En su lucha por la preservación del medio ambiente el Departamento aprobó una legislación que prohíbe el fracking, pero desde el organismo provincial han buscado declararla ya dos veces inconstitucional.

En noviembre de 2018, en pleno resurgimiento del debate minero en la Provincia, Lavalle aprobó la ordenanza 1065/2018 en la que se prohibía esta técnica también conocida como fractura hidráulica.

La normativa causó revuelo por dos razones: era la primera vez que un municipio sin proyecciones mineras sacaba una legislación que prohibía una actividad que no tiene.

En segundo lugar, por el hecho de que fuese aprobada por unanimidad. Es decir, contando con el apoyo del FIT y -lo más sorprendente en ese contexto- con el radicalismo.

Sobre este punto, el colega Juan Burba entrevistó en su momento al jefe de bloque radical Lucas Luppo , quien dijo: «…no teníamos por qué volcarnos en contra de una ordenanza que regula una actividad que no es viable en el corto y mediano plazo en el Departamento, ¿para qué oponernos?…No somos enemigos, no tenemos por qué matarnos…lo manifestamos con la Provincia y nos dijeron ‘ustedes son lavallinos y vamos a respetar a los lavallinos’…»

Sin embargo, la Fiscalía de Estado, tenía otra opinión. Este organismo tiene como fin velar por los intereses patrimoniales del fisco y solicitar a la Corte Suprema la nulidad de toda normativa que considere va contra la Constitución Provincial o los intereses públicos.

Y, de hecho, eso fue lo que hizo el ente a cargo del Dr. Fernando Simón, quien solicitó a la Corte la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza lavallina ya que legislaba sobre el uso del agua y contradecía la ley nacional de Hidrocarburos.

En tanto avanzaba el proceso, los lavallinos ni lerdos ni tontos, no esperaron a que el organismo judicial declarara la inconstitucionalidad, sino que emitieron una nueva ordenanza que sustituía la anterior.
Así nació la 1071, una «jurídicamente blindada» que cambiaba el enfoque y lo abordaba desde el ordenamiento territorial, que sí es competencia exclusiva de los municipios.

Pero, el Dr. Simón volvió a arremeter contra la pieza legal lavallina solicitando nuevamente a la Corte Suprema de Mendoza que la declarase inconstitucional, proceso que aún sigue en trámite.

¿Por qué tanta polémica?

Los defensores del fracking aseguran que es la mejor manera de acceder a hidrocarburos no convencionales y esto permitiría mayor crecimiento económico e independencia energética.

Sin embargo, quienes se oponen aseguran que tiene un altísimo riesgo debido a que para aplicar esta metodología se utilizan grandes cantidades de agua que se inyecta en la tierra a alta presión. Esto ya de por sí es complejo en una provincia como Mendoza con una emergencia hídrica sostenida.

Pero además, esa agua es mezclada con componentes químicos de alta peligrosidad que pueden filtrarse y contaminar napas utilizadas para fines agrícolas y/o de consumo humano.

La Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas criticó un informe favorable al fracking desarrollado años atrás por la UNCUYO con bajísimo rigor científico (ni siquiera especifica quién lo redactó y cita mayormente fuentes ligadas a petroleras), y en ese marco expuso: «el informe tampoco considera el peligro de sismos provocados por la inyección de aguas de producción, la principal práctica que puede ocasionar sismicidad inducida. La ausencia de referencias a esta cuestión es de particular gravedad en un contexto donde se han observado sismos en la zona de Sauzal Bonito (Neuquén) ante la llegada de los no convencionales», según publica ANRed.

Es decir, a una provincia de alto riesgo sísmico natural, le añaden aún más probabilidades al usar esta técnica.

Sobre esto dialogamos con el asesor legal de la Municipalidad de Lavalle, el abogado Gustavo Ortíz, quien explicó: «…esa técnica (fracking) es criticada por la ciencia porque utiliza algunos químicos de alta toxicidad. Algunos, porque no se conocen todos los químicos utilizados dado que las empresas no lo dicen con claridad…»

ED: ¿Por qué Fiscalía de Estado pide en ambos casos la inconstitucionalidad?
GO: «Los fundamentos es que el Municipio se tomaría atributos que no tendría, que viola principios de supremacía constitucional, competencia, desarrollo sustentable…tiene la facultad de pedir la inconstitucionalidad de la norma…a la vez, paradójicamente, Fiscalía de Estado tiene la facultad de velar por la preservación del ambiente.
La Municipalidad esa la lógica precautoria, es decir, prevenir daños ambientales y humanos. Al no saber la totalidad de los efectos negativos que tiene la técnica por secretos comerciales de las empresas sobre los químicos que utilizan, queremos prevenir».

ED: ¿Cuáles cree que sean los motivos políticos de Fiscalía para pedir esto?

GO: «No es sólo con la de Lavalle, entiendo que también hay otra parecida con el trámite de impugnación del Valle de Uco. La postura está muy alineada con la del gobierno provincial de permitir actividades que ambientalmente son discutibles con el afán de lograr mayor crecimiento económico…Fiscalía de Estado se ha puesto más en defender las competencias provinciales que mirar puntualmente la técnica de fractura hidráulica y su impacto ambiental»

Sobre esto hay que mencionar que el gobierno hizo una resolución en la que simplificaba los estudios de impacto ambiental para el fracking, lo que yo creo que llevó a los municipios a tratar de defender sus suelos»

¿Simón está nervioso?

Habiendo tantos temas ambientalmente relevantes (como el regalo de 12.000 hectáreas que incluyen glaciares para el centro de esquí El Azufre), ¿por qué el Dr. Fernando Simón va dos veces en contra de una ordenanza contra el fracking en un Departamento que no tiene minería y por ende ‘no mueve la aguja’ en el sector?

Algunos especulan con que el temor de las altas esferas del poder mendocino no radica en los efectos de la prohibición de esa técnica dentro del Departamento norteño, sino su posible ‘efecto contagio’ que se trasladaría a otros municipios del Gran Mendoza y el resto de la Provincia.

Incluso si muchas de esas jurisdicciones tampoco tuvieran proyecciones mineras, mientras más ordenanzas en contra se aprobaran, más peso político e institucional habría en contra del avance minero con la utilización de la fractura hidráulica.

Es por eso que Ortiz advierte que tanto si la Suprema Corte dictaminara la constitucionalidad como la inconstitucionalidad, «sentaría un precedente importante».

El abogado comenta que las definiciones al respecto deberían ocurrir a fines de este año o en 2023, pero que al ser un tema polémico podrían modificarse estos lapsos.

Hay quienes especulan con que esto muy posiblemente suceda teniendo en cuenta que el próximo es un año electoral y tal vez el gobierno de Suarez no quiera que los votantes tengan fresco un tema que ya le resultó un duro golpe a fines de 2019 cuando intentó modificar la ley de protección del agua 7722.

Habrá que esperar entonces a ver si la Corte juega al Simón dice o no.