Con el escándalo del Consejo de la Magistratura se ha puesto en el tapete la peligrosa influencia que vendría acumulando el oficialismo provincial, algo que los lavallinos ya han visto de cerca.

Para poder comprender mejor el título de esta nota conviene hacer un repaso de los hechos acontecidos en los últimos meses y las implicancias que tienen.

Ya en junio, cuando se tomó el primer examen de ingreso al Poder Judicial y donde hubo bajísimos resultados entre los aspirantes, había sospechas por irregularidades y filtrado de información.

Pero el hecho principal ocurrió en agosto, cuando el abogado Leonardo Pasccon, que representa a la Federación de Abogados por la Primera Circunscripción Judicial, denunció a Sebastián Soneira, director de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno.

En concreto, se denuncia que este funcionario, con el aval explícito de la titular del Colegio de Abogados, Andrea Maturana falsificaron la renuncia de un consejero mientras estaba de licencia para poder colocar a Soneira en su lugar.

También se lo implica en coacciones a otros consejeros y de haber tejido junto a la miembro de la Corte Suprema Teresa Day la disolución de la comisión evaluadora en lo Penal dentro del Consejo de la Magistratura para poder favorecer su ingreso.

Este Consejo es el organismo que se encarga de aprobar (o no) a los jueces y fiscales que trabajarán en la Provincia y si este está atravesado por la influencia del partido gobernante significaría que los jueces y fiscales de una u otra manera terminarían respondiendo al gobierno y no a la justicia misma.

El tema es que Soneira, siendo funcionario, pretendía ser procurador adjunto, es decir el n°2 luego de Alejandro Gullé en la supervisión de los fiscales.

Luego de esto se filtraron audios donde Maturana le reclama al denunciante Leonardo Pasccon por haber desaprobado a su socia y “comadre” para ser jueza.

Además, en otros audios donde una consejera habla de cómo estaba todo digitado en los concursos para facilitar que los aspirantes a jueces y fiscales afine al radicalismo fueran aprobados en lugar de aquellos vinculados al peronismo u otras fuerzas.

Por todo esto ya hay denuncias por tráfico de influencias pasivo y coacción contra Maturana y Soneira, pero también contra el Ministro de Justicia, Dalmiro Garay y el senador Alfredo Cornejo.

“El Colegio de Abogados es un desastre”

Más allá de que las pruebas parecen bastante contundentes para demostrar los aparentes ilícitos dentro del Concejo de la Magistratura y del Colegio de Abogados, quisimos consultar a un letrado su punto de vista.

Guillermo Guzzo es abogado civil y conoce de cerca las intromisiones de tejes y manejes que vinculan a la política cornejistas y al ámbito judicial.

Es que es socio de Alfredo Guevara, quien fuera este año precandidato a gobernador por el peronismo, pero quien también llevó la defensa de Nélida Rojas por la causa Tupac Amaru y pudo observar cómo la fiscal Gabriela Chaves postergaba voluntariamente investigar los barrios de la organización firmados por Cornejo en Godoy Cruz y apuntaba sólo a las de Lavalle.

Pero volviendo a la polémica actual dijo: “el Colegio de Abogados es un desastre cómo está…porque como institución, ellos tienen que representar a la corporación de los abogados, eso implica que en todo lo que hace a lo abogadil, al litigio, al vínculo con las instituciones está flojo.

Los abogados somos una figura híbrida, si bien tenemos una profesión privada, cuando juramos también lo hacemos como auxiliares de la Justicia. Eso significa que tenés que tomar partido en los casos donde la Justicia no está actuando de manera eficiente o no se garantiza la justicia.

En todos estos casos donde ha habido un atropello del gobierno provincial a la Justicia, el Colegio de Abogados ha hecho oído sordo, no ha hecho nada…lo mismo con el nombramiento de Teresa Day, que fue tan cuestionado, o con (José) Valerio, que recibió 300 impugnaciones y el Colegio no dijo nada”.

El socio de Guzzo, Alfredo Guevara, por medio de la ONG de derechos humanos Xumek, ha ampliado recientemente la denuncia ya iniciada en 2021 ante la ONU por “…maniobras ilegales de Cornejo y Suarez para cooptar el Poder Judicial como amenazas, aprietes ilegales y jueces o fiscales que necesite el gobierno o para designar en forma ilegal hasta llegar a la cooptación total”.

Sobre este tema Guevara agregó: “hoy vamos a ampliar la denuncia que se hace en Naciones Unidas describiendo las nuevas maniobras que aparecen en todos los medios como ofrecimientos de prebendas en el Consejo de la Magistratura a partir de la figura de Alfredo Cornejo”.

Cruces en tono electoral

La senadora peronista Anabel Fernández Sagasti denunció a través de su representante a los antes mencionados (incluyendo a Cornejo), pero también a Omar De Marchi dado que las aparentes intromisiones en la transparencia de la Justicia ya habrían empezado estando este último aliado dentro de Cambia Mendoza.

Por su parte, De Marchi, ligero para las oportunidades, también presentó una denuncia penal por tráfico de influencias contra Andrea Maturana; Marcelo D’ Agostino; María José Hernández; Sebastián Soneira y, por supuesto, contra su exsocio político Alfredo Cornejo.

Lavalle anticipó la intromisión del oficialismo en la Justicia

Dialogamos con Gustavo Ortiz, abogado y exasesor jurídico de la Municipalidad de Lavalle durante el gobierno de Roberto Righi.
“Ha salido a la luz una forma de manejo del gobierno de la provincia de Mendoza que es necesario que se investigue…son algunos ejemplos de instituciones cooptadas por mayorías…Corte Suprema, Consejo de la Magistratura, algunas entidades que representan a profesionales, Tribunal de Cuentas, Ministerio Público Fiscal, son instituciones que tienen una impronta muy política en cuanto a su designación…ha habido una designación de mayoría por el oficialismo, por Cambia Mendoza”.

Ortiz sostiene que “en los hechos” no hay un verdadero republicanismo en Mendoza porque el equilibrio de poderes “está roto”.

Si bien el exasesor municipal no piensa que en los fallos esta dudosa intervención del Ejecutivo en el Poder Judicial haya afectado los intereses departamentales, sí lo habría hecho en la figura del intendente.

El abogado afirma que no fue una coincidencia que la imputación a Righi por la causa de la Tupac haya ocurrido a días de las elecciones de abril de 2019, de lo cual luego fue absuelto.
“Eso fue político, no tengo duda de que estuvo metida la política en esa imputación tanto del intendente como de otros funcionarios muy cercano a una elección, y después se demostró que todo era falso”.

En aquella ocasión la fiscal Gabriela Chaves también imputó al hoy candidato por el peronismo Omar Parisi, quien al momento de los hechos denunciados en la causa dirigía el IPV.

En una entrevista exclusiva con El Despertador el procurador Alejandro Gullé reconoció que en el accionar de dicha fiscal hubo “muchos errores en la investigación”.

En esa ocasión también se le consultó al jefe de los fiscales por su amistad con Cornejo y por sus “cafecitos” con el ministro de Justicia Dalmiro Garay, por lo que se excusó diciendo que con el exgobernador sólo se conocían de “la cancha” por ver al Tomba y con el otro funcionario dio a entender que sólo habría sido un inocente café sin que eso implique una ruptura de la separación de poderes.

Con las denuncias radicadas recientemente se demostrará si era así…o de otra manera.

Una vez más, el periodismo no alineado como este medio adelantó hechos de dudosa transparencia en las esferas del poder que luego, años después, salen a la luz.