En la semana que se fue hubo manifestaciones en distintos puntos del país en reclamo al gobierno nacional por una supuesta reducción en las prestaciones. La Nación negó el ajuste, pero los colectivos vinculados a la temática afirman que sí existe.

Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Capital Federal fueron sedes de manifestaciones de los colectivos de discapacidad en protesta contra las medidas de la gestión de Alberto Fernández. En concreto, se reclamaba el pago inmediato a los prestadores de servicios básicos como transportistas y terapeutas, algunos de ellos con retrasos de más de 90 días en el porcentaje de pago que aporta el Estado nacional.

Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), máximo referente público en la temática, aseguraron que no se trataba de un ajuste para reducir prestaciones, sino que simplemente se trató de una reasignación de partidas y que la AFIP había retenido el pago unos días a las obras sociales, pero que ya había comenzado a regularizarse.
Fuentes mendocinas ligadas al ámbito de la discapacidad confirmaron que, al viernes pasado, esto ya habría comenzado a ocurrir.

¿Se borró el borrador o se borró el Gobierno?

Hasta el párrafo anterior todo pareciera ser una cuestión anecdótica, un mero desliz administrativo ya solucionado, pero la verdad pareciera ser otra.

Mónica Bascuñán representa al Observatorio de Discapacidad de Mendoza, una asociación civil que, a diferencia de otras, «no es sólo para las personas con discapacidad, sino que también está compuesta por personas con discapacidad».

Su objetivo es a grandes rasgos recopilar datos útiles vinculados a la temática a fin de proveer información relevante para el desarrollo de políticas públicas idóneas para las personas que padecen algún tipo de limitación física, psíquica y/o intelectual.

Ella discrepa de la versión oficial: «lo que dice el Gobierno es que fue un inconveniente administrativo…pero la verdad es que nadie se hizo cargo y si es un trámite administrativo el trámite se soluciona inmediatamente. Acá hubo que poner el dinero porque el dinero no aparecía. ¿Por qué dicen que es un recorte? Porque se filtró un borrador de DNU que dice que las prestaciones de discapacidad pasarán (a depender) de un fondo solidario del Tesoro de la Nación.

Eso preocupó a los familiares porque el colectivo de las personas con discapacidad no puede depender de un gobierno de turno, deben estar garantizadas. Entonces, si van a un fondo solidario, ¿qué pasa si viene un gobierno como el de Macri?

Recordemos que Discapacidad tenía un presupuesto de 2 millones de dólares que se le dio a la timba financiera y todavía no recuperamos ese presupuesto.

Entonces, sí existe un posible recorte. Aparte tenemos de datos…donde el ministro de Economía (Sergio Massa) hace un recorte en discapacidad, lo hemos visualizado…
Nosotros entendemos que el recorte sí existe, si ahora no se ha manifestado ha sido por las manifestaciones, pero seguramente se verá en los próximos meses».

Otra vez en la mira

Bascuñán habló también de los agravantes en Mendoza, dado que la gestión de Suárez tampoco simplifica la situación para los beneficiarios.

El caso concreto de la OSEP es el más acuciante, la obra social más grande del oeste argentino. «Si bien la falta de pagos fue un problema de Nación, la problemática que tienen las personas con discapacidad en la provincia de Mendoza es que OSEP, que tiene una gran cantidad de afiliados con discapacidad, no adhiere al nomenclador nacional, entonces cambia mucho para los prestadores. Cobran un 30% menos (que en otras obras sociales) porque no adhiere al nomenclador nacional, y no adhieren porque no quieren. Porque la Provincia sí adhiere a la ley 24.901 de Salud integral para la persona con discapacidad».

A esto se suma que, por lo general, los prestadores de OSEP cobran con mayores retrasos que los prestadores de otras organizaciones semejantes.

Como agravante, la obra social de gestión radical «es prestadora de servicios, y para prestaciones básicas como traslados y acompañamiento terapéutico entrega subsidios a las familias y esto es no garantizar los derechos de la persona con discapacidad, porque los familiares pueden tomar ese subsidio y usarlo para otra cosa, entonces eso también es vulnerar derechos, porque ellos (OSEP) tienen que prestar los servicios no dar subsidios».

Una mirada lavallina

Rebeca García, es una vecina que tiene un hijo con discapacidad y, justamente, integra la «Asociación de madres con hijos geniales» cuyo principal objetivo es «brindar contención y asesoramiento a las familias (de niños con discapacidad), porque si hay una buena contención familiar, si hay pilares sólidos, es más fácil (para los chicos) sobrellevar este tipo de situaciones».

Con respecto a las problemáticas vinculadas a las obras sociales, ella comenta.: «siempre ha habido problemas, sobre todo con las obras sociales que trabajan más con el Estado como OSEP o Incluir Salud…siempre ellos han tenido mayor ineficiencia para trabajar con los chicos con discapacidad y sus familias, por ejemplo, no tienen un psicólogo para acompañar a esa mamá que se acaba de enterar que su hijo tiene una discapacidad no tan evidente.

No es lo mismo tratar con una familia con un hijo con Síndrome de Down, (que se enteran incluso antes del parto), a tratar con otra que se entera que su hijo tiene Trastorno General del Desarrollo o TEA, que eso se manifiesta a los dos años…son diferentes respuestas…ninguna obra social trabaja directamente con ese acompañamiento psicológico (con efectores propios), pero hay algunas que dan una cobertura plena (con efectores tercerizados).
García explica que, lamentablemente, la situación de una familia con personas con discapacidad varía mucho según qué obra social tenga y por eso es importante que el Estado intervenga obligando a estas organizaciones médicas a cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma.

Desde el Observatorio estiman que en la Provincia hay unas 60.000 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), pero que en realidad esto representaría sólo el 20% de las personas que realmente hay.

Esto, según Bascuñán, responde a dos grandes razones: a lo difícil que es para las familias y para la propia persona reconocer que tiene una discapacidad, que hay cosas que no puede hacer.

Pero también se debería «a la falta de información sobre el CUD brindada por parte del Estado».