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La Región

25 de febrero de 2021

Los familiares de los 44 tripulantes del Ara San Juan recibirán 7 millones de pesos

  •   Por El Despertador
           

El Senado aprobó la norma que establece una reparación económica a los familiares de las víctimas del sumbarino hundido en 2017. Los senadores hablaron de «una decisión justa» y de intentar «reparar lo irreparable».

El proyecto que establece una reparación económica para los familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, fue convertido en ley por unanimidad, durante una sesión especial celebrada este miércoles en la Cámara de Senadores de la Nación.

La iniciativa establece que los familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017 en el Mar Argentino, «tienen derecho a recibir una indemnización por grupo familiar», que será percibida por hijos o hijas en partes iguales y la o el cónyuge, siempre y cuando no hubiesen estado separados de hecho al día de la desaparición del submarino.

El beneficio extraordinario económico es equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A, Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), multiplicado por 100.De acuerdo con los cálculos actuales, ese beneficio superaría los siete millones de pesos para cada grupo familiar.

El texto señala que el cobro del beneficio «importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto».Además, determina que el otorgamiento del resarcimiento «es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias».

Por otro lado, la flamante norma establece que los familiares de los marinos fallecidos tienen un año para reclamar la indemnización.

Discusión en el Senado

Aunque la ley fue aprobada por unanimidad, la discusión escaló entre el oficialismo y la oposición, que se acusaron mutuamente por la responsabilidad del hundimiento del submarino.

La nave, con 44 tripulantes, desapareció a mediados de noviembre de 2017 mientras realizaba un patrullaje por la zona económica exclusiva de la Argentina y fue encontrada un año después, a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.

La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, la peronista chubutense Nancy González, cuestionó duramente al Gobierno de Mauricio Macri ya que el submarino desapareció durante su mandato.

«Ese 15 de noviembre de 2017 nuestro país sufrió la mayor tragedia naval en tiempos de paz y hoy no tenemos un responsable. Ojalá la justicia muy pronto falle porque responsables había, desde el Presidente de la Nación y el ministro (de Defensa Oscar Aguad) que en ese momento siguieron en sus puestos, no renunciaron pero se dedicaron a perseguir familiares e intervenir sus teléfonos», aseguró.

Por otro lado, la flamante norma establece que los familiares de los marinos fallecidos tienen un año para reclamar la indemnización.

Discusión en el Senado

Aunque la ley fue aprobada por unanimidad, la discusión escaló entre el oficialismo y la oposición, que se acusaron mutuamente por la responsabilidad del hundimiento del submarino.

La nave, con 44 tripulantes, desapareció a mediados de noviembre de 2017 mientras realizaba un patrullaje por la zona económica exclusiva de la Argentina y fue encontrada un año después, a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.

La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, la peronista chubutense Nancy González, cuestionó duramente al Gobierno de Mauricio Macri ya que el submarino desapareció durante su mandato.

«Ese 15 de noviembre de 2017 nuestro país sufrió la mayor tragedia naval en tiempos de paz y hoy no tenemos un responsable. Ojalá la justicia muy pronto falle porque responsables había, desde el Presidente de la Nación y el ministro (de Defensa Oscar Aguad) que en ese momento siguieron en sus puestos, no renunciaron pero se dedicaron a perseguir familiares e intervenir sus teléfonos», aseguró.


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