Tal como lo dispone el Decreto provincial 48/2017, antes de definir un aumento en los precios de distribución energética se debe convocar a una audiencia pública para escuchar las voces de los distintos actores sociales intervinientes.

Tal como lo dispone el Decreto provincial 48/2017, antes de definir un aumento en los precios de distribución energética se debe convocar a una audiencia pública para escuchar las voces de los distintos actores sociales intervinientes.

El hecho de que se realice esto casi dos semanas después de que Darío Martínez, secretario nacional de Energía, dijera que no habría aumentos en el segundo semestre podría parecer contradictorio. Consultándole a voceros del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) respondieron: “…la medida que anunció el Secretario de Energía de la Nación, se refiere al componente de la Tarifa Costo de Abastecimiento (Energía y Transporte) de jurisdicción nacional. La audiencia pública que convoca el Epre es para tratar el otro componente de la Tarifa VAD (Valor Agregado de Distribución) que es de jurisdicción provincial. Este proceso, el Epre como órgano técnico debe realizarlo porque así lo establece la Ley. La decisión final de aplicar o no, cuándo y cómo la actualización del VAD la tiene el Poder Concedente, es decir el Poder Ejecutivo Provincial. Por lo que no hay ninguna contradicción al respeto, ya que la tarifa tiene dos componentes: Costo de Abastecimiento (jurisdicción nacional) + VAD (jurisdicción provincial)”

Es decir, que será el gobernador Rodolfo Suárez el que autorizará o no el incremento del costo de vida a los mendocinos.

Con este concepto en mente intentamos consultarle su opinión a la senadora Carina Lacroix (Cambia Mendoza), ya que es la única legisladora provincial lavallina de esta fuerza que gustosamente responde a El Despertador. Pero lamentablemente en esta ocasión no hubo respuesta, y sumando esto a que hay una ¿extraña? quietud desde el gobierno provincial y los medios de mayor alcance, sólo restaría decir que el radicalismo y sus aliados parecen querer mantener las cosas en silencio hasta después de la audiencia, para temor del común de la ciudadanía.

En tanto se le consultó a Edgardo González, lavallino diputado por el Frente de Todos, su opinión sobre un posible aumento: “no me parece que sea el momento indicado para hacerlo por la situación económica que están atravesando la mayoría de los ciudadanos”, dijo.

Sobre el rol del Estado subsidiando a las empresas para mantener el precio final relativamente estable declaró: “el Estado no puede subsidiar todo y hacerlo eternamente, está bien que se subsidie el costo para quienes están en una situación de vulnerabilidad mientras se instrumentan otras medidas para ayudarlos a salir adelante, pero eso no significa que se deba hacer un subsidio universal dado que hay personas con recursos más que suficientes para poder afrontar las tarifas”.

Esto iría en sintonía con lo que el secretario Martínez se refirió semanas atrás sobre «hacer un uso inteligente de los subsidios».

ED: Hay quienes piensan que estos anuncios son una estrategia electoral y que después de los comicios generales sí habría nuevos aumentos. ¿Qué piensa de esto?

EG: “Sinceramente no lo veo así, pienso que es la consecuencia lógica después de todos los aumentos que la población ha tenido que soportar durante estos últimos seis meses en los combustibles, por ejemplo. Las tarifas de combustibles estaban atrasadas y el objetivo era llevar el litro a un valor cercano al dólar, y así fue. Más allá de que se pueda pensar que beneficia electoralmente, no lo veo como una estrategia sino como fruto de los que la gente tuvo que soportar ya”.

Edgardo Gonzalez, diputado por el FTD

Por su parte, la diputada del FIT Mailé Rodríguez, dijo: “…por supuesto que un aumento tarifario nunca será un evento feliz. Pero en este caso menos porque estamos asistiendo a una crisis sanitaria, económica y social muy importante donde los índices de pobreza han aumentado, donde con la pandemia los ricos se han vuelto más ricos y los pobres más pobres, con la mitad de la población (argentina) bajo la línea de pobreza…Durante todo el 2020 no hubo aumentos salariales para los trabajadores y hubo una caída importante del empleo…Además, cuando hablamos de un aumento de tarifas, ¿cuántos mendocinos tienen una vivienda digna? Mendoza tiene un déficit habitacional de 70 mil viviendas si contamos las precarias, entonces, ¿de qué aumento tarifario podemos hablar en una situación en la que los usuarios no pueden pagar ni siquiera una tarifa social en muchos casos?…”

Maile Rodriguez, diputada provincial por el FIT

“El mes pasado se publicó el índice de inflación y Mendoza estuvo por encima de la media nacional, entonces no es bienvenido un aumento tarifario de cualquier tipo. Además, siempre las que ganan son las empresas de servicios que viven especulando con el bolsillo de los usuarios”.