Hace unos diez días aproximadamente nuestro medio sacaba a la luz la dramática situación de jóvenes de La Asunción, San Pedro, Williams y Gustavo André que deben caminar hasta 10 km. para llegar hasta su escuela debido a la falta de movilidad provista por la Dirección General de Escuelas. En esta nota te contamos cómo se avanzó en este tema y las reflexiones de fondo.

El artículo fue compartido más de 1500 veces desde nuestro sitio y más de 400 desde la página de Facebook, por lo que en promedio podríamos decir que se difundió unas 2000 veces en unos pocos días. La realidad es que no es para menos, porque mientas en las zonas urbanas los estudiantes y sus familias se adaptan con una relativa flexibilidad a las nuevas formas de cursado, en la escuela José Miguel Graneros de Gustavo André hay 117 jóvenes asistiendo de forma intermitente y 50 de ellos aún no han comenzado las clases debido al mencionado problema de transporte.

El pasado viernes alrededor de las 9 de la mañana dialogamos con Cecilia Martín, directora financiera-contable de la DGE, quien explicó los detalles del asunto.

La funcionaria comentó que en febrero se mantuvieron reuniones con los más de 40 proveedores de transporte que la Dirección contrata para casos similares a los de Lavalle, pero justamente este proveedor pretendía un aumento en sus honorarios mayor a lo que el organismo público estaba habilitado a abonar.

Por dicha razón habría rehusado a seguir cumpliendo con su contrato y dejó de prestar el servicio, por lo que ahora se debería iniciar un nuevo proceso -con todos sus pasos administrativos de por medio- de contratación.

De hecho, Martín comentó que se debía llamar a una nueva licitación recién en 15 días, por lo que como muy pronto -casi un récord opina este periodista- se reanudaría el servicio en 21 días corridos y habiendo perdido casi dos meses de clases medio centenar de los estudiantes de la zona.

ED: Sabiendo que existía la posibilidad de que el proveedor no acordara con la DGE, ¿por qué empezaron las tratativas recién en febrero y no antes?

CM: “Porque teníamos que esperar a que no realizara el servicio, los proveedores en general un mes antes dan algún tipo de aviso de no continuidad justamente para meter presión en la negociación, pero teníamos que esperar a que no cumpliera con el servicio. Nosotros no podemos sacarle a alguien un contrato sólo porque nos dijo que no lo iba a realizar…teníamos que esperar a que no cumpliera para poder dar inicio a una nueva contratación…

ED: Entendiendo que la ley 26.061 establece que la educación de los menores es un derecho, y en este caso estaría siendo vulnerado, ¿qué previsiones se pueden tomar para que esto no se repita?

CM: “La realidad es que no nos ha sucedido con frecuencia este caso…nosotros tenemos una buena relación con ellos (los prestadores) para poder mantener los servicios…lamentablemente en este caso no se dio…(por eso) nosotros tratamos de mantener a los proveedores…no podemos contratar a otro ‘por si las dudas’ no continua alguno…”

ED: O sea que, si el año que viene el proveedor que contraten este año no quiere continuar, los chicos van a perder nuevamente un mes de clases

CM: “Sí, pero todavía no es algo que haya sucedido y no podemos hablar algo a futuro…”

Luego de esta desconcertante entrevista, cerca del mediodía de esa jornada, se dialogó con la senadora Carina Lacroux, quien le había adelantado a El Despertador que tendría reuniones en Casa de Gobierno con las autoridades de la DGE para mediar en la situación de los jóvenes lavallinos afectados.

La legisladora declaró: “estuve reunida con Patricio Cabral, que es el jefe de gabinete de la Dirección (General de Escuelas). Como el proceso licitatorio demoraría muchísimo tiempo se hace la contratación directa, pero eso tampoco es de un día para el otro. Hay una burocracia, los trámites pertinentes…se estaría solucionando en unos 15 días…voy a estar toda la semana que viene (la de los feriados religiosos) con este tema para estar informando en cuanto haya alguna novedad”.

Si bien la gestión de la senadora acortó el lapso esperado, esto está lejos de ser el ideal dado que 45 días de cursado perdidos es la mitad de un trimestre, ¿cómo se compensará eso en el proceso de aprendizaje de menores cuyo contexto socioeconómico y geográfico prácticamente impide la educación virtual?

Pareciera ser que la tan mentada eficiencia que el gobierno escolar ha demandado desde el año pasado especialmente está muy lejos del ejemplo que brinda. Tal vez, sea el tiempo de pensar en gestiones que, sin perder los conocimientos técnicos, pongan no sólo mente sino también corazón en su servicio.