En cuanto ganó el balotaje los abogados del presidente electo plantearon a Casanello que dictara el sobreseimiento.

El fiscal federal Jorge Di Lello dictaminó este jueves a favor del sobreseimiento del presidente electo, Mauricio Macri, en la causa por las supuestas escuchas telefónicas ilegales desde el Gobierno porteño entre 2008 y 2010.

Fuentes judiciales informaron que el pronunciamiento del funcionario del Ministerio Público se inclinó por desvincular de la causa al próximo jefe de Estado que, en principio, había estado procesado en 2012.

Días atrás, el juez federal Sebastián Casanello dio por cerrada la instrucción y consultó a la fiscalía y las querellas para que se expidan, antes de que asuma la Presidencia, si Macri sigue imputado o es sobreseído.

Ya en 2012 el entonces jefe de Gobierno opinó que esta causa es «un invento hecho por el kirchnerismo» y contestó con un «claramente» cuando se le preguntó si creía que la presidenta Cristina Fernández la impulsaba.

En cuanto Macri ganó el balotaje, sus abogados, Santiago Feder y Ricardo Rosental, plantearon a Casanello que dictara el sobreseimiento porque las pruebas no habían permitido disipar las dudas por las que el juez lo apartó del juicio oral.

​Casanello había pedido a la Justicia de Estados Unidos un informe sobre la contratación de la empresa Ackerman, supuestamente utilizada para espiar al cuñado de Macri, Daniel Leonardo, quien por entonces estaba en pareja con Sandra Macri.

El padre de Macri, Franco, declaró a lo largo de la causa que había sido él quien contrató a la empresa trasnacional porque era él quien estaba preocupado por la suerte de su hija.

El juez recibió semanas atrás un informe de la Justicia de Estados Unidos en la que encontró evasivas y pocas precisiones sobre sus interrogantes, y una suerte de tácito anuncio de que no habría mayor información.

Solicitud

Uno de los querellantes, Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas del atentado a la AMIA, requirió que Macri, vaya a juicio oral junto al resto de los procesados. Y aún falta la decisión de Leonardo.

Cuando Casanello tenga todos los pronunciamientos adoptará una resolución final que, cualquiera fuera, es apelable en por lo menos dos instancias más y podría llegar incluso hasta la Corte Suprema de Justicia.

En la causa se investiga una red de espionaje que se montó en distintas órbitas del Gobierno porteño para intervenir teléfonos con ordenes judiciales de empresarios y dirigentes.

La causa empezó en 2009 cuando Burstein estaba de viaje en Nueva York con la presidenta Cristina Fernández para participar de una asamblea en la ONU y un agente de la SIDE llamó a su casa del barrio de Almagro y habló con su hija diciéndole que el teléfono de su padre había sido «pinchado».

Según Burstein, el desconocido dijo que había sido por orden del Jorge «Fino» Palacios, entonces jefe de la Policía Metropolitana, a quien el marido de una víctima de la AMIA denunciaba por el desvío de la «pista siria» en el atentado.

Por esta causa irán a juicio Palacios, al espía de la policía federal Ciro James y al ex ministro de Educación Mariano Narodowski, además de ex jueces, empleados judicial y policías de Misiones, acusados de integrar una red que desde el Estado porteño realizaba intervenciones telefónicas ilegales.

Todos ellos serán juzgadas a partir del 5 de septiembre de 2017 por el Tribunal Oral Federal 5.