El organismo que reúne a los ministros de las 24 jurisdicciones del país acordó “por unanimidad” una resolución que establece los protocolos que permiten proyectar el regreso seguro a clases en varios distritos. La Ciudad de Buenos Aires, que tiene un nivel de riesgo medio, a partir del próximo martes iniciará algunas actividades en los patios de los colegios.

El nuevo semáforo epidemiológico flexibiliza las condiciones para reabrir las escuelas. De acuerdo al primer protocolo, solo podían pensar en un regreso aquellos distritos con nula o baja circulación del virus. Ahora, las grandes ciudades, aquellas de más de 500 mil habitantes, podrán ajustar el modelo del CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos) para medir el riesgo de una apertura.

El modelo sigue tres indicadores:

1- La cantidad de casos diarios de acuerdo a la población en los últimos 14 días.

2-La disponibilidad de camas.

3- Si la infraestructura educativa está en condiciones de aplicar los protocolos de higiene y distanciamiento.

En otras palabras, mide la capacidad de una jurisdicción de contener un brote. De ese entrecruce de variables surge un indicador que determina si el riesgo es bajo, moderado o alto. Solo en los casos de bajo riesgo, los distritos pueden emprender el regreso a clases.

El arribo a un acuerdo fue complejo. Entre el martes y hoy, hubo largas horas de discusión, de revisión de artículos y cuestionamientos. Los funcionarios provinciales elevaron la voz y le cuestionaron al ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, la postura de avanzar en el peor momento de la pandemia, cuando durante meses casi todo el Interior estuvo exento del virus.

La firma de la resolución no implica que se vaya a dar un regreso a las clases en los próximos días. De hecho, la mayoría de las provincias ni siquiera se plantea volver a las aulas antes de fin de año.

El texto indica que solo podrán volver a clases las ciudades con «bajo riesgo» y enumera nueve condiciones que deben cumplirse. Entre ellas, evaluar la forma de transporte de estudiantes y docentes, para que no haya traslado interprovincial, la capacitación al personal docente y no docente y dar una alternativa a los chicos que sufren enfermedades preexistentes.

El documento consiste en indicadores epidemiológicos complementarios al protocolo marco aprobado en el mes de julio que permiten orientar a las jurisdicciones en la toma de decisiones, con información objetiva en relación al nivel de riesgo de contagio de la comunidad educativa, especialmente para áreas urbanas y periurbanas.

En ese sentido, se aprobaron diferentes protocolos específicos para definir la reanudación de las actividades presenciales en las escuelas. «Este borrador lo hemos recibido el miércoles por la mañana, y hemos tenido que trabajar rápidamente en su tratamiento, y lo que tiene de positivo es que le otorga autonomía a las jurisdicciones para poder, así, tener su mapa de trabajo», explicó Thomas.

«Esto es bienvenido, y nos pone en una situación de coordinar acciones con el Ministerio de Salud para lograr llevar adelante estos criterios y estar preparados para cuando podamos tener algún tipo de presencialidad», agregó el titular de la Dirección General de Escuelas.

No obstante, Thomas dejó en claro que Mendoza no se encuentra actualmente en condiciones de alcanzar algún tipo de presencialidad y no hay fecha confirmada de regreso a las aulas en nuestra provincia, no obstante manifestó que si se mantiene el amesetamiento y una posterior disminución de contagios por COVID-19, se espera sí tenerlo antes de fin de año, aunque no de una manera masiva y sí para favorecer a aquellas trayectorias de alumnos más débiles, y de los estudiantes secundarios de 5° año de Orientada y de 6° año de escuelas técnicas.

La evolución de la pandemia por COVID-19 es muy dinámica y requiere, constantemente, adoptar nuevas medidas que permitan minimizar los riesgos de convivir con el virus. La toma de decisiones debe ser abordada de manera multidisciplinaria, por cada una de las jurisdicciones, teniendo en cuenta las condiciones y cumplimiento previo de los nueve puntos elaborados por los especialistas de salud, que a continuación se enuncian:

1) Contar con representantes de educación en el Comité Operativo de Emergencia (COE) para la toma de decisión del reinicio de actividades.

2) Evaluar la forma de traslado que utilizarán los niños, las niñas, docentes y no docentes, para asistir a los establecimientos.

3) Contemplar la situación habitacional o niveles de hacinamiento de los niños, niñas y docentes y planificación de acciones preventivas.

4) Instruir adecuadamente al personal docente y no docente acerca de los protocolos que deben seguirse para minimizar los riesgos de transmisión durante el tiempo de permanencia en la institución, con planificación de monitoreos permanentes.

5) Tener los procedimientos detallados sobre cómo actuar ante la aparición de un caso sospechoso y/o confirmado de COVID-19 en la escuela.

6) Articular entre las carteras de Salud y Educación local para la detección de casos sospechosos, procurar la realización del diagnóstico de laboratorio a fin de dar una respuesta rápida y realizar el rastreo de contactos estrechos y su monitoreo.

7) Poseer un sistema integrado de trabajo intersectorial que permita identificar y dar seguimiento a problemáticas complejas como violencia, patologías de la salud mental, trabajo infantil, dificultades de los hogares para realizar aislamientos en caso de ser necesarios, entre otras.

8) Considerar estrategias para aquellos niños y niñas con factores de riesgo que no puedan asistir de manera presencial.

9) Abordar estrategias para aquellos niños y niñas convivientes de personas con factores de riesgo.