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8 diciembre, 2020

Derechos sexuales y reproductivos sin caer en la grieta

  •   Por Juan Burba
           

En nuestro país existe la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) desde 1921. Nuestra provincia tiene su propio protocolo para el procedimiento, que garantiza este derecho
a las mujeres, en los casos contemplados por la ley.

Esta semana, a partir de la iniciativa del Ejecutivo Nacional, y cumpliendo con una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández, comenzó, nuevamente, el debate por la despenalización del aborto en el Congreso de la Nación. Pero desde 1992 que existen proyectos de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y en el 2007 ingresa formalmente, por primera vez, en el Parlamento Nacional.

La ultima oportunidad fue en el 2018 (presentado ese año por séptima vez), durante la gestión de Mauricio Macri. El proyecto se debatió en audiencias públicas con cientos de expositores de ambas posiciones (a favor y en contra), en comisiones parlamentarias y en la Cámara de Diputados donde la votación (el 14/06/2018) salió favorable al proyecto de legalización y despenalización del aborto por 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención, en una sesión que duró casi 24 horas. No corrió la misma suerte en el Senado donde (el 09/08/2018) con 38 votos en contra y 31 a favor, el proyecto cae.

En esa oportunidad, como en esta, se genera un profundo debate social en torno al tema. Lavalle, en ese momento, tuvo marchas Provida, Pañuelazos Verdes y hasta debates radiales y por redes sociales, de referentes que representaban cada posición. A esta altura de las circunstancias, esta semana que pasó, Lavalle ya tuvo su Caravanazo «Celeste», con unos 50 vehículos «por las dos vidas» que, partiendo desde el Hospital Sícoli, recorrieron calles de Villa Tulumaya y terminaron con una misa «Por la Vida». Desde la otra vereda afirman que fue un caravanazo «antiderechos». El sector verde o «abortero», como lo definen sus detractores, no se ha manifestado públicamente en Lavalle esta semana.

La intención de esta nota es no caer en la «grieta» que genera el debate entre las diferentes posiciones, cada una con sus argumentos, sino echar luz, con datos y realidades concretas, de lo que sucede en nuestro departamento con la problemática del aborto. Para esto es necesario disponer de cierta información sobre como está la situación legal hoy.

Hay un marco legal desde principios del Siglo XX

Desde 1921 el aborto no punible es legal en Argentina (Interrupción Legal del Embarazo, ILE), así lo dispone el Código Penal (Artículo 26) que permite a mujeres embarazadas de menos de 16 semanas, interrumpir el embarazo, si representa un peligro para la vida o la salud de las mujeres, o en casos de violación.

En el 2012, en el llamado fallo FAL, un caso emblemático, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó estas causales y las reconoció como un derecho, cuyos estándares son establecidos en el «Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo» reforzando el encuadre de las ILE en el ámbito de la salud. Mendoza tiene su propio protocolo, pero en términos generales y técnicos, no tiene diferencias sustanciales con el nacional.

En el protocolo nacional se afirma que «la interrupción del embarazo debe ser brindada bajo los mismos parámetros que otras prestaciones del servicio de salud, es decir, respetando los estándares de calidad, accesibilidad, confidencialidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada».

La aplicación de los Protocolos

Conversamos con la Licenciada en Obstetricia Laura Cepedal, responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva en nuestro departamento, quien nos explica la aplicación del protocolo para los ILE en nuestro departamento. Cepedal explicó sencillamente el procedimiento: «cuando la mujer solicita la interrupción, un equipo interdisciplinario hace el encuadre de las causales, es decir determina el motivo de la ILE, se hacen los estudios, una consejería en opciones y, respetando el protocolo a rajatabla, se realiza el procedimiento».

Muchas mujeres desconocen el derecho de pedir una ILE, pero en término generales «las mujeres embarazadas llegan a ser parte de este proceso a través del 0-800 o por derivaciones que hacen las redes comunitarias» manifestó la obstetra, en referencia a otras mujeres que conocen esos derechos y aconsejan a amigas o conocidas. El 0800-2233-444 es un número gratuito en el que las personas puede, tanto asesorarse para acceder a los derechos sexuales y reproductivos, como para denunciar a un profesional de la salud que no cumple con su función.

