Trabajadores de la institución provincial acusan a las autoridades de abuso de autoridad y de generar un clima hostil. La coordinadora lo desmiente y asegura que su prioridad es proteger a los trabajadores.

Si bien algunos afirman que esta situación tiene larga data, los hechos más concretos habrían ocurrido en noviembre pasado cuando luego de una elección gremial dentro del Área se habría solicitado la sanción de algunos de los involucrados y se desplazó de su cargo al jefe de movilidad.

Sergio Mayorga es agente sanitario y afirma que existiría una persecución política dentro de la entidad pública. Explica que el pasado 25 de noviembre se llevó a cabo la elección de delegados de UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) en la cual él tuvo participación junto con Mariela Aguirre, María José Venier y Ceferino Fredes.

«El 25 de noviembre se hacen las elecciones, el 26 (las autoridades) hacen una reunión donde deciden cambiarnos a nosotros aparentemente en represalia por querer introducir otro gremio en el Área de Salud de Lavalle», comenta Mayorga.

El agente explica que estuvo sujeto a una enfermedad de gran peligrosidad por lo que debió exponerse a tratamiento con quimioterapia. En julio de 2021 se reincorpora a trabajar, pero de manera virtual y a partir de octubre se reincorpora de manera presencial.

Mayorga explica que, si bien la junta médica lo autoriza a reiniciar plenamente sus labores, su médica de cabecera y quien estuvo acompañándolo en su difícil proceso médico habría recomendado por medio de un certificado «mantener la exposición ambiental al mínimo» debido a que su sistema inmunológico había quedado con «secuelas» luego del agresivo tratamiento de quimioterapia.

Teniendo en cuenta esto, el agente habla de represalia porque luego de las elecciones gremiales «a mí me notifican por teléfono, desde septiembre todas las notificaciones tienen que ser presenciales, y me mandan al centro de salud de Jocolí, que es un referente de COVID…mi doctora a través de un certificado había pedido que me pusieran en un lugar más tranquilo…porque mis defensas están bajas».

Pero las cosas fueron aún más explícitas, el mismo 26 de noviembre la coordinadora Mazzeo junto con el asesor letrado del Área envían una nota al Ministerio de Salud donde se afirma que la enfermera Venier junto con Mayorga hicieron «abandono de servicio…sin haber informado con prioridad que ese día no iban a cumplir funciones de manera habitual…», dando a entender que UPCN habría incumplido informar con diez días de anticipación como establece la ley de reglamentación gremial 23.551.

Asimismo se acusa a la Lic. Mariela Aguirre, encargada del área de Nutrición, de haber autorizado el uso de la oficina de ese servicio como cuarto oscuro sin informar previamente a la coordinación del Área.

También se explica que, según «información extraoficial a confirmar», Fredes también habría estado involucrado en esos comicios.

En esos mismos días Ceferino Fredes, jefe de movilidad con 11 años de servicio, fue removido de su cargo sin recibir una explicación clara al respecto.

Desde UPCN informaron a El Despertador que efectivamente se cumplió con informar a la patronal diez días antes tal como lo exige la ley, sólo que se le informó al Ministerio de Salud, que es la jerarquía superior, y el 17 de noviembre, por mera cortesía, también al Área de Salud.

¿Un acuerdo espúreo?

Sergio Mayorga se animó a decir algo alarmante. Comentó que todos estos movimientos se deberían a una especie de «acuerdo» entre el gobierno de Rodolfo Suárez y ATE en el cual este gremio es sumiso a sus directivas a cambio de que la gestión use sus influencias judiciales para mantener congeladas las casusas de violencia de género -y otras- que recaen sobre el secretario general Roberto Macho.

Por eso, explica Mayorga, verían como un peligro la intromisión de un gremio nuevo en el Área de Salud como sería UPCN.

«esto (los intentos de sanción y los desplazamientos) aparentemente lo han hecho para amedrentar a las personas que están con ATE para que no se pasen a UPCN, para que vean que lo que nos pasó a nosotros les puede pasar a ellos si se pasan (de gremio)», declara el agente sanitario.

La versión desde el Área de Salud

Jésica Mazzeo, coordinadora del organismo, concedió una entrevista a este medio para abordar todos estos temas.

ED: ¿Estas reorganizaciones internas tienen que ver con una persecución política al que no es ‘del palo’, como se dice en la jerga?

JM: «No, no tiene nada que ver. Más allá del color político que tenga cada uno, que es respetable, lo que yo pido es que mientras el trabajo se cumpla, suficiente, no tiene nada que ver una cosa por otra…»

ED: ¿Por qué se intentó sancionar a las personas involucradas en la elección de UPCN de noviembre?

JM: «No se ha sancionado a nadie…simplemente desde la institución por una cuestión de protocolo se debe informar con lo que sucede con cualquier gremio, ya sea UPCN, AMPROS, ATE…hay que notificar e informar. Lo único que se hizo es informar que se hizo una elección sin que se cumplieran ciertos requisitos que todos los gremios deben cumplir…nosotros sólo informamos la situación, si corresponde o no sanción, eso no depende de nosotros».

Si bien Mazzeo afirma que sólo fue una nota de carácter informativo y no acusatorio, resulta llamativo que se hable de abandono de puesto laboral y que se cierre la misiva de la siguiente manera: «paso esta información a su conocimiento, para que se realice la investigación y sanción correspondiente al personal que intervino».

Sobre el lugar de trabajo en el que se desempeña Mayorga teniendo en cuenta su estado de salud con «secuelas», la funcionaria explicó: «…lo único que se hizo es trasladarlo a un lugar más cerca de su domicilio, está en el CIC de Jocolí, los CIC son lugares sanos dado que las personas enfermas son dirigidas al centro de salud y las persona sanas que necesitan hacerse controles al CIC, está en un lugar sano…se le ha pedido a la oficina de personal que exprese qué puede hacer y qué no…pero si hay algo que rever puede acercarse a la oficina de personal…el diálogo siempre está, desde entrada lo que más se protege es la salud del personal».

Sobre esto último Ceferino Fredes, ex encargado de movilidad, no parece estar tan de acuerdo: «hay muchos compañeros que la están pasando mal, mucho con miedo, y se nota en el ambiente. Eso es malo para una institución, si nosotros que trabajamos en salud no estamos bien, no podemos transmitir salud a la gente».

Con respecto al desplazamiento de este trabajador, Mazzeo dijo: «son decisiones propias de la coordinación…no es otra cosa que reorganización del sistema…son algunas cuestiones muy internas de la institución, pero el servicio no ha dejado de funcionar…a veces no quita la cantidad de años, hay cambios que son necesarios hacer, a veces es necesario, no se entienden con ciertas personas, no hay nada en contra de nadie, sino la necesidad de que el sistema siga funcionando con otra perspectiva, capaz».

Así están dadas las cosas es uno de los organismos más cruciales para la calidad de vida de los lavallinos. La coordinadora expresó que anhela en este 2022 volver a trabajar mancomunadamente con las escuelas, pero tal vez -como dice la especialista en comunicación organizacional Marcela Ríos- haya que primero mejorar el clima interno antes que expandirse hacia afuera.