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23 octubre, 2020

Un confuso episodio en Lavalle que pone en el centro, la falta de vivienda

  •   Por Juan Burba
           

El pasado lunes se produjo un confuso episodio en tierras pertenecientes al Barrio Dorrego Sur de Villa Tulumaya, en el cual un grupo de personas trataron de marcar lotes sin autorización. Esto reaviva, junto a otros hechos en diferentes lugares del país, un debate que debemos darnos como sociedad: el derecho a la vivienda. En esta nota intentaremos desmadejar diferentes aristas que tiene esta temática y abordar algunas reflexiones con este ejemplo local. Además de brindar información puntual al respecto.

El pasado lunes se produjo un confuso episodio en tierras pertenecientes al Barrio Dorrego Sur de Villa Tulumaya, en el cual un grupo de personas trataron de marcar lotes sin autorización. Esto reaviva, junto a otros hechos en diferentes lugares del país, un debate que debemos darnos como sociedad: el derecho a la vivienda. En esta nota intentaremos desmadejar diferentes aristas que tiene esta temática y abordar algunas reflexiones con este ejemplo local. Además de brindar información puntual al respecto.

El déficit habitacional en la provincia de Mendoza es de unas 100 mil viviendas. Es decir: faltan, en nuestra provincia, unas 100 mil casas, es decir que hay 100 mil familias que viven hacinadas (demasiada gente en una sola casa), en casas muy precarias que no son seguras, o en la calle. Y claramente, la gran mayoría de esas familias no tiene condiciones económicas para comprar un terreno, ni construir una casa como la reglamentación manda.

Argentina no escapa a esa realidad (faltan más de 3 millones de viviendas) y lo ocurrido en las últimas semanas en la localidad de Guernica, en la provincia de Buenos Aires, es una muestra. Más de 2 mil familias tomaron un predio cercano a un barrio privado en reclamo por vivienda. El gobierno de Buenos Aires resolvió parte del conflicto relocalizando a una parte de las familias, aunque otras todavía están en el lugar, y se está en plenas negociaciones. Pero la justicia hizo lugar al reclamo de los supuestos dueños y ordenó el desalojo. Si bien el accionar del ejecutivo conducido por Axel Kicillof pudo resolver parte de la situación y evitar un desalojo violento, el conflicto sigue latente. Y lo seguirá, aquí, allá y acullá, porque el problema de fondo no se resuelve: faltan casas para que la gente viva dignamente.

Y aquí una reflexión que cabe hacer. Hay familias o grupos de familias, organizados previamente o con cierta espontaneidad, que ocupan lugares, públicos o privados, para realizarse una vivienda por las necesidades mencionadas: hacinamiento, la imposibilidad de pagar el alquiler o estar en situación de calle. Vale agregar que en muchos casos son mujeres que sufren violencia a lado de sus maridos y buscan lugar para alejarse, muchas veces con sus hijos e hijas. Entonces se buscan un terreno y lo «toman», algunas veces con la intención de construir y quedarse ahí, y otras veces con la intención de manifestarse por la problemática, y aceptar un terrenito en otro lado para cumplir con el sueño y el derecho de la casa propia. Esta realidad, le guste a quien le guste, es insoslayable.

¿Hay en esos procesos derechos vulnerados que los Estados no atienden?, claro que si, ¿hay «vivos» que pretenden hacer negocio con eso? claro, (me agarro varios lotes y después los vendo), ¿hay quienes se erigen en jefes y dirigentes que, sin legitimidad colectiva, reparten a dedo lotes y recursos?, pues claro. Pero todos estos «desvíos» y muchos más, no tapan la problemática de raíz que es el déficit habitacional.

El derecho a la vivienda digna está contemplado en nuestra Constitución Nacional y una importante cantidad de tratados internacionales a los que Argentina adhiere. Por lo tanto es una obligación de los Estados cumplir con ese derecho. Por ejemplo en Buenos Aires existe el subsidio habitacional que paga el Instituto de la Vivienda (IVC) a las familias que no tienen casa para que paguen un alquiler mientras les dan un crédito para comprar o construir. Justamente porque es un derecho garantizado constitucionalmente el Estado debe hacerlo cumplir. Hace algunos días un juez federal de Bariloche falló a favor de familias que habían tomado un predio haciendo hincapié en ese concepto: no ordenó el desalojo sino que instruye al gobierno para que haga un censo y ofrezca una salida habitacional a las familias.

