Por La Quinta Pata / para El Despertador

Abogados autoconvocados de Mendoza, hacemos saber a la opinión pública que el deterioro progresivo del Servicio de Justicia llevado a cabo a través de un proceso de varios años, tiene su corolario con la implementación obstinada de un supuesto expediente digital mediante tecnologías obsoletas y la creación de Juzgados de Gestión Judicial, un amontonamiento caótico de empleados de varios juzgados para formar uno solo por falta de personal.

Los ministros de la Suprema Corte han perdido contacto con la realidad y progresivamente abandonan su rol de jueces para convertirse en tristes ejecutores de las instrucciones del poder político de turno que los condujo a los cargos que ostentan y dibujan una realidad virtual en los medios de difusión.

El vaciamiento del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal es un eslabón más en una Política de Estado que quiere transformar la Justicia y todos los servicios públicos en un “call center”.

Hacemos saber a jueces, fiscales, secretarios y demás funcionarios del Poder Judicial que la “inteligencia artificial” que nos proponen los “inteligentes artificiales” de la Corte, la Procuración y Colegio de Abogados, también viene por ustedes. Por ahora los tienen hacinados en los juzgados de gestión, y otras dependencias bajo la tutela de administradores de edificios. Pero el proceso continúa abierto y también busca prescindir de ustedes.

Propiciamos la implementación de nuevas tecnologías modernas y eficientes al servicio del ser humano, de los que demandan Justicia, de los que demandan alimentos, de los trabajadores que están empastillados, de los funcionarios, de los abogados y abogadas que tienen que atender las penurias de sus clientes. Muy diferente es el sistema de redes, máquinas, programas y tecnologías, inservibles y obsoletas que propone la Procuración y la Corte, que todos los días hace acordadas para poner parches sobre parches.

El Colegio de Abogados no es un interlocutor válido y tampoco nos representa en cuanto a la defensa de la dignidad del ejercicio de la profesión.

Amantes de nuestro trabajo, la Libertad, y la Justicia, sin condicionamientos de carácter político partidario ni de ningún poder, convocamos con total independencia a todos los colegas, trabajadores judiciales, funcionarios, magistrados, legisladores, gremios, organizaciones intermedias y a toda persona comprometida con la defensa de los Valores Republicanos a coordinar esfuerzos para detener el avasallamiento de la Justicia.

El desastre de los expedientes en la justicia de Familia

En un artículo publicado por El Ciudadano el 7 de agosto, Carolina Jacky, conocida abogada explicaba la situación de la justicia de Familia:

“Es evidente que el voluntarismo de la Corte para ir adelante con el expediente electrónico es loable, pero sin la completa convicción de cómo o por donde hacerlo. No es noticia de que la Justicia de Familia ha colapsado. Víctimas de violencia de género sin respuesta. Menores esperando por sus derechos, meses y meses sin dar respuesta a escritos de mero trámite presentados digitalmente. Ni hablar de una medida urgente, una exclusión de hogar, una prohibición de acercamiento, alimentos urgentes, mejor olvidarse”, había detallado.

Siguiendo con su tono crítico Jacky había añadido que: “a esto hay que agregarle la novedad que cuando se ingresa al sistema IURIX ONLINE, y se pretende bajar el supuesto expediente digitalizado, uno se encuentra que en el mismo solo obran los decretos y resoluciones del tribunal o pericias del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario, pero no está la demanda ni la contestación de la misma, o sea los escritos de las partes”.

En un artículo publicado hace una semana en dicho matutino, Jacky volvió a explicar:

“El Gobernador de Mendoza fue advertido del posible colapso de la Justicia dos días antes de que se decretara la cuarentena por parte del Poder Ejecutivo Nacional”.

Reveló que “en esa oportunidad, en su despacho, se le hizo saber de la necesidad de realizar una fuerte inversión en Justicia.

También se dijo que era imposible terminar con el papel como lo prometió el Presidente de la Corte, el doctor Dalmiro Garay (foto) al inicio del año judicial”.

y denunció “El Gobierno deberá pagar por estos daños, es violencia institucional. También habría que preguntarse por qué recién hoy el Colegio sale públicamente a enfrentar a la Corte. ¿Por qué, con anterioridad, su participación en este proceso fue tan complaciente?”, cuestionó la abogada especialista en violencia de género.