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2 febrero, 2021

¿Quiénes son las empresas dueñas de la mitad del Sur y qué pretenden? El modelo lavallino

  •   Por Franco D´Amelio
           

Las lagunas naturales parecen ser tan atractivas a los intereses económicos como las ofertas del 50% OFF para un comprador compulsivo. Una vez más existen proyectos concretos que relacionan a grandes empresas con reservas de agua dulce. El rol del Estado según el caso y el modelo seguido en Lavalle.

Las lagunas naturales parecen ser tan atractivas a los intereses económicos como las ofertas del 50% OFF para un comprador compulsivo. Una vez más existen proyectos concretos que relacionan a grandes empresas con reservas de agua dulce. El rol del Estado según el caso.

A raíz de artículos periodísticos tanto de medios provinciales como pampeanos, se ha puesto sobre el tapete la creación de una Reserva Natural Privada en terrenos de las empresas SOMINAR S.A. y Luncay S.A., ambas mineras.

No es de extrañar que la preocupación estallara en las redes al pensar que gracias a la puesta en vigencia de un convenio entre la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Mendoza y ambas empresas que son propiedad de un mismo dueño de nacionalidad japonesa.

El proyecto nació en 2018 cuando el mismo empresario extranjero le hizo la propuesta al por entonces gobernador Alfredo Cornejo y su idea es simple, aunque con implicaciones muy complejas.

Básicamente, ambas organizaciones privadas que administran nada menos que 400.000 hectáreas en San Rafael (un equivalente aproximado a 20 veces la Capital Federal), proponen crear dentro de su inmenso territorio una reserva natural donde el medio ambiente sea custodiado tanto por los privados como por el Estado provincial.

Es que sus terrenos son tan amplios que prácticamente envuelven a la Reserva Hídrica Laguna del Atuel y también colindan con todo el extremo sur de la Reserva Natural Laguna del Diamante. De esta manera, comentan felizmente los funcionarios de la gestión de Rodolfo Suárez, ambas reservas estarían unidas por esta nueva de propiedad privada, que tendría una extensión de unas 138.000 hectáreas.

Para entenderlo bien, el gobierno provincial no está cediendo tierras públicas (con nacientes de ríos, glaciares, y demás riquezas naturales), sino que ¡esas tierras ya son de las mineras! De hecho, tal como dice un comunicado de las sociedades mineras, en la Estancia El Sosneado (de su propiedad) “se encuentran parte de dos Reservas Naturales Provinciales” (las antes mencionadas).

Entonces, todo aparentemente sería positivo, dado que esas grandísimas extensiones privadas ahora estarían más disponibles y equipadas para el turismo ecológico y con mayor custodia ambiental del Estado.

Además, en un comunicado de prensa las empresas extranjeras explican: “SOMINAR S.A. no realiza actividad minera directa desde 1978, año en que se desactivó la explotación de azufre en el Volcán Overo de la Estancia El Sosneado, ubicada en el Distrito San Rafael de la Provincia de Mendoza. Desde ese entonces, y hasta el día de la fecha, la actividad de la empresa ligada a la minería se limitó a arrendar una cantera de yeso a terceros para su explotación. Por otra parte, LUNCAY S.A. es una empresa que posee manantiales y surgentes de agua natural mineral dentro de la misma Estancia El Sosneado que no se encuentran en explotación”.

Sin embargo, aún surgen algunas preguntas: ¿cómo es que se le permitió a organizaciones comerciales de capitales extranjeros comprar el equivalente a 20 veces CABA?. No sólo eso, ¿cómo es que se les permitió hacerlo en una zona limítrofe con la República de Chile y con el manejo de surgentes de agua mineral, entre otros recursos estratégicos? ¿a quién lo compraron y a qué precio? Y si, tal como lo anuncian en su sitio, no tienen interés en continuar con la actividad minera, ¿cuáles son sus intereses?

Jugando a la conquista española

Cuando se tiene una mente netamente empresarial y capitalista como pareciera ser que tienen los ejecutivos de la Secretaría de Ambiente y de la Provincia en sí, las cosas son muy sencillas: un privado tiene derecho a comprar lo que quiera, hoy ese privado “nos deja” entrar a sus tierras para administrarlas juntos, ¿qué podría salir mal?

Siguiendo esa lógica tan simplista, vamos a poner el caso en otros términos: imagine estimado lector que su familia ha vivido en unas tierras desde hace por lo menos unos 500 años. En el camino, el Estado de Argentina, que es creado después de que su familia viva en esas tierras le permite a otra persona comprar los terrenos de sus ancestros y luego venderlos a un empresario japonés, y lo mejor de todo ¡con usted y su familia adentro y sin indemnizarlo!
Algo muy semejante a esto le ocurrió a la comunidad mapuche de Malargüe en 2018, según publica el portal Infonews.

Ese pueblo nación habita ese territorio mucho antes de la existencia de la República Argentina. Han habitado las grandes latitudes del sur mendocino por generaciones, siendo reconocidos como propietarios comunales por la Constitución Nacional.

Pese a eso, cuando exigieron su derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada ante el intento de poner en producción una cantera de Yeso arrendada por SOMINAR S.A. a terceros, cuatro autoridades mapuches fueron denunciados por usurpación, aparentemente por Pablo Yoshimitsu, el mismísimo presidente de las solidarias mineras que hoy quieren formar una reserva natural.

Lo más curioso es que la imputación a: “cuatro autoridades mapuche que han pasado por cinco fiscales pretorianos, paladines de la Justicia express y prontísima. Fiscal Llorente, fiscal Sidotti, fiscal Giaroli, fiscal De Diego y -finalmente- fiscal Torenteti», denunciaron desde la Organización Identidad Territorial Malalweche de las comunidades Mapuche de Mendoza, según comenta Infonews.

Mientras que en Lavalle las Lagunas de Soria fueron declaradas áreas protegidas ante el peligro de la especulación inmobiliaria, el gobierno provincial parece estar cómodo asociándose a compañías que persiguen a mapuches en sus propias tierras.

Cinco fiscales en menos de dos meses en una causa de imputación no es lo más usual. ¿Podría pensarse que SOMINAR S.A. y LUNCAY S.A. ejercen algún tipo de influencia en nuestras autoridades públicas? De ser así, ¿en verdad es tan buena noticia que se avance en convenios con estas entidades internacionales?


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