El orden social y político argentino reconoce en la recuperación democrática de 1983 un pacto fundante. Este 10 de diciembre se cumplen 40 años de él. Dicho sucintamente, podríamos reconocer dos principios centrales en ese acuerdo: el poder político tiene fuente legítima y el Estado no puede torturar, matar y desaparecer a nadie (y menos a los enemigos de quienes lo administran).

No es ni más ni menos que hacer efectivo el estado de derecho previsto en nuestro orden legal, aquello que Raúl Alfonsín expresaba, de alguna manera, cuando en su campaña electoral recitaba el preámbulo de la Constitución.

Un fragmento musicalizado publicado al cumplirse 10 años de su fallecimiento puede verse aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=9bEx5Dkfbko

Es decir, a partir del 10 de diciembre de 1983 serían las elecciones limpias las que diriman el gobierno; y los derechos humanos, al menos en cuanto al resguardo de la agresión directa a las personas de la civilidad, se impondrían, estarían fuera de discusión.

Así como estos, que sintetizamos rápido e incompletamente, fueron los dos pilares básicos, hubo una promesa de la democracia en materia de eficacia, que también podemos metaforizar en una frase de Alfonsín: con la democracia se come, se cura, se educa.

https://www.youtube.com/watch?v=a7cpWVvMRiA

Evidentemente hay toda una discusión en torno de los resultados, de nuestro devenir como Nación desde 1983, que excede lo que nos interesa abordar en estas líneas, aunque resulta impactante la actualidad de aquellos discursos.

Mucha agua pasó por bajo este puente.

Justo 40 años después asume un presidente y una vicepresidente que han realizado reivindicación, con diversos grados de descalificaciones o analogías falaces, de la dictadura genocida de 1976 a 1983 y que amenazan destruir el Estado democrático.

Está en nuestras manos que ello no suceda. Nuestros derechos no son una concesión de un presidente, son las garantías mínimas de nuestro orden jurídico y la regla de convivencia. Un gobierno que pretenda avasallarlos se convierte en ilegítimo.

Nuestros derechos incluyen la libertad de expresión, de reunión, de petición a las autoridades. La fuerzas de seguridad están para protegernos, no para imponer mediante la represión un plan de saqueo, que eso fue la dictadura. Deben tomar nota los agentes que las órdenes ilegítimas los exponen a que, tarde o temprano, sean juzgados como quedó patente con las recientes condenas a los prefectos que asesinaron a Rafael Nahuel. Lamentablemente, y eso sería motivo de otro análisis, esas condenas no abarcaron a los autores ideológicos del crimen, entre quienes se encuentra Patricia Bullrich.

La soberanía popular tiene restricciones en el respeto a la vida de los habitantes y encuentra representación: el oficialismo de Milei cuenta con representantes por el 30% que obtuvieron sus congresistas para avalar sus proyectos, la oposición franca de Unión por la Patria parte del 37%. Sus diputados y senadores tienen el mandato de oponerse al proyecto neoliberal. Esperemos no ver o sospechar sobres y sobornos que den vuelta votos opositores.

La democracia no se agota en votar un domingo de octubre. La república impone responsabilidades y límites a los mandantes.

Estamos en todo nuestro derecho, más, diría en la obligación, de preservar la participación cívica frente a las amenazas totalitarias.