Distintos casos de diferentes órbitas jurídicas, pero la misma sensación de que la Justicia no parecería estar funcionando, o al menos no para la mayoría. En esta nota relataremos un caso testigo que puede representar muchos más y las respuestas oficiales como un intento de empezar a entender al único poder que los argentinos no votamos.

María Lucero es una vecina de Tres de Mayo, en lo que va del año a sus parientes cercanos han padecido dos robos domiciliarios, uno de ellos el sábado 11 pasado. Por eso, la mujer afirma sentir impotencia por la lentitud del sistema judicial y los «maltratos» en el servicio policial.

Si bien se tratan de las viviendas de sus hijos, «Mary«, como la conocen todos, afirma «todo tiene que ver con todo».

El 27 de abril, aprovechando que la casa estaba sola debido a que el dueño había llevado a su padre a una clínica, los delincuentes ingresaron al recinto tresmayino y les robaron varios electrodomésticos entre otras cosas.

En esa ocasión, Lucero y los suyos realizaron la denuncia en la Oficina Fiscal n°17 de Villa Tulumaya y ahí se encontraron con algo tal vez más nocivo que la delincuencia: la burocracia.

«Se tardaron 20 días en emitir la orden de allanamiento. En 20 días obviamente que las cosas no iban a estar en el lugar que les indicamos en la denuncia», afirma la entrevistada.

«Estoy muy disconforme con la gente de investigaciones de la policía, enviaron a una persona que no conocía el lugar a hacer el reconocimiento, al vehículo se le pinchó una rueda y no tenía para cambiarla. Nos quedamos parados frente a la casa de los sospechosos, ni ellos ni el ayudante de fiscal jamás se comunicaron para informarme avances…Hablo con el comisario y me dice ‘ya le envío un móvil’, no quiero el móvil de día cuando hablamos, es en la noche para que proteja a muchas mujeres cuyos maridos tienen que trabajar en horario nocturno».

En tanto, su otro hijo que vive en el loteo Luconi en el citado distrito lavallino también padeció la inseguridad en su domicilio. En realidad, más precisamente lo vivieron la nuera y nietito de Mary dado que el hijo de esta y dueño de casa es gendarme y había sido movilizado a la vecina provincia de San Juan para prestar servicio en las P.A.S.O.

En la noche del 11 de septiembre, mientras el uniformado estaba teniendo una videollamada con su familia, su mujer empezó a sentir ruidos extraños en su patio el cual es colindante con un baldío.
Según la informante: «(aparentemente) los mismos delincuentes antes de entrar le robaron a la dueña de la farmacia de Tres de Mayo, a ella le sacaron una engarilla, y después se meten en lo de mi hijo y cruzan por la pared que da al descampado la engarilla. En ese momento empiezan a desmantelar el auto…»

Es en ese instante que la joven mujer percibe con terror lo que está ocurriendo y el gendarme interrumpe la comunicación telefónica para darle aviso a su hermana que vive en las cercanías y ella con su pareja más la dueña de casa ahuyentan a los ladrones, los cuales se dan a la fuga.

Sin embargo, ya para ese entonces los perpetradores del hecho habían destrozado parte del sistema eléctrico del auto familiar, concretamente les arrancaron de cuajo la batería del rodado y unos parlantes recientemente colocados en el mismo. También la rueda de auxilio y una caja de herramientas.

Aparentemente se trataría de tres masculinos jóvenes los que habrían perpetrado los hechos. «Seguimos el rastro de la engarilla, que estaba muy marcado en suelo, por lo que creemos que iba bastante pesada. Algunas cosas las fueron abandonando en el campo, recuperamos todo menos la batería».

Lucero tiene una fuerte sospecha de quiénes serían los delincuentes dado que siguió el rastro hasta la misma vivienda de los sospechosos y no sólo eso, sino que ingresó y los confrontó. «Pero volvemos a lo mismo, mi hijo no ha querido poner la denuncia porque para nosotros ya resulta una pérdida de tiempo, porque desde el 27 de abril que yo voy a hablar con el ayudante de fiscal, con el comisario, y si no han tenido datos del primer robo para qué voy a ir por el segundo».

Fuentes de la Oficina Fiscal n° 17 que solicitaron resguardar su nombre confesaron: «no es que no queramos, nosotros hacemos nuestra parte, pero es estamos atados de pies y manos, no tenemos mucho personal ni recursos como en Las Heras o Guaymallén, tenemos tres móviles, dos son consigna…»

Análisis

Desde el lunes 13 nos pusimos en contacto con el responsable de prensa del Ministerio Público Fiscal con la esperanza de lograr una entrevista donde pudiéramos consultar al procurador general Alejandro Gullé por las preocupantes dilaciones en su accionar, por los recursos para Lavalle, entre otros temas.

Sin embargo, y pese a la buena disposición de dicho equipo de prensa, hasta el momento no hemos conseguido dialogar con el funcionario, sino que pasaría para la semana entrante.

Pero el relato de María Lucero, así como otros a los que hemos tenido acceso pero no fueron incorporados en esta nota, nos dejan varias inquietudes:

1- ¿Cuántos casos más como esta tresmayina hay de personas que no denuncian ilícitos por considerarlo en vano? De ser muchos, ¿qué tan fiables son las estadísticas de inseguridad si una buena parte de los delitos no se denuncian?

2- ¿Cuáles son los criterios para la distribución de recursos materiales y personal judicial y policial?

3- ¿El gobierno ha considerado los riesgos de que los ciudadanos no confíen en el sistema judicial mientras la delincuencia continúa?
Así como María, seguiremos esperando por concretar la entrevista con el procurador a fin de responder éstos y otros interrogantes.