Según lo avanzado que esté el embarazo el tratamiento es diferente. Hasta la semana 12 se realiza un tratamiento ambulatorio (no es necesaria una internación) con Misoprostol, una droga que induce a la interrupción. Si el embarazo es hasta las 16 semanas es necesario internar a la paciente. El Misoprostol es proveído por el estado provincial (en Mendoza no se consigue en Farmacias), y se entrega bajo un estricto sistema que se llama «bajo receta archivada». En Lavalle las instituciones que lo tienen en sus depósitos son el Área de Salud y el Hospital Sícoli.

 

 

Según Cepedal la decisión es inequívoca: «cuando los motivos de la mujer para no continuar el embarazo se encuadran en la ley, aplicamos el Protocolo, que es muy claro, además los informes (de los profesionales intervinientes) son evaluados por varios equipos, para asegurarse que se encuadre en las causales, y la información se cruza». La obstetra reforzó: «no podemos anteponer nuestras opiniones personales o nuestras creencias, se aplica el Protocolo y se hace cumplir la ley, nosotros no somos jueces, la interpretación es objetiva porque el Protocolo es muy claro».

Cualquier trabajador o trabajadora de la salud que no cumpla el protocolo está infringiendo la ley. Hay posibilidades de ser objetores de conciencia (por creencias personales no intervenir en una tratamiento) pero es una posibilidad de quien ordena el tratamiento, no del resto del personal que interviene (informes, consejerías, etc). Según la opinión que El Despertador pudo recabar luego de varias consultas con personal de la salud, los trabajadores y las trabajadoras de la salud pública, en su gran mayoría garantizan derechos sexuales y reproductivos. Por otra parte, al estar garantizado por ley, la provincia dispone la existencia de los tratamientos, existe personal capacitado que maneja los protocolos y hacen las derivaciones correspondientes a los especialistas según el caso, el sistema está estructurado para garantizar estos derechos.

 

 

Además, el Protocolo nacional dispone que «la decisión de la persona es incuestionable y no debe ser sometida por parte de las/os profesionales de salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas». La especialista, reforzando este concepto, explicó que «es una prestación de salud como cualquier otra, de hecho todo queda en la historia clínica de la persona». Aunque hay unos pocos profesionales que, incumpliendo sus deberes, impiden el normal cumplimiento de este derecho.

Las mujeres que atraviesan este proceso firman un «consentimiento informado», donde la aseguran haber sido informadas de todos los mecanismos que se llevarán adelante cuando la proceso se inicie.

Algunos datos de Mendoza y Lavalle

En Mendoza, desde el 2012 (fallo FAL) los nacimientos de embarazos adolescentes comenzaron a descender, según datos de Ministerio de Salud de la provincia. Hoy los nacimientos por embarazo adolescente (14 a 19 años) son, prácticamente, la mitad que hace 10 años. Entre el 2009 y el 2013 los nacimientos de embarazos adolescentes siempre superaron los 5000 al año, representando alrededor del 15% de los nacimientos provinciales (Cuadro 1). Desde ese momento el índice comenzó a bajar a ritmo sostenido. En el 2019 los nacimientos de embarazos adolescentes apenas superaron los 2500, representando menos del 10% de total. En Lavalle la situación es similar, con aproximadamente 200 casos hace 10 años, y con poco más de 100 en el 2019, lo que significa una disminución del embarazo adolescente de casi la mitad (Cuadro 2).

Este descenso, que tiene un impacto positivo en lo referente a embarazos no deseados y casos de abusos, es gracias al cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y los protocolos vigentes para la aplicación de las ILE. Este impacto, por ejemplo, se da en casos de abusos sexuales a mujeres donde los culpables son juzgados e incluso están presos.

 


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