Hugo de Marinis / Desde Canadá
Se cree en Occidente que la libertad de prensa es la piedra angular de la democracia. Pero los periodistas solo pueden hacer que los gobiernos rindan cuentas de sus actos si alguien con acceso a las malas prácticas se arriesga a compartir esa información. Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema Británica el pasado viernes 10 de diciembre de permitir la extradición del fundador de WikiLeaks – el australiano Julian Assange – a Estados Unidos subraya la profunda tensión entre el ideal democrático y las formas en que las naciones más poderosas que se reclaman democráticas tratan a quienes denuncian sus excesos.
WikiLeaks – plataforma que funciona gracias a un grupo de sus colaboradores para exponer documentos secretos que afectan a la ciudadanía – publicó un manual que revelaba los tormentos que les eran aplicados a detenidos del gobierno de Estados Unidos en el campo de detención que funciona en la Bahía de Guantánamo, territorio cubano ocupado ilegalmente por Estados Unidos; de igual forma, la plataforma publicó el video de un helicóptero estadounidense disparando indiscriminadamente a numerosos civiles, incluido un periodista, en Irak. Assange ha sido imputado por espionaje, igual que otros denunciantes como Chelsea Manning cuya sentencia fue conmutada por el expresidente Barak Obama y Edward Snowden, quien se encuentra exiliado en Rusia luego de haber expuesto las redes de vigilancia mundial que empleaba la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La respuesta del gobierno estadounidense no es nueva. En los setenta, Daniel Ellsberg, un analista militar, fue imputado bajo la Ley de Espionaje de Estados Unidos por publicar papeles del Pentágono que detallaban la manera en que el gobierno de ese país sistemáticamente falseaba la realidad ante el público norteamericano sobre la guerra de Vietnam.
Lo anterior no es exclusivo de los Estados Unidos. El Reino Unido intentó pero falló en procesar a Katherine Gun, una exempleada de la Agencia de Inteligencia Británica – GCHQ por sus siglas en inglés – luego de que revelara el plan de Estados Unidos de espiar a los delegados de las Naciones Unidas antes del voto crucial sobre la guerra de Irak. Hay casos también en India, mucho más sangrientos, donde cerca de 100 activistas han sido asesinados desde que se promulgó en 2005 la Ley de Derecho a la Información.
Muy a menudo los gobiernos democráticos de las potencias occidentales citan la seguridad nacional para imputar a denunciantes o reporteros que revelan acciones secretas que son vergonzantes para ellos y que están reñidas con sus posiciones públicas. En el New York Times del domingo 19 de diciembre, Azmat Khan denuncia que informes escondidos del Pentágono de la inteligencia estadounidense de dudoso valor táctico o definitivamente erróneos condujeron a la matanza de miles de civiles en Oriente Medio. Pero a diferencia de los espías reales que proveen datos defectuosos, los denunciantes – periodistas y activistas – rara vez ponen en peligro a agentes encubiertos o a soldados. Los denunciantes imputados por los gobiernos democráticos no son precisamente quienes engañan al público de sus países. En vez de eso, se convierten en blanco de agencias de inteligencia autoritarias, prepotentes y sin control ciudadano por revelar cómo los gobiernos que se autocalifican de democráticos mienten a sus poblaciones. Esta inversión orwelliana entre el bien y el mal no tiene nada que hacer en las opulentas democracias modernas donde se supone que los gobiernos electos deben ser responsables y leales ante sus ciudadanos. Si el emperador va desnudo gritarle para que conozca su desnudez es un acto de lo más genuinamente democrático y no una causa de castigo, tortura o muerte.
Fuentes:
https://www.telegraphindia.com/opinion/julian-assange-how-nations-treat-whistle-blowers/cid/1843602
https://www.nytimes.com/interactive/2021/12/18/us/airstrikes-pentagon-records-civilian-deaths.html
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