia de la Nación, ese mismo año economistas, académicos y funcionarios estadounidenses junto con autoridades del FMI y del Banco Mundial fundaron lo que históricamente se denominó el «Consenso de Washington».
Un pacto que establecía el alineamiento con las políticas económicas estadounidenses (tendientes a beneficiar a los conglomerados comerciales y perjudicar a las PyMEs y sectores sociales más vulnerables) como condición necesaria para el otorgamiento de crédito internacional y ayudas económicas a países «en vías de desarrollo».
Esta semana el gobernador electo de la Provincia, Alfredo Cornejo, viajó a los Estados Unidos a fin de «tranquilizar a los inversores» porque Mauricio Macri «se lo encargó». El objetivo de la gira en territorio del norte es la obtención de créditos del país gobernado por Obama.
El encargo del candidato a presidente de Cambiemos no es casual ya que su relación con las autoridades estadounidenses tiene larga data. Como ejemplo cabe destacar que recientemente el sitio WikiLeaks reveló las reiteradas entrevistas, Mauricio Macri mantuvo con la embajada de EEUU durante los distintos gobiernos kirchneristas pidiendo que «intervengan» en la política interna del país.
Desde mucho antes que los resultados electorales ajustaran los cinturones oficialistas tanto desde el macrismo como de algunos referentes radicales (Ernesto Sanz especialmente) se viene hablando de la necesidad de un «ajuste». Esto tradicionalmente ha implicado fuertes reducciones en la inversión estatal en educación, salud pública, redes de contención social y jubilaciones en todo Occidente; es decir mayores beneficios al sector empresarial (grande, no PYME) en perjuicio de las condiciones de vida del común de la población.
Rogelio Frigerio, uno de los asesores económicos de Cambiemos habla hoy de la necesidad de un ajuste pero «con responsabilidad», uno distinto. «Hoy nadie exige un ajuste como en el pasado y además no son viables los ajustes ortodoxos que se tomaban (anteriormente) después de gobiernos populistas. Son errores que no se pueden volver a cometer» explicó.
Sin embargo, el concepto de «ajuste con responsabilidad» no parece convencer a los gremios estatales mendocinos que esta semana se manifestaron en contra de una medida judicial interpuesta por la ONG CLADH que busca impedir el pase a planta de cientos de empleados públicos acordados en paritaria. Sitea, Ampros, Judiciales y ATE consideran que la medida es violatoria de lo acordado en paritaria, que básicamente consistió en el pase a planta de cientos de empleados que llevan años trabajando para el Estado. Los gremios acusan que los denunciantes tienen claras vinculaciones con el cornejismo.
Por otro lado un grupo de docentes no alineados con SUTE pertenecientes a la Lista Roja se manifestaron también esta semana (con escasa cobertura mediática) en el KM0 para exigir el pago de salarios a docentes que trabajan en planes nacionales como el FINES o Ellas Hacen los cuales se adeudan desde hace meses, según afirmaron.
Recapitulando hechos se pueden observar los siguientes acontecimientos: el gobernador electo busca créditos en Estados Unidos, pero no en el sector productivo, sino en el financiero, el asesor de Cambiemos habla de un «ajuste con responsabilidad» (sin especificar dónde se haría la reducción) y una misteriosa ONG (con financiación desconocida) intenta frenar judicialmente pases a planta no de funcionarios políticos sino de personal de base que lleva años trabajando precarizadamente para el Estado.
Situaciones que aisladamente parece incongruentes pero que sumadas se asemejan a un cóctel bastante familiar al servido en la década del 90. ¿Tiempos de ajuste con acento extranjero? Maybe.