Se trata de una aparente situación que involucraría a una celadora y que ha despertado el rechazo de parte de la comunidad educativa, la cual también reclama por la desidia del equipo técnico para intervenir.

En la semana que se fue trascendió que los padres de la escuela Simón Chávez de El Vergel, estaban organizando una marcha para el pasado viernes reclamando que una de las celadoras de la escuela, fuese trasladada a una institución en la que no estuviese en contacto con menores en tanto la Justicia resolviera su situación.

Finalmente, la movilización debió pasarse para este lunes debido al lamentable fallecimiento de una docente de la misma escuela primaria.

No obstante, el caso sigue en vigencia. A la celadora se la acusa de múltiples maltratos a unos hermanos que tenía a cargo y -en principio- de ser cómplice de su marido quien habría abusado sexualmente de una menor dentro del grupo familiar.

Fue allí cuando recién el pasado jueves el Equipo Técnico Interdisciplinario (E.T.I.), que es el organismo provincial encargado de la protección de los derechos de los menores, intervino retirándoles los cuatro menores de la custodia.

Familias de la citada institución de El Vergel sostuvieron que: «tenían seis niños a cargo, devolvieron dos y a los cuatro que les quedaron los maltrataron muy mal, de golpes y todo lo que te podás imaginar».

Después, la niña más grande, que tiene trece años, habló en la escuela y dijo que el marido de la celadora abusaba de ella, ahí es cuando se los quitaron a los niños.

Pero anteriormente ella (la celadora) tuvo muchas denuncias de los vecinos que llamaron al ETI, y este nunca hizo caso.

Sí vinieron, les dijeron que la gente se quejaba, ellos (la familia denunciada) se calmaban un tiempo y después volvían, o sea, les daba lo mismo si se llamaba al ETI.

Yo misma hice un video en la pandemia y lo envié al ETI y nunca hicieron nada. El video era de cuando los hacían correr a los niños en un playón una hora y media en verano, en invierno, no tenían piedad con esos niños…a ella le pagaban por cuidar a esos chicos y nunca les compró nada…

Al hombre este (aparente abusador) no lo detienen ni nada, nosotros vamos contra eso…vamos a marchar contra el ETI también porque nadie escuchó a esos pobres niños…en la escuela Simón Chávez están todas las actas que se le hicieron a la celadora porque los niños llegaban golpeados, desde la escuela se denunció con el ETI…ellos nunca dieron respuesta de nada…».

Esta madre, junto a otras, explicaron que, incluso luego de la denuncia de pederastia que hace la menor y habiéndole ya retirado a los hermanos, el ETI habría intentado reincorporar a la celadora y su cónyuge a los dos niños varones, algo que finalmente no ocurrió.

Fuentes de la Dirección de Educación, Familia, Género, Diversidad y Derechos Humanos del Municipio ratificaron que este intento de restituir menores a adultos recientemente denunciados habría ocurrido y agregaron: «nosotros tenemos muchas diferencias con ellos, muchas veces no coincidimos con sus criterios profesionales…parece que tiene que haber suficiente malestar social para que se pongan a la altura de las necesidades que hay acá…hay muchos indicios que darían cuenta de que no están trabajando bien…»

Lo de ahora, lo de siempre

El dramático caso de los menores es sumamente lamentable, y es algo donde supuestamente la Justicia ya está interviniendo.

Sin embargo, el problema del desempeño del Equipo Técnico Interdisciplinario, o por lo menos de quienes están a la cabeza, en cuanto a la protección efectiva de los derechos de los menores es también altamente cuestionable.

En diciembre de 2021 El Despertador ya publicaba sobre este tema, un padre que habría estado alejado de sus hijos por una denuncia falsa, comentaba en aquel entonces: «no hubo pericias, no se investigó nada…cuando fui por primera vez era el peor criminal del mundo, hay trabajadores sociales que no son objetivos, me trataron como lo peor. Yo sé por otros casos que se manejan así en el ETI, en la Justicia se supone que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, acá soy culpable hasta que yo lo demuestre, porque la Justicia no va a investigar»

En virtud de todo esto se le consultó telefónicamente a Gabriela Villegas, a cargo del E.T.I. Lavalle, pero ella se negó a brindar información del caso.

Se le explicó que no nos interesaban datos que vulnerasen los derechos de los niños involucrados, ni siquiera de los derechos y garantías constitucionales que le asisten a la celadora y a su esposo en sí, (por lo cual, por ahora preferimos no dar nombres) sino sólo que se nos explicara el propio accionar del organismo.

ED: ¿Por qué el E.T.I. habría intentado devolver a los chicos a la casa denunciada?
GV: «Discúlpeme, yo no lo conozco a usted y no puedo darle ninguna información y menos por medio telefónico».

ED: No hay ningún problema, indíqueme por qué medio le gustaría que le consulte
GV: «Tiene que dirigirse a la directora de la Dirección de Protección y Restitución de Derechos»

ED: ¿Ella me explicarían por qué el E.T.I. intentó reintegrar a los chicos (a la familia abusadora)?
GV: «Sí, sí…en la Dirección…toda la información se maneja desde allá»

De esa manera, la funcionaria provincial indirectamente habría reconocido que efectivamente intentaron devolver a dos niños al cuidado de adultos que acababan de ser denunciados por abuso sexual infantil.

De igual modo, desde nuestra edición no se descarta el consultar igualmente a la Dirección, que en realidad es de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en base a la ley de Acceso a la Información Pública 9.070.