Año 2019, el mundo no se preocupaba en absoluto por el COVID-19, y allá por junio El Despertador empezó a agitar el avispero dado que se vencía la licitación del transporte público aprobada en 2009 y debía hacerse una nueva considerando las necesidades actuales de Lavalle.

Por aquel entonces, con gran practicidad pero con una asombrosa inoperancia política, los funcionarios de la Secretaría de Servicios Públicos provincial apuntaron a hacer un pliego licitatorio idéntico al anterior (copiar y pegar) incluyendo un artículo que permitiera modificaciones sobre la marcha.
Hay pocas situaciones que logran poner de acuerdo a todo el arco político (incluyendo a la izquierda), pero en julio de ese año incluso el radicalismo con notable incomodidad se manifestaba en contra del grosero facilismo de los estudiosos de escritorio.

¿Cuál era el problema?

Para explicarlo en términos simples, cada diez años el Estado debe contratar a una o más empresas para que se hagan cargo del servicio de transporte público en diferentes zonas. Para hacerlo se establecen los requisitos que deben cumplir las empresas (los cuales deberían responder a las necesidades reales de la población), y así los distintos oferentes hacen sus propuestas y -en teoría- la mejor es la que firma contrato.

Ese conjunto de requisitos se llama pliego licitatorio y el proceso es la licitación.

El problema es que la Secretaría de Servicios Públicos pretendía realizar el pliego licitatorio sin conocer las realidades cotidianas de los lavallinos, por lo cual la empresa ganadora ofrecería un servicio por la siguiente década que de entrada ya sería ineficiente.
Según estudios de la Dirección de Ordenamiento Territorial de Lavalle, la población de Villa Tulumaya creció cerca de un 300% entre 2009 y 2019. Esto no sólo provoca una mayor recarga de las unidades, sino que al extenderse la población las distancias son mayores y los recorridos tradicionales se vuelven muy incómodos para cada vez más habitantes.

A esto se suma la mayor demanda de la comunidad educativa de la mano de la apertura de nuevos CENS y CEBJAS con aulas satélites.

También se da el absurdo de unidades saturadas en los recorridos urbanos del Departamento y colectivos inmensos con tres personas a veces en los rurales. Por eso, entre las propuestas que acercaron los concejales en ese momento estaba que hubiesen dos tipos de vehículos: colectivos de 60 pasajeros para los polos urbanos y minibuses o hasta traffics para las zonas rurales, pero con un incremento de las frecuencias.

¿Qué pasó?

La pandemia originada en el coronavirus hizo que el gobierno de Suárez “zafara” en 2020, como así lo daban a entender esta semana desde Prensa de la Secretaría de Servicios Públicos mediante Whatsapp: “Previo 2019 se comenzaron con los procesos de consultas y audiencias junto con la comuna, las entidades vecinales y sociales. Desde 2020 la emergencia sanitaria complicó el desarrollo. Hoy está en estudio por las complicaciones económicas para conseguir financiamiento”.

La primera parte evidentemente no habría ocurrido tan así, de lo contrario todo el Honorable Concejo Deliberante no se hubiese movilizado como lo hizo.

Cuando se les pidió que explicaran lo del financiamiento (dado que hacer un pliego licitatorio teniendo en cuenta las demandas populares no necesariamente sería más caro que no hacerlo), desde el organismo respondieron: “no es más caro, pero se requieren inversiones en unidades, y los posibles oferentes tienen que adquirirlas con financiamiento que las condiciones macroeconómicas del país hoy no lo permiten. Eso dificulta tener los oferentes que puedan hacer esa adquisición de una sola vez, algo que no ha ocurrido nunca (menos con las actuales condiciones)”.

Ante esto se les preguntó cuáles eran entonces las perspectivas a futuro, ahí la Secretaría dejó de responder dando unilateralmente por terminada la entrevista y dejando un incómodo -¿por no decir preocupante?- silencio.

Sobre este tema también opinó el director de asuntos estratégicos de la comuna, Gerardo Vaquer, quien expresó: “Respecto del transporte en el Departamento se han hecho numerosas acciones de parte del Municipio tendientes a mejorar sustancialmente el servicio.

Se realizaron censos de pasajeros y encuestas para determinar las necesidades en todos los distritos; se efectuaron propuestas de recorridos internos para vincular con dinamismo los distritos con Tulumaya y Costa de Araujo; se propuso la vinculación de los centros urbanos más importantes con la ciudad de Mendoza con mayores frecuencias a fin de disminuir el hacinamiento y bajar el tiempo de cada recorrido.

Para aportar una solución a la falta de inversión por parte de los privados se propuso la incorporación de la empresa pública Municipal Proyectos Lavalle S.A.P.E.M.

Con el objeto de otorgar equidad al sistema público de pasajeros se propuso el cambio de la modalidad del subsidio por pasajero (sistema actual) al subsidio por km (sistema del gran Mendoza)”.

ED: Ese parece ser el punto clave, ¿podría desarrollarlo?
GV: “En este último punto se debe hacer hincapié ya que el subsidio al ser por pasajero repercute en que en un mismo colectivo vayan 80 o 90 personas y no 30 o 35 como debería ser. Con el sistema actual el subsidio es alto y el costo es bajo. Mientras que en el gran Mendoza los colectivos pueden circular vacíos y el subsidio, al ser por km, lo cobran igual.

El sistema también podría ser mixto, solo requiere estudio y decisión política”.

Se le comentó a Vaquer lo dicho por la Secretaría a nuestro medio, y en relación a las perspectivas de futuro el lavallino expresó: “el Municipio de Lavalle sigue dispuesto a colaborar en la solución y a aportar, como ya lo ha hecho, en alternativas en pos de una mejor calidad de servicio.

La responsabilidad está en la Secretaria de Servicios Públicos de la Provincia, nosotros mantenemos las puertas de diálogo abiertas y la voluntad de colaborar en las mejoras que la gente necesita”.