El pasado lunes 12 la Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil decretó un rechazo a la apelación realizada por la DGI y el Gobierno mismo ratificando así una sentencia de febrero por el entubamiento ilegal del arroyo Morteritos en Potrerillos.

El organismo dirigido por Sergio Marinelli salteó el estudio de impacto ambiental que marca la legislación vigente y comenzó una obra de entubamiento dentro del área protegida conocida como Cordón del Plata, lo cual fue advertido por guardaparques el 5 de agosto de 2020, época en la que el país entero y gran parte del mundo estaban paralizados por la pandemia del COVID-19…(¿casualidad?).

El hecho fue denunciado por la ONG Oikos Red Ambiental y logró paralizar la obra por la cual el Poder Judicial dictaminó recientemente una multa de $250.000 contra los responsables del cuidado y administración del agua pública.

Sobre este tema dialogamos con el especialista ambiental Rodolfo Moyano, quien es referente de la mencionada organización denunciante.

“…En Oikos…esta faceta de las acciones legales se toma cuando se han agotado todas las otras vías o, como en este caso, hay que actuar rápidamente porque no se ha cumplido con algún aspecto de la legalidad…no accionamos legalmente por nuestros argumentos u opiniones, sino porque hay una situación de ilegalidad…”, explicó.

Con respecto a por qué Irrigación salteó la declaración de impacto ambiental y otros trámites administrativos, comentó: “…no sé por qué lo hizo, sí dar la oportunidad de que Irrigación corrija…”.

Moyano hizo hincapié en que la ONG tiene como pauta el diálogo entre las partes, justamente porque muchas veces no se tiene la misma mirada sobre un objeto. “…Todos podemos estar mirando el mismo espacio y vamos a ver, calificando como hemos aprendido. Si para Irrigación este es un arroyo que conduce el agua con un fin determinado, en mi mirada de cientista ambiental estoy viendo un ecosistema mucho más amplio que el que está viendo Irrigación…”.

Sobre esto, el especialista ambiental destacó un tema que toca a los lavallinos: “la gente de Irrigación está formada con la mirada de la Ley de aguas de 1884, en la que el concepto de ambiente era totalmente distinto al de ahora. Esa ley sólo dice que el agua es para irrigar y no otros usos, hoy hablamos de caudal ambiental, caudal ecológico, ciclo hidrosocial del agua…”

La mencionada ley, que justamente fue la que le dio origen al Departamento General de Irrigación, afecta a los lavallinos porque fue la que permitió (y permite) darle prioridad al Gran Mendoza en la distribución del agua, causando un daño ambiental irreparable para Lavalle, que para ese entonces tenía un paisaje totalmente distinto al actual por la cantidad de agua proveniente del Río Mendoza con la que contaba.

ED: Más de un siglo después de la aprobación de esa ley, ¿cómo afectó a territorios como el de Lavalle?

RM: “…El modelo de ese momento era privilegiar la vitivinicultura y la horticultura. Mendoza entre fines del siglo XIX y principios del XX triplicó su población y dos tercios eran extranjeros. El país y la Provincia ingresa en esta producción…transformó no sólo el paisaje, sino la manera en que entendemos el paisaje. Había una ciénaga que partía desde Guaymallén y seguía hasta la zona de la Isla chica e Isla grande en Maipú y seguía hasta el norte hasta las Lagunas. Ese ecosistema no sólo se perdió, sino que se ha borrado de la memoria de los mendocinos…hoy lo padece Lavalle, pero también los departamentos del Este esa decisión de privilegiar a ciertas zonas y hoy podríamos hablar de una deuda ecológica de las zonas irrigadas hacia las zonas no irrigadas…esto afectó hasta la representación legislativa de Santa Rosa, La Paz y Lavalle, porque por el tema de la circunscripción hay años en los que alguno de esos departamentos no tiene legisladores que los representen…hay una deuda ecológica que en algún momento habrá que saldar…”

“Cada nueva tensión que surge es una oportunidad que tienen las tierras irrigadas para saldar su deuda con las tierras no irrigadas…El 97% de los mendocinos vivimos en el 4% del territorio y nos pensamos como la totalidad de la Provincia…y gestionamos (así)…cada nueva tensión es una oportunidad porque siempre hablamos de agua. Cuando hablamos de pobreza, hablamos de agua, cuando hablamos de producción, hablamos de agua, cuando hablamos de minería, hablamos de agua…cuando hablamos de desarrollo, hablamos de agua…”.

Moyano comentó que, más allá del monto de la multa a Irrigación, esto sirve para que los organismos del Estado tengan mayor “sensibilidad” hacia las nuevas formas de concebir el ambiente.

En este sentido dio a entender que no alcanza con sólo cumplir la ley formalmente, por ejemplo, realizando una audiencia pública, si esta audiencia será virtual y será sobre un tema que afecta a puesteros que tal vez muy difícilmente puedan participar de la misma. “Si hacemos una audiencia para rescatar la voz de un actor clave, acerquemos también las herramientas sociales, técnicas, comunicacionales para efectivamente rescatar esa voz, esa es la sensibilidad…”, dijo el ambientalista.

¿Cuestión de números o de prioridades?

Por último, Rodolfo Moyano comentó la necesidad de diálogo entre todos los involucrados para plantear nuevos interrogantes y alternativas para la resolución de conflictos.
En ese sentido, uno de los temas que más aquejan a los productores lavallinos es la escasez de agua, la cual podría mitigarse en parte con la tan mencionada impermeabilización de cauces.

En agosto publicamos una nota sobre el rol de Irrigación y la transparencia de su gestión. En ella se citó la opinión de Asociación de Viñateros de Mendoza que, en julio pasado le pidió al superintendente del organismo, Sergio Marinelli, que declarase en la Legislatura “cuánto gasta en sueldos”.
Sobre eso, Eduardo Córdoba, titular de la organización declaró en su momento a medios del sur provincial: “nosotros creemos que el 98 por ciento de los fondos debería destinarse a la impermeabilización de canales. Una entidad como esa, donde está todo computarizado, con un 2 por ciento alcanzaría para la parte administrativa”.

Así, también cuestionó los altos montos de los jerarcas del DGI en comparación con las ganancias de los productores.
En virtud de eso, El Despertador se comprometió a investigar sobre los honorarios que perciben quienes componen el directorio del mencionado organismo público.

Así, se solicitó información a Irrigación sobre los salarios de las máximas autoridades y se nos respondió que en agosto percibieron los siguientes salarios netos:

– MARINELLI, Sergio Leandro (Superintendente) $ 396.739,62
– BADUI, María Teresa (Jefa de Gabinete) $ 361.725,61
– ZANGRANDI, Gildas Marcela (Secretaria de Gestión Económico-Financiera) $ 351.967,96
– GENNARI, Alejandro Juan (Consejero del río Mendoza) $ 322.930,58
– MUZZINO, Leonardo Rubén (Secretario del H. Tribunal Administrativo y del H. Consejo de Apelaciones) $ 332.517,04