Un mes atrás publicábamos la dura crítica a Righi por parte del radicalismo lavallino sobre la posibilidad de municipalizar servicios públicos escenciales. En esta nota analizamos más a fondo este tema y nos preguntamos ¿es posible que el Estado gestione bien las áreas estratégicas para el bienestar de la población o siempre lo mejor es un privado?

En aquella ocasión el concejal radical Lucas Luppo expresó que las declaraciones del intendente en su apertura de sesiones en marzo sobre municipalizar servicios eran “irresponsables” dado que los consideraría más demagogia política que una realidad posible en el mediano o corto plazo.

Retomamos el tema casi cuatro semanas después porque el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) ya le puso fecha a la audiencia pública para definir el aumento tarifario a la distribución eléctrica. El evento público donde se debatirá el tema está programado para el 30 de junio a las 11:00 hs por Zoom luego de atravesar un mes de tensiones políticas a nivel nacional sobre la quita o no de subsidios eléctricos.

Una vez más surgen las preguntas: ¿cuánto es el precio justo que debemos pagar los mendocinos por la distribución? ¿las inversiones realizadas por las empresas justifican los aumentos? ¿esos aumentos son acordes a las variaciones en el poder adquisitivo del común de los ciudadanos? Preguntas simples e incómodas tanto en lo empresarial como en lo político.

Con respecto a si es mejor que los servicios estratégicos como la energía eléctrica estén gestionados por empresas privadas o estatales cabe mencionar una entrevista realizada por los colegas de la radio “La Mosquitera” a Mario De Casas, ex director del EPRE y titular del ENRE (equivalente nacional) entre 2013-2014.

Irónicamente, el radical allegado a Julio Cobos no parece pensar como aparentemente lo hacen sus correligionarios lavallinos, ya que expresó: “…en los 90′, en la segunda fase del neoliberalismo…se privatizaron los servicios. Los ideológos liberales son amantes del término eficiencia e intentaron hacer creer que privatizando se gana eficiencia y es todo lo contrario…”

El entrevistado explicó que el sistema eléctrico está compuesto por una etapa de generación, otra de transporte y una tercera de distribución. Cuando el Estado se hacía cargo utilizaba empresas “integradas” que manejaban todo el circuito, pero que al privatizar se segmentó cada etapa y se lo dio a distintos privados, lo cual no sólo encareció la energía sino que lo hizo mucho menos eficiente.

Asimismo, cuestionó el hecho de que cuando los gobiernos pagan subsidios a esas empresas para abaratar las tarifas eléctricas no queda claro por qué componentes pagan y que los argentinos terminamos pagando la publicidad de esas grandes empresas, por ejemplo. Así mismo expresó que los importes que cobran no se reflejan en las inversiones de manteniento como debería ser.

De Casas también opinó que “los márgenes de ganancia de las empresas (eléctricas) están muy por encima de lo razonable según los estándares internacionales”. Afirmó que durante el (segundo) gobierno de Cristina Fernández del cual participó: “fuimos muy ciudadosos con las tarifas industriales, llegamos a tener las más bajas de la región y las empresas (eléctricas) igual ganaban, porque si no se hubieran ido”.

Experiencia lavallina

Volviendo a lo municipal, Lavalle con INTERLUZ ha sido pionera no sólo en crear una reciente empresa estatal sino en hacerlo en un rubro innovador (Internet) que la pandemia demostró cuán esencial se ha tornado en la vida moderna.

En diálogo con su titular, Gerardo Vaquer, le consultamos si era posible tener eficiencia en empresas públicas: “hay empresas privadas que trabajan muy mal y empresas estatales que trabajan muy mal; también hay empresas privadas que brindan un muy buen servicio y hay empresas públicas que también lo hacen. Pasa por la pasión y el compromiso de quienes las encabezan…¿Es posible que el Municipio preste un servicio de buena calidad? Por supuesto. ¿Es difícil? Sí, es difícil, nosotros ahora estamos prestando un servicio de Internet que nació por la falencia que había en esto en el Departamento (en la prestación de privados), y estamos creciendo día a día enfrentando las dificultades que implica crecer, pero estamos abocados a prestar el servicio con la mejor calidad posible”, sintetizó.

ED: ¿Cuál es la ventaja según Ud. que los servicios estratégicos estén gestionados por el Estado?

GV: “Es muy simple. El Municipio haceun Plan de Ordenamiento Territorial, define qué lugares se tienen que dedicar a urbanización (y van a necesitar cierto tipo de servicio) y qué otros a la producción. Si después, la empresa que presta el servicio dice ‘no, no tengo factibilidad para esa zona’, se termina la posibilidad de hacer un ordenamiento territorial planificado y equilibrado…Tenemos lugares donde el desarrollo agrícola puede ser muy importante y las empresas dicen ‘no, no puedo autorizar que una perforación actúe en el lugar’, todo lo que uno planifica con proyecciones en el Municipio con mirada a los próximos 20 años, una empresa sentada en la Ciudad de Mendoza nos dice si podemos o no. No tiene lógica que una empresa con cabeza solamente comercial nos diga cómo planificar el desarrollo porque no nos brinda los servicios”.
Para entender mejor el poder al que se refiere Vaquer basta ver la proporción de territorio provincial adjudicado a EDEMSA según el informe de Balance y Memoria 2019 del EPRE.

Allí se explica que la distribución eléctrica en Mendoza está concesionada a “11 empresas privadas (..): EDEMSA, EDESTESA, Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz, Cooperativa Santa Rosa, CECSAGAL, Cooperativa Medrano, Cooperativa Popular Rivadavia, Cooperativa Monte Comán, Cooperativa Bowen, Cooperativa Sud Río Tunuyán y Cooperativa Alto Verde”.

Casi una docena de empresas para 18 departamentos parece relativamente equitativo. Pero con mirar el mapa de las concesiones realizado por el ente público la mirada cambia: 14 de los 18, aunque sea sólo parcialmente, son gestionados por la gigante con oficinas centrales en la calle Belgrano de Ciudad.

Un ingenuo economista liberal diría que si tiene esa porción de territorio debe ser por su “eficiencia”. Más allá de que cualquier vecino tendría múltiples razones para refutarlo, es el resumen de sanciones del EPRE el que lo hace: sólo en 2019 EDEMSA fue multado por un total de $96.312.730,54.

Para que lo podamos dimensionar, eso equivale a cerca de un 36% de todas las obras presupuestas en el Plan de Obras 2021 del departamento de Lavalle, el cual es de $266.252.507 según se informa en el Boletín Oficial de la Provincia.

Es decir que, a grandes rasgos, 1 de cada 3 obras lavallinas podrían realizarse con las multas por incumplimientos que tuvo la empresa privada distribuidora de energía EDEMSA ya en 2019. Eso en el caso improbablemente real de que lo abonara todo y en efectivo.

Ante esto, y recibiendo una futura empresa municipal los mismos subsidios que las privadas, ¿necesariamente sería peor, o tal vez, ganaríamos mucho más de lo que se percibe?