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28 julio, 2022

Avanza en el Congreso la ley de fomento a la agroindustria: ¿a quién beneficia?

  •   Por Juan Burba
           

En setiembre del año pasado, en una presentación conjunta, el presidente Alberto Fernández y su vice, CFK, anunciaron el envío de un proyecto de ley sobre promoción agroindustrial al Congreso Nacional, por parte del Ejecutivo. Se trata de una iniciativa negociada con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que nuclea a las grandes empresas del llamado agronegocio (representadas en las cámaras corporativas Casafe, Asociación de Semilleras Argentina y Acsoja), las Bolsas de Cereales (de Rosario, Buenos Aires y Córdoba, entre otras), la Cámara de Biocombustibles (Carbio), la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de Puertos Privados, entre otros. Aunque al principio se mostraron reticentes, también están presentes las cuatro patas de la Mesa de Enlace: Coninagro, Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentina (CRA) y la Sociedad Rural Argentina.

Según las voces oficiales el proyecto de ley de «Fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable y exportador» pretende generar más ingresos de divisas y nuevos puestos de trabajo a través de nuevas inversiones, con criterio federal, en la producción agropecuaria y agroindustrial del país, y tiene por objetivo incrementar las exportaciones en 7 mil millones de dólares y generar más de 200 mil puestos de trabajo hacia el 2030.

Desde comienzos de este año el proyecto comenzó a activarse en los pasillos de la Cámara de Diputados, y a principios de este mes se dio una reunión clave: un plenario de comisiones recibió a representantes y referentes del CAA para escuchar las “bonanzas” del proyecto. El plenario fue encabezado por el presidente de la comisión de Industria, el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos), junto con el titular de la comisión de Agricultura, Ricardo Buryaile (Juntos por el Cambio), entre quienes parece no haber grieta para la aprobación de esta norma.

Esta semana se realizó una reunión entre Sergio Massa, presidente de la Cámara y Eduardo “Wado” De Pedro, Ministro del Interior, junto a algunos gobernadores, para afinar el tratamiento en el parlamento. Al parecer su avance podría destrabar la complicada relación (evidenciada con el extraño “paro del campo” de la semana pasada) del complejo agroindustrial con el Gobierno, en especial, la liquidación de dólares de exportaciones que el sector retacea en medio de la especulativa corrida cambiaria.

El colega Dario Aranda, en una nota de la Agencia Tierra Viva expresa que “el proyecto señala que promoverá 24 cadenas productivas, pero el eje será aumentar las exportaciones de los cultivos que más divisas generan, entre ellos: soja, maíz y trigo. Los cinco pilares que utiliza son producción, empleo, ventas, exportaciones e inversiones. En ningún momento se habla de ambiente, ni de agroecología ni (mucho menos) de soberanía alimentaria. La traducción no publicitada es un plan con mayor uso de transgénicos y agrotóxicos, mayor alianza con el agro empresario y con las consecuencias por demás conocidas: desmontes, conflictos por la tierra, desalojos, concentración de la tierra en pocas manos, afectaciones a la salud y al ambiente, entre otras”.

El Despertador salió en busca de voces lavallinas que nos permitan profundizar la mirada local y generar debate en la opinión pública respecto a esto que parece lejano, pero que podría afectar al sector de la pequeña agricultura que produce alimentos y, en definitiva, a la mesa y la salud de cada familia argentina.

“Todo proyecto y planificación a futuro, como lo fue en su momento para el sector vitivinícola, siempre ayuda, y permite que podamos garantizar el alimento al pueblo argentino” aseguró Juan Jaime, Director de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lavalle, y aclaró: “los sectores industriales, que tiene la posibilidad de exportar la producción, suelen ser los más favorecidos con un peso devaluado, es decir un dólar alto, y es necesario que aporten para que tengamos un país mas equilibrado” en referencia al porcentaje de retenciones a las exportaciones.

Sobre el proyecto de ley en particular manifestó que “los objetivos son loables, igualmente hay sectores que necesitan de política de crédito y de plazo de devolución, que permitan que esos sectores se puedan afianzar: producción, vivienda, energía, industrialización” en alusión a las economías regionales, “es muy difícil que el gobierno controle, pero es necesaria la intervención del estado, que regule en la medida que permita que muchos sectores puedan llegar al financiamiento, con mas productividad que combata la inflación, el mundo está necesitando de alimentos y Argentina los puede proveer, y en eso Mendoza y Lavalle en particular tenemos muchas posibilidades”.

Jaime puntualizó sobre un aspecto de la propuesta legislativa: “es importante acortar los plazos de devolución del IVA y las inversiones, porque los períodos de retorno son muy largos, más cuando hay mucha inflación, pero mientras estemos dependiendo de un dólar que maneje un sólo sector de la economía, el agroindustrial, está complicado”.

“Creo que la cosa es clara, con este proyecto se beneficia a un grupo de productores, concentrando la tierra, aplicando agroquímicos, contaminando el medio ambiente y la tierra” expresó Cristóbal Cardozo, productor de Las Violetas, integrante del grupo La Nueva Colonia y referente provincial de la agroecología como forma de producción. “Desde la agricultura familiar, que somos los verdaderos productores de alimentos, venimos pidiendo políticas para el sector, y no hay respuestas, siempre el que tiene poder económico logra alinear al gobierno en su favor, y nosotros como pequeños productores nos quedamos esperando, ni hablar de la producción agroecológica” manifestó.

Sobre algunos puntos que el proyecto plantea como positivos Cardozo agrega: “dicen que va a generar trabajo, pero es al contrario, si siguen plantando soja y haciendo desmontes, están dejando a la deriva y acorralando a la gente, que tiene que irse a los pueblos, los que generamos trabajo somos nosotros, la agricultura familiar” y para cerrar fue más allá “no creo que el agronegocio pueda convivir con la agricultura familiar, tienen que darse leyes para las familias agricultoras, que contemplen el acceso a la tierra, las semillas nativas y criollas, con insumos orgánicos, con herramientas y maquinarias necesarias para producir mejor”.

“Es la renovación del viejo proyecto de Néstor (Kirchner) al que se sumó la nanotecnología” valoró Raimundo Laugero, concejal lavallino, productor y referente de organizaciones campesinas, “creo que tiene aspectos muy interesantes, es necesario industrializar para generar valor agregado y trabajo, nosotros venimos con esa convicción desde hace muchos años”. Y continúa: “no vender tomate, vender salsa, no vender uva, desde lo local hacernos cargo de la elaboración de vino, eso genera trabajo, arraigo, tecnología local, conocimientos locales”, y hace una salvedad: “claramente eso se puede plantear desde lo local o desde las corporaciones, se puede hacer desde la dependencia de los insumos dolarizados o desde modelos como la agroecología donde los insumos están en pesos, se cuida y protege el suelo y la producción de alimentos sanos”.

Consultamos a Laugero sobre la posibilidad de que el proyecto, hecho ley, beneficie sólo a los grandes, teniendo en cuenta que la autoría viene de ese sector, “hay una tensión histórica, la correlación de fuerzas puede hacerla torcer a favor de la federalización, es decir de las economías regionales y de estas a los sectores populares que la integran” aseguró, “pero acuerdo que puede ser más pensado en ese sector, nuestra tarea es que no sea sólo esa la visión”.

Como decíamos el proyecto está avanzando en Industria y Agricultura sin demasiadas objeciones, en caso de conseguir dictamen en esas dos comisiones pasará a ser tratado en el recinto.


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