¿Y por Lavalle como andamos?: lo ocurrido esta semana en el Dorrego Sur

En Lavalle se calcula que el déficit habitacional es de unas 3000 viviendas. Es decir a 3000 familias lavallinas les hace falta una casa digna donde poder vivir. Pero además ocurre otro fenómeno. Por nuestra cercanía con el Gran Mendoza, muchas familias, de todos los niveles sociales eligen nuestro departamento como posible lugar de residencia. A veces esas familias tienen cierto poder adquisitivo y pueden comprar legalmente un terreno y construir su casa, y otras veces, por las condiciones en las que viven en sus departamentos de origen toman, o compran informalmente, algún terreno y comienzan a edificar de manera precaria.

Lo sucedido esta semana en el Barrio Dorrego Sur de Villa Tulumaya tiene un poco de todo y es un hecho confuso que habrá que seguir investigando. El pasado lunes un nutrido grupo de gente, algunos vecinos y vecinas del propio barrio, y otras oriundas de Guaymallén y Las Heras, ingresaron a una fracción de terreno que está hacia el norte del barrio y comenzaron a marcar lotes. Una parte de ese terreno pertenece al propio barrio, es decir, es de propiedad de la Asociación Vecinal y más al norte una fracción de un privado. Los lotes se alcanzaron a marcar con estacas pero por la denuncia de algunos vecinos del barrio acudió la policía el día martes.

El Despertador estuvo esta semana en el barrio y conversó con muchos vecinos, entre ellos uno de los protagonistas: Roberto Arancibia. Nos explicó que la toma, sobre todo el día martes, fue hecha por familias del propio barrio para evitar que personas de afuera pudieran meterse en esos terrenos. Sobre la situación legal de la propiedad afirmó que una parte son terrenos de la asociación y que se está regularizando la situación de la comisión porque los papeles no están al día. Dijo ser el nuevo presidente y afirmó que una vez regularizados los papeles se debatirá entre los vecinos sobre las necesidades, para ver qué familia podría ser beneficiaria de nuevos lotes para construir. Nos explicó de una realidad sabida: la mayoría de las familias del barrio están «apretadas» en sus casas y necesitan otras viviendas para poder vivir mejor. E insistió que esa es la idea que esta nueva gestión está encarando. La presencia de la policía la explicó como una colaboración para que esta suerte de auto-toma fuera en paz frente a «los de afuera».

Pudimos conversar con otro grupo de vecinos que no fueron parte de este hecho, pero que en días posteriores pudieron enterarse de cómo se fueron dando los sucesos. Afirmaron que las intenciones de esta «nueva conducción» no son las de repartir los lotes según los criterios mencionados por Arancibia, y que incluso les habían dicho que iban a tener que pagar 4 mil pesos por mes para acceder al lote. Además manifestaron que ya se repartieron lotes entre familiares, y que no se había hecho ninguna elección de un nuevo presidente. Pudimos saber que la comisión anterior está muy desactualizada, y que incluso muchas de sus autoridades ya no viven en el barrio. Sin duda, ante la necesidad de vivienda, y la situación formal de la Asociación Vecinal, es necesario una puesta al día. Lo que parece vidrioso son los métodos.

Consultado nuevamente sobre esto, Arancibia negó que se esté pidiendo dinero a cambio y que los lotes no están asignados aún. Insistió en que primero se van a regularizar los papeles. Reconoció que en la parte privada (que no corresponde al barrio) hay gente que le compró a un tal Tomelín, pero que «eso es un problema entre ellos, nada que ver con el barrio».

Sobre la situación formal consultamos a Alejandro Rodríguez, responsable de la Oficina de Catastro del municipio. Para poder lotear un agrimensor tiene que realizar un proyecto y pedir la factibilidad técnica en la Municipalidad, Aysam, Edemsa y demás servicios. Y hacia el interior de la Asociación, los vecinos socios deben estar de acuerdo, ya que es un terreno que corresponde a esa personería jurídica, y no puede decidir una persona, ni siquiera siendo autoridad de la comisión, en solitario. En el caso planteado en esta nota, al ser un conflicto entre privados (tanto el terreno del barrio como el otro mencionado) la comuna no tiene injerencia y no puede intervenir en ese aspecto. Deberá tomar partido si alguien comienza una construcción no autorizada (clandestina) y frenar esa obra, pero mientras eso no ocurra, los hechos presentados se deberán dirimir entre los involucrados.

El tema es como una ollita a presión que va juntando y cada tanto libera en diferentes expresiones. Dijo el dirigente Juan Grabois en una nota de opinión, publicada en varios medios cuando ocurrió lo de Guernica «odio las tomas, en las tomas la gente pasa frío, hambre, sufre lo indecible, es víctima de todo tipo de situaciones espantosas, se expone a la represión… por eso comprendo, los justifico, acompaño y defiendo a cualquier familia que se vea empujada a ocupar un pedazo de tierra».


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