Se trata de cables de alumbrado público sustraídos en Lavalle donde testigos fotografiaron no sólo a los responsables «in fraganti», sino la matrícula de su vehículo que sería de una institución pública.

El hecho en sí, ocurrió alrededor de las 15:00hs en ruta provincial 28 (calle Lavalle) en el distrito de La Pega el 31 de agosto de 2022 cuando un camión marca IVECO color blanco era utilizado por dos varones de mediana edad para sustraer los bienes eléctricos, como consta en fotografías tomadas por testigos.

En octubre nuestro medio publicaba una nota donde se dejaba de manifiesto que este ilícito en particular se diferenciaba de otros semejantes porque se habría utilizado un camión con pluma perteneciente a un municipio del Gran Mendoza.

En concreto, camión con pluma fotografiado es un IVECO DAILY 55C16 PASO 3750 año 2014 radicado en el registro número 9 de la provincia de Mendoza y es propiedad del CUIT 33-65456547-9.
Es decir, nada más ni nada menos que a la Municipalidad de Las Heras.

Todo parece muy simple de resolver entonces: fotos del ilícito; fotos de la matrícula; el propietario es una institución pública y, por ende, debería haber un registro de quién era el responsable del vehículo oficial el día y horario del hecho.

Triangulando esta información parecería muy fácil llegar a un sospechoso. De hecho, fuentes oficiales del Ministerio Público Fiscal que prefirieron no dar su nombre aseguraron que esta triangulación es factible y que sería una de las medidas de instrucción esperada en una causa como esta.

Sin embargo, la causa que se encuentra en manos de la Unidad Fiscal n°26 a cargo del Dr. Daniel Sánchez Giol no parece haberse movido mucho. Hasta ahora la única medida tomada es la de corroborar si la patente efectivamente corresponde al vehículo en cuestión o es una patente apócrifa, sin resultados esa medida por el momento. Es decir, en 8 meses, una medida.

Si bien no se dijo explícitamente, los consultados dan a entender que la parte investigada (Municipalidad de Las Heras) no habría sido notificada aún.

Esto significa que todavía no se tendrían pruebas suficientes para realizar una imputación. Pero, de ser así, cabe preguntarse qué hizo los últimos meses la Justicia en este sentido.

Fuentes allegadas al MPF aseguran que, aunque hay medidas que demoran más, hay otras que pueden ejecutarse dentro de las 24hs.
¿En siete meses la Justicia mendocina no pudo solicitar el secuestro de las planillas de personal lasherino del mes donde ocurrió el hurto de cables? ¿tan difícil sería averiguar si el camión tenía seguimiento satelital, y de tenerlo, cuál fue la ruta del rodado ese 31 de agosto de 2022?

Si un periodista no especializado en materia judicial puede imaginar estas medidas por mero sentido común, ¿no podrían haberlo hecho los agentes designados para tal fin?
¿Son estas demoras parte de la lógica habitual del MPF o hay una estrategia de encubrimiento de uno de los municipios «ejemplo» del radicalismo en un año electoral?

Un guiso con demasiadas lentejas

Al momento del robo mencionado en esta nota, los cables robados sumaban unos 1.100 metros contando otros ocurridos por aquellos tiempos.

En una nota publicada en octubre personal de la Municipalidad de Lavalle informaba que eso le había costado al Departamento alrededor de $1.000.0000 sólo en el costo de tendido eléctrico (que es propiedad del Estado local y no de EDEMSA).

Pero a la fecha, con una inflación aproximada cercana al 100% interanual, esa pérdida podría tasarse -como mínimo- en $1.600.000 en la actualidad.

Tal vez esto no sea mucho para una municipalidad por más pequeña que sea, no deja de tener importancia considerando que equivale prácticamente a 20 salarios mínimo vital y móvil.

El robo con el camión IVECO es- en apariencia- fácil de hacer avanzar, pero pareciera ser que no lo ha hecho.

Considerando que, lamentablemente, nuestro sistema judicial requiere que se haga un seguimiento constante de las causas para obtener algún resultado, la pregunta es en qué medida la propia municipalidad lavallina hace una indagación de cerca de los casos judiciales en los que se presenta como demandante.