El gobernador Rodolfo Suárez tendrá la decisión final de otorgarle un aumento en la tarifa de electricidad y beneficiar al grupo Vila . Manzano en medio de la pandemia. El Despertador estuvo presente en la audiencia pública, que no se caracterizó por ser muy difundida.
El pasado miércoles 30 se llevó a cabo la audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) conforme lo establece la ley para definir una actualización en algunos de los componentes del costo de distribución. Voces a favor y en contra tuvieron la posibilidad de exponer su postura.
¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cambia Mendoza avalará un nuevo incremento?
Tal como estaba previsto el encuentro se realizó por Zoom iniciando a las 11:00 hs. con el objetivo de «considerar la Adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD) propio de las distribuidoras de energía eléctrica de la provincia de Mendoza…».
Al iniciar, el ingeniero Raúl Faura (EPRE) explicó los distintos componentes de la factura eléctrica (costos de producción, transporte y distribución; además de impuestos nacionales, provinciales y municipales) y aclaró que esta audiencia no se trataba de una revisión de tarifas (ya que evaluarían múltiples componentes) sino de una revisión específica para adaptarse a los procesos inflacionarios que habrían aumentado los costos de las empresas.
De aprobarse, en promedio el 85% los usuarios domiciliarios tendrían un incremento del 13,9% en una parte del valor agregado de distribución (no de toda la factura) y aproximadamente esto significarían variaciones aproximadas entre 80 y 523 pesos según el tipo de usuario residencial; siempre en caso de que el gobernador así lo autorizara.
Más aumentos y pronto
Luego de esta introducción hecha por Faura, tuvo la palabra Andrés Carnevale en representación de EDEMSA. Él expresó que la empresa no desconoce la difícil situación económico-social, «sabemos lo que le cuesta a los clientes afrontar el costo de la tarifa, agravado en los últimos meses por la pandemia…»¸ luego destacó acciones de mejora en la atención al cliente y en cuanto a la digitalización de trámites. Además, destacó los «esfuerzos» de la distribuidora para no bajar la calidad de los servicios pese a estar trabajando con un reconocimiento de sus costos tasado a octubre de 2020 y «asumiendo una mayor morosidad» que la acostumbrada.
Entre los argumentos de la empresa propiedad de Daniel Vila y José Luis Manzano se mencionó que habrían reducido la cantidad de cortes y el tiempo de respuesta, así como las inversiones realizadas en los últimos tres años.
Concretamente, además de la activación del procedimiento de adecuación previsto por la ley, Carnevale solicitó que sea «en el menor tiempo posible para evitar aumentos mayores por el paso del tiempo» y agregó: «procuramos que en algún momento se reconozcan integralmente los ingresos no percibidos generados hasta la fecha», entre otros conceptos que mencionó.
Sobre esos ingresos no percibidos, también los mencionó Julio Gallego de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz diciendo que «no renunciamos a esos ingresos no reconocidos por el EPRE», algo relativamente compartido por otros expositores vinculados a las distribuidoras.
Paguen sus deudas y luego pidan incrementos
Luego del representante de EDEMSA, lo hicieron los de EDESTE, la ya mencionada Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz y la Federación de Cooperativas Eléctricas de Nuevo Cuyo.
Inmediatamente después tomó la palabra Romina Ríos, representante de la Defensor del Usuario (residencial) y de la ONG PROTECTORA, quien cruzó al discurso empresarial, especialmente el de la distribuidora de Vila.
Inició solicitando la suspensión de la audiencia y su postergación hasta 2022, y dijo: «…no existe un atraso tarifario como tampoco existen pérdidas para las empresas y tampoco vemos que el esfuerzo sea tan grande…los esfuerzos los están haciendo los usuarios que les está costando pagar…insistimos con el posible plan de pago que las empresas distribuidoras tienen con CAMMESA (Nación) y dado que el representante de EDEMSA aduce que todavía no está concretado, consideramos que hasta que el mismo no esté efectivizado y ver cómo eso se traduce en beneficio para los usuarios, este aumento no debería aplicarse…una vez que tengamos en cuenta cuáles van a ser esos beneficios por pagos que los usuarios ya hicieron el año pasado por deudas que la empresa nunca canceló, entonces en ese momento podríamos llegar a tratar esta actualización en la tarifa…».
Cabe recordar que mientras esta empresa aduce dificultades para operar eficientemente por los aumentos de sus costos, tiene una altísima deuda con su principal proveedor eléctrico (el cual el 20% es propiedad del Estado nacional), sus propietarios (Vila-Manzano) acaban de comprar a EDENOR (la mayor distribuidora eléctrica del país) por un valor cercano a los U$ 100 millones.
La voz de los productores
En tanto, también expuso el Defensor del Usuario Agrícola y representante de ACOVI (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas), Dr. Nicolás Vicchi. «La crisis hídrica y la escasez sigue agravando…las nevadas que tuvimos ahora son tres veces menores que las que tuvimos el año pasado, esto nos quiere decir que vamos a enfrentar un año muy duro en materia de disponibilidad de recurso hídrico para hacer frente a nuestra producción…».
El especialista indicó que pese a la recuperación en las ventas de vino en líneas generales no se alcanza a recuperar lo suficiente la actividad por lo elevado de sus costos. Esto, indicó, «nos da la necesidad imperiosa de disminuir nuestros costos de producción para aumentar la rentabilidad…el productor venía de tres años de precios viles que pagaba el mercado» y que por ende dificulta realizar tareas que mejoran la producción.
Vicchi arrojó un dato revelador: «si vemos los costos de los insumos…vemos que la energía eléctrica es el que más ha aumentado desde mayo de 2017 a mayo de 2021, un 727%, más que insumos como el abono y el combustible, que están dolarizados».
«La venta de vino no está cubriendo los costos…ante los incrementos propuestos por el EPRE, se estima que la temporada 2021/2022 de uso intensivo de riego agrícola tendría un incremento del 55% en relación con la temporada anterior».
Se estima que el recurso eléctrico representaría un incremento del 15% en la producción vitivinícola y por eso el defensor del usuario agrícola dijo: «si no vemos a la actividad de riego como una actividad conjunta con la de producción y con la energía vamos a tener siempre situaciones de injusticia…tengamos en cuenta que aun no se descongelan las tarifas nacionales…¿cómo vamos a hacer cuando se descongelen?…»
La respuesta a esa última pregunta la deberá responder el gobernador ya que es él quien tomará la decisión final sobre si se aprueba el incremento, dado que la Nación ha decidido congelar la parte de la tarifa que le corresponde hasta fin de año.
En Lavalle
Está muy claro, que esta problemática también la padecen miles de lavallinos que solo usan la electricidad como fuente para calentarse en el invierno. Pero no es el único problema. La falta de inversión de Edemsa, en este caso, se hace notar, toda vez que para entregar electricidad a un barrio nuevo, las tintas cargan sobre el propio barrio y el municipio, sin hacer una inversión por parte de la misma. Y como dijo Vicchi, los productores también se ven perjudicados, ya que el funcionamiento de muchas fincas que producen depende de la electricidad. Recordemos que en el año 2019, 70 pozos se cerraron en Lavalle por la imposibilidad de pagar las tarifas eléctricas.